Nuet defiende ante el TSJC su derecho a facilitar el debate sobre el referéndum

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, defendió ayer ante el TSJC que no pueden juzgarle por permitir que la Cámara catalana llevara a cabo un debate sobre el referéndum porque «las ideas políticas tiene que ser expresadas de forma libre».

Arropado por cientos de personas convocadas por las entidades soberanistas, el diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que le investiga junto con otros miembros de la Mesa por permitir un debate sobre la consulta catalana. Nuet señaló que «he hecho valer mis derechos como diputado a ser inviolable por lo que respecta a mis opiniones políticas y a mis votos».

El diputado alegó ante la juez que no es independentista, sino demócrata, lo que, según explicó, provocó una incómoda reacción de la jueza. Añadió que el reglamento de la Cámara le obligaba a facilitar la votación, y a su salida del TSJC apeló a cuidar la unidad del soberanismo. «Catalunya habla con muchas banderas. Si somos un solo pueblo, somos invencibles», subrayó.

Nuet acudió hasta las puertas del tribunal acompañado por los otros cuatro miembros de la Mesa investigados, el Govern, encabezado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y miembros de PDECat, ERC, la CUP y Comuns.

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, criticó que el TSJC «haya cruzado una línea roja» al prohibir que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros miembros de la Mesa subieran las escaleras del tribunal para acompañar a Nuet.

Puigdemont adelantó que a finales de este mes o inicios de julio se dará a conocer la principal ley de desconexión y prevé posiblemente la firma del decreto de convocatoria del referéndum a principios de setiembre. Además, opinó que sería una «buena señal» que la firmara también el resto del Gobierno catalán. También anunció que en los próximos días solicitará por carta al Congreso español comparecer para explicar sus planes, sin someter ninguna propuesta a votación. La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al Govern de «provocar al Estado» y replicó que el Congreso «no es un salón de actos para dar una conferencia»