Normalidad institucional y debates pendientes

El convenio firmado ayer entre los gobiernos de Iruñea y Gasteiz y Euskararen Erakunde Publikoa (EEP) para coordinar sus políticas lingüísticas y promover el euskara es un paso lógico, que llega terriblemente tarde, pero que puede ayudar a afrontar desde las instituciones la normalización y el desarrollo de la lengua vasca en todos sus territorios, en todo Euskal Herria. Es vergonzoso que por el veto y los prejuicios de unos, la desidia de otros e incapacidades por todos los costados, esta colaboración no haya podido hacerse efectiva hasta 2017, más de cuarenta años después de la muerte de Franco y décadas después de los acuerdos sociolingüísticos más básicos. Desde las instituciones y desde la sociedad se debe asumir la responsabilidad que como pueblo tenemos con la supervivencia y el desarrollo de una lengua única, que es un tesoro para la Humanidad –como lo son todas las lenguas–. Las instituciones deben también asegurar ese derecho a toda su ciudadanía.

Los cinco ámbitos de colaboración establecidos (educación y enseñanza a personas adultas, la promoción de la lengua en la sociedad, el fomento del euskera y los espacios de reflexión, la coordinación en las investigaciones sociolingüísticas y un trabajo común destinado a lograr una mejor financiación a nivel europeo) son palancas para lograr objetivos relevantes. Sin embargo, no se plantea financiación extraordinaria, tampoco una evaluación de las políticas actuales, ni se dan plazos ni se establecen objetivos, tampoco hay por el momento un plan claro de implementación. Los responsables destacaron ayer la eficiencia, que quedará coja si no se aclaran los puntos anteriores, con ambición e inversión. Como punto de partida, es positivo.

El sociolingüístico es uno de los debates de país pendientes. Todo avance es crucial y no se puede parar de trabajar, pero convendría ir alineando los esfuerzos para el fomento del euskara, mientras se forjan acuerdos sociopolíticos con voluntad estratégica, a medio y largo plazo.