Trapero planta al Estado y el fiscal contempla el arresto del president

La pugna por el control de los Mossos centró un día en el que las FSE no lograron asestar ningún golpe a la logística del referéndum. Trapero plantó al coronel de la Guardia Civil y la Fiscalía respondió ordenando a los Mossos que identifiquen a los responsables de los centros electorales. Al Estado solo le quedan cinco días para frenar el 1-O.

Tercer día de calma en Catalunya y 24 horas menos para el referéndum. O lo que es lo mismo: el Estado cuenta con un día menos para tratar de frenar el 1-O. Solo les quedan cinco. Ayer era festivo en Barcelona (la Mercé) y quizá pensaron que no era el mejor día para soliviantar los ánimos soberanistas. Si un miércoles ordinario y laboral 40.000 personas salieron a la calle inmediatamente para rodear el departamento de Economía, imagínense un día de fiesta. A falta de una macroperación de envergadura, Guardia Civil y Policía siguieron ayer dando palos de ciego en territorio catalán, sin estrategia clara digna de tal nombre para impedir el referéndum. Ayuntamientos y cibernautas fueron los estériles objetivos militares.

Un total de 31 consistorios de la provincia de Lleida recibieron la visita del instituto armado, que buscó material relacionado con el 1-O. Aunque se llevaron documentación de algunos de los ayuntamientos, no trascendió ninguna incautación relativa a la logística del referéndum. La visita se repetirá seguramente a la mayoría de los más de 700 consistorios que dan apoyo al plebiscito. Paralelamente, una quincena de personas fueron citadas a declarar en comisarías de la Policía española en Barcelona, Girona y Tarragona por haber creado réplicas del portal web del referéndum. Es decir, por burlar el cierre decretado por la Fiscalía.

Al margen de los entretenimientos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el foco mediático se centró en la reunión que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, designado por la Fiscalía como coordinador del órgano conjunto que debería controlar la actuación de las policías españolas y los Mossos d’Esquadra, convocó en la Delegación del Gobierno español. Se trata de un órgano tras el cual el Govern ha visto el intento de Interior de tomar el mando de los Mossos, por lo que el representante de la policía catalana que acudió a la reunión se limitó a reiterar la negativa a situar el mando de los Mossos bajo custodia de un Guardia Civil. Un representante que no fue el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sino su número 3, el comisario Ferran Díaz (responsable de coordinación territorial de la policía catalana). Este desplante por parte de Trapero fue interpretado como toda una declaración de intenciones.

Según explicaron desde el Govern, los Mossos acudieron a la reunión para reiterar su negativa a situarse bajo el mando de Pérez de los Cobos –juzgado en 1997 por las torturas sufridas por Kepa Urra cinco años antes–, a quien recordaron que son una policía integral con competencias emanadas del Estatut. También volvieron a poner de manifiesto que ya existe un órgano de coordinación: la Junta de Seguridad. La cúpula no parece estar sola. Trapero recibió ayer el apoyo del sindicato de mandos de los Mossos, que representa al 90% de los inspectores, intendentes y comisarios de los Mossos. «Damos total apoyo al posicionamiento de nuestro Mayor», aseguraron.

El papel final de los Mossos sigue siendo una incógnita, pero que los mandos no van a entregar el timón de la policía catalana gratuitamente es cada vez más evidente. La consigna de las entidades soberanistas sigue siendo abrazar a un mosso cada vez que lo ven. Son 17.000 agentes y la imagen de debilidad que da el Estado con su frustrado intento de tomar su control no es baladí. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lo sabe y por ello amenazó ayer directamente a Trapero sobre las consecuencias de no obedecer sus instrucciones.

Un buen termómetro llegará en las próximas horas, ya que el fiscal superior de Catalunya ordenó ayer expresamente a Trapero que identifique a los responsables de los colegios electorales, con el objeto de citarlos a declarar y requisarles la documentación relativa al 1-O. De hecho, el fiscal ordena expresamente a los Mossos que se personen en todos los centros electorales para averiguar quiénes son los responsables de abrirlos y cómo ha sido tramitada su resignación. También pide «apercibirles de su obligación de no ceder los centros para la celebración del referéndum».

La detención de Puigdemont

Las declaraciones de Maza provienen de la enésima entrevista ofrecida estos días, en este caso a Onda Cero, donde también recordó que la opción de pedir la detención del president, Carles Puigdemont, sigue estando abierta. «Legalmente se podrían dar los requisitos (...). Hasta hoy no lo hemos solicitado, no nos ha parecido oportuno y bueno, es una decisión que siempre queda ahí abierta», fueron sus palabras textuales. Acto seguido, Maza se refirió a las denuncias de quienes consideran desproporcionada su actuación: «Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite». Cansino esfuerzo, el de no saltarse la ley, cuando eres el responsable de impedir que nadie lo haga.

En campo contrario, el Govern mantuvo ayer silencio, consciente de que cada día que pasa sin un golpe a la logística del referéndum multiplica las posibilidades de que el 1 de octubre amanezca con urnas en toda Catalunya. La acción del Estado y el silencio de la Generalitat no dan la vuelta a la sensación de que sigue siendo el Govern quien lleva la iniciativa. A falta de declaraciones, ayer resonaron las palabras de Puigdemont en la entrevista con Jordi Évole en ‘‘Salvados’’. No fue la más brillante suya, pero dejó tres apuntes. Primero: «No tengo los ingredientes que me gustaría para hacer el referéndum, pero sí los necesarios». Segundo: «Si hay un colegio electoral con 2.000 personas en la cola y van los Mossos a cumplir el mandato judicial, es poco probable y poco sensato que retiren las urnas». Y tercero: «Ahora no está encima de la mesa del Govern hacer una DUI (Declaración Unilateral de Independencia). Si no se celebra el referéndum, alguien la pondrá encima de la mesa».

Los apuntes del día

Atacar al bolsillo

Tras la intervención de las finanzas catalanas y las multas de 12.000 euros diarios del TC, ayer se hizo efectiva la demanda de 5,2 millones del Tribunal de Cuentas a los impulsores del 9N. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y otros cinco ex altos cargos tienen 15 días para pagar.

Justo Molinero, con el 1-O

El referéndum sumó ayer nuevas adhesiones, incluida la Nobel de la Paz Jody Williams. Pero la más destacada llegó probablemente de Radio Teletaxi, cuyo mítico y a veces polémico locutor, el cordobés Justo Molinero, aseguró que «hay que votar». 40 años de radio a favor del referéndum.