Rajoy avala al fiscal Anticorrupción que tiene una sociedad en Panamá

El Estado español es ya ese país donde el fiscal Anticorrupción admite tener el 25% de una sociedad en Panamá y no pasa nada. La reacción de su cadena de mando fue ilustrativa. La Fiscalía General, superior inmediato, habló de «asunto personal». Y el presidente del Gobierno, responsable último, dijo «sí» al preguntársele si aún confía en Moix.

Las tragaderas de los poderes del Estado español con la corrupción vuelven a ponerse a prueba. Y esta vez en el mismo epicentro del sistema construido teóricamente para combatirla. El nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, admitió ayer con naturalidad lo que había adelantado el medio digital Infolibre: desde 2012 posee junto a varios familiares una sociedad offshore en un paraíso fiscal, Panamá, gracias a la que el clan disfruta de un chalé de 475 metros cuadrados en Collado Villalba, en la sierra madrileña de Guadarrama. El inmueble está valorado en más de medio millón de euros.

Los matices no ocultan la gravedad del asunto, multiplicada por el cargo que ostenta. Moix se escuda en que se trata de una herencia familiar («es ético que los hijos hereden de sus padres») y que Hacienda lo conoce por lo que no es ilegal. No obstante, también explica en otro diario digital (‘‘El Español’’) que trató de deshacerse de su 25% de esa sociedad pero que sus hermanos lo impidieron, lo que deja clara su consciencia del caso.

Por contra, no está nada claro que hubiera comunicado esta circunstancia al Gobierno español. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntó al menos que «desconozco las cuestiones tributarias o patrimoniales de ningún fiscal», denotando cierta incomodidad. Pero tampoco parece que el Ejecutivo del PP vaya a dejar caer fácilmente a un fiscal Anticorrupción muy próximo, nombrado recientemente con no poca polémica, y menos en un momento en que el partido está cercado por los escándalos relativos al desvío de dinero público. A ello apunta la escueta respuesta ayer del presidente, Mariano Rajoy, cuando se le preguntó si mantiene su confianza en Moix: «Sí». Rajoy fue interpelado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués, Antonio Costa, a quien visitó en Vila Real.

Más explícita fue la Fiscalía General del Estado, responsable directa del cargo que ocupa Manuel Moix, uno de los principales del escalafón del Ministerio Público. Al reclamársele una valoración, fuentes de la oficina que dirige José Manuel Maza tildaron la sociedad panameña de «asunto personal». Y abordado en una visita a Ceuta, el propio Maza dio largas: «Tengo que enterarme bien de los hechos».

El intento de reducir el impacto de la noticia y darle un barniz de normalidad se topó con las tres asociaciones de fiscales. Todas ellas ven necesario que Manuel Moix dé explicaciones y/o se vaya. La Unión Progresista de Fiscales añadió que «censuramos la falta de ética» del jefe Anticorrupción; la Asociación de Fiscales exigió «respuesta oportuna y pertinente»; y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales puso por delante que «la ciudadanía no puede entender que al frente de la Fiscalía Anticorrupción pueda estar una persona vinculada con un paraíso fiscal».

PSOE y C’s

El PSOE está entre quienes pidieron el cese de Moix ayer mismo. «Surrealista y vergonzoso, no puede seguir en el cargo ni un minuto más», expuso su líder, Pedro Sánchez. Pedirán la comparecencia del ministro Catalá. La portavoz adjunta en el Congreso, Isabel Rodríguez, recordó de paso que José Manuel Soria dejó el Ministerio de Industria por tener intereses económicos en Panamá.

Desde un socio del PP, Ciudadanos, su presidente Albert Rivera también instó a sustituir a Moix, a quien anteriormente ya veía inadecuado: «Esta puede ser una gota que se suma al vaso lleno», consideró.

Todo indica, por tanto, que el PP se quedará solo, o casi solo, frente a un escándalo larvado ya en la propia figura de Moix.

Moix, el acusador que le parecía «cojonudo» al hoy preso por corrupción Ignacio González

La vieja fábula del zorro y las gallinas se vuelve realidad presente en el caso de Manuel Moix, incluso antes de aparecer esta sociedad en Panamá. Cuando aún faltaban tres meses para que fuera nombrado responsable de Anticorrupción, la conversación telefónica entre el expresidente madrileño Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana resultó totalmente clarificadora. Sabedor de que estaba siendo investigado por corrupción (hoy ya está en prisión), González le decía a Zaplana: «A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo (...) Yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el jefe fiscal de Madrid, que es un tío... bueno... se llama Moix, es un tío serio y bueno».

Moix no solo era la opción de Ignacio González, sino la de Mariano Rajoy, hasta el punto de que la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, fue relevada entre otras cosas por no apoyar su designación. El nuevo máximo responsable del Ministerio Público, José Manuel Maza, se encargó de dar luz verde a Moix, y lo hizo pese a que fue advertido por cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales de la existencia de esa conversación entre González y Zaplana.

Como preveía el expresidente madrileño, nada más acceder al cargo ha sido notorio el interés de Moix por frenar algunas diligencias de la «Operación Lezo». Pese a todo, con su habitual sorna el presidente español ha cerrado filas con Moix y con Maza. Preguntado en el Congreso el pasado 10 de mayo por el polémico fiscal Anticorrupción, respondió a Pablo Iglesias: «Moix es un profesional de amplia trayectoria, funciona muy bien, con total imparcialidad, y usted debería alegrarse».

Rajoy, citado en Gürtel en la sala de juicios, no por plasma

El tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha citado a Mariano Rajoy el próximo 26 de julio a las 9.30 horas. El llamamiento como testigo ya se conocía, pero es relevante que se le inste a acudir de forma presencial. Es lo contrario de lo que defendía el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, para quien bastaba con que declarara por videoconferencia. La mayoría del tribunal destaca que está garantizada su seguridad y que San Fernando de Henares (donde se celebra el juicio) se ubica a solo 18 kilómetros de distancia de La Moncloa.