La justicia gala pide un informe sobre el relato de torturas de Iratxe Sorzabal

Un juez de instrucción encarga un peritaje de acuerdo al Protocolo de Estambul, aceptando la petición de la defensa para el aplazamiento de la vista de las tres euroórdenes cursadas por Madrid.

El Tribunal de Apelación de París decidió ayer aplazar su decisión sobre las tres euroórdenes emitidas desde la Audiencia Nacional española contra la presa vasca Iratxe Sorzabal.

La abogada de Sorzabal había solicitado en su día la aplicación del Protocolo de Estambul, manual utilizado a nivel internacional en la investigación de la tortura.

Al constatar que tal informe no figuraba en la documentación presentada en la comparecencia judicial celebrada ayer en París, Xantiana Cachenaut solicitó el aplazamiento de la vista al juez instructor.

El juez, que al referirse a una de las euroórdenes evocó expresamente el relato de torturas de la presa de Irun ante el magistrado Ismael Moreno, de cuyo juzgado parte precisamente la citada demanda, decidió dar curso a la petición de la letrada. Al tiempo, acordó proponer una nueva fecha para la vista, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre.

En consecuencia, según lo explicado por la letrada a GARA, «el juez debe designar un experto, que deberá visitar a la presa y elaborar un informe según los criterios que recoge el Protocolo de Estambul».

Iratxe Sorzabal fue detenida, junto a David Plá, el 22 de setiembre de 2015, en una operación policial contra ETA desarrollada en Baigorri.

Tras su detención, la Audiencia Nacional española activó tres euroórdenes en relación a otros tantos atentados ocurridos, entre 1995 y 1996, en Asturies, Alacant y Gipuzkoa.

Fotografías reveladoras

Detenida anteriormente, el 31 de marzo de 2001, en Hernani, Sorzabal denunció haber sufrido graves torturas durante el tiempo en que permaneció incomunicada en dependencias de la Guardia Civil. Debido a su estado, durante la detención fue conducida a un hospital de Madrid. Allí, por orden del forense, se le realizaron varias fotografías en las que se podía observar lesiones por quemaduras en cintura y espalda, que según denunció Sorzabal, fueron producidas por la aplicación de los electrodos.

Tras la decisión adoptada ayer, el magistrado parisino deberá analizar el 6 de diciembre la pericial encargada antes de tomar una decisión sobre la entrega de la presa vasca.