2017 ABU. 18 EDITORIALA Huelgas infinitas y desidia pública EDITORIALA Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia han cumplido ya más de 250 días de huelga. Ayer anunciaron que continúan con la movilización en vista de que ni la patronal ni la Diputación se ha reunido con las representantes del colectivo a fin de negociar y acordar una salida al conflicto. Como ocurre en tantas otras huelgas laborales, los excesivos servicios mínimos establecidos por la delegación de trabajo, además de desnaturalizar el paro, tampoco sirven de acicate para que las partes se sienten y negocien un acuerdo. En este conflicto llama la atención la actitud del Gobierno foral. El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, pedía el pasado mes de julio aumentos salariales a las empresas pero, sin embargo, según denuncian las huelguistas, no ha hecho nada por solucionar la huelga de unas residencias en las que la administración pública tiene un importante responsabilidad, al ser un servicio que financia y cuya calidad asistencial regula. Esos mismos llamamientos a los agentes sociales –especialmente a la patronal, que es la que tiene la sartén por el mango– para que se suban los salarios han sido pronunciados por otros dirigentes políticos en algo que cada vez parece más una consigna con otras finalidades. Quizás con ese tipo de apelaciones pretenden eludir la responsabilidad política por las sucesivas reformas laborales que han aprobado y que han mermado sustancialmente la capacidad de negociación de los trabajadores. Tienen, además, un matiz paternalista que recuerda el modo de hacer las cosas de los tiempos de la «democracia orgánica». Esos emplazamientos, por último, remiten a otros ámbitos y evitan que se aborden cuestiones que sí incumben a la administración pública, como son las condiciones de trabajo en las contrataciones públicas o el uso (o no-uso) de un potente instrumento para redistribuir la riqueza como es el sistema fiscal. Una huelga tan larga en un servicio público que es financiado y regulado por una administración pública, en resumen, muestra el fracaso de un modo de hacer política.