Los gobiernos niegan una ponencia que prepare otra política de cárceles

EH Bildu propuso ayer que el Parlamento de Gasteiz creara una ponencia para ir preparando qué hacer el día que se produzca la transferencia de prisiones que el Ejecutivo de Urkullu dice tener como prioridad. A Elkarrekin Podemos le pareció lógico. Pero PNV, PSE y PP sostuvieron que eso es cosa de los gobiernos en los que ellos están.

Los partidos que están en el Gobierno de Lakua, PNV y PSE, y en el de Madrid, PP, no consideran necesaria la creación de una ponencia parlamentaria para determinar qué tipo de política penitenciaria aplicar el día que se produzca –si se produce– la transferencia de la competencia de prisiones. Aseguran que la negociación de la transferencia es cosa de los ejecutivos. Y Alexia Castelo, portavoz del PSE, partido al que corresponde el Departamento de Justicia, informó de que «ya existe un grupo de trabajo para el análisis y definición de las líneas estratégicas de un modelo penitenciario en Euskadi, con la conformación también de unas jornadas abiertas en las que habrá posibilidad de participación de todos los agentes, incluidos grupos parlamentarios», por lo que ve innecesario otro órgano de debate.

Fue la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia quien llevó a la Cámara la necesidad de crear esa ponencia, puesto que por una parte la transferencia de prisiones aparece como una prioridad en el programa de Gobierno, pero por otra la consejera de Justicia, María Jesús San José (que ayer ni siquiera estuvo en el debate), responde con vaguedades o reconoce que no conoce detalles básicos para desarrollar una política propia en las prisiones.

Goirizelaia sostuvo que es mucho lo que desde el ámbito autonómico se puede hacer con esa transferencia para humanizar la situación en las cárceles, analizar las necesidades de personas en exclusión social para ofrecerles salidas o acondicionar las instalaciones a las necesidades de las mujeres puesto que están construidas para hombres. En opinión de EH Bildu hay mucho que analizar y hay que hacerlo contando con jueces, expertos y con quienes atienden a presos y presas. En Catalunya, en su opinión, se ha avanzado en la materia gracias a la labor del Parlamento.

PSE: «Sí sabemos qué hacer»

Sin embargo, para otros grupos, este análisis es innecesario. Pese a que la consejera no ha ofrecido todavía ninguna concreción en sus respuestas parlamentarias, la portavoz del PSE, Alexia Castelo, fue tajante desde la primera frase de su intervención: «El Grupo Socialista va a rechazar la proposición de EH Bildu porque parte de un error, y es que nosotros sí sabemos qué hay que hacer con las competencias penitenciarias».

PNV, PSE y PP coincidieron en que la negociación de la transferencia corresponde a los gobiernos de Madrid y Lakua, aunque la «popular» Nerea Llanos no dio pistas de que el Ejecutivo de Rajoy esté siquiera pensando en ello. El jeltzale Joseba Zorrilla buscó el momento para remarcar que si bien Madrid no cumple el Estatuto, por su parte «ni ETA ni la izquierda abertzale han hecho una lectura crítica de las vulneraciones de derechos humanos de la banda terrorista, reconocimiento del daño causado y de que fue injusto».

Uria: «Basta una cárcel»

Elkarrekin Podemos consideró lógica la propuesta de EH Bildu, pues la política penitenciaria es una cuestión muy compleja.

El parlamentario Juan Luis Uria avanzó algunas ideas, entre ellas que en la CAV basta con Zaballa como única cárcel de cumplimiento, abriendo en otros puntos centros de inserción social. Pronosticó que eso generará rechazo en determinados sectores y defendió que el trabajo en el Parlamento podría facilitar el consenso social.