Sin marcha atrás posible, la apuesta es la vía unilateral hasta desatar la mediación

Suena a paradoja, pero para desencadenar la mediación europea deseada, el soberanismo catalán opta de momento por apuntar hacia la DUI. Jugada arriesgada a la que cuesta encontrar alternativas.

Es la pregunta: ¿Y ahora qué? Catalunya sigue en territorio ignoto. El referéndum reforzó algunas de las grandes bazas catalanas, pero no resolvió algunas de las dudas, que se mantienen. La principal es si existe o no una mayoría social catalana que apoya la independencia. Esta incógnita sigue vigente. Otra cosa es que la carga en ningún caso recae ya sobre la parte catalana, que ha hecho lo indecible –y lo inimaginable– para poder contarse.

Porque «lo de ayer fue una votación». Es decir, «pese a todas las interferencias» del Estado, la mayoría de la gente que quiso pudo votar. Son las palabras de Helene Catt, la jefa del grupo de expertos internacionales en procesos electorales que, lejos de los focos, hizo el seguimiento de la jornada refrendaria. Su informe definitivo llegará en los próximos diez días, pero ayer avanzó que asistieron a «acontecimientos que ningún observador de las elecciones debe atestiguar jamás».

La cantidad de cabezas abiertas y urnas incautadas por la Policía española y la Guardia Civil han conseguido finalmente poner en el primer plano informativo de todo el mundo el contencioso catalán. Esta vez más que nunca. Mediáticamente es indiscutible, basta ver las portadas de todos los diarios europeos –incluidos los alemanes, cosa significativa– o la rueda de prensa de Bruselas en la que los periodistas preguntaron durante 45 minutos sobre la represión del referéndum al portavoz de la Comisión Europea. Pero es que el rumor de fondo en las cancillerías también empieza a sonar cada vez más fuerte.

Catalunya sabe que sus opciones pasan por situarse en el primer punto del orden del día de la agenda europea. Las constantes apelaciones a la mediación internacional por parte del president, Carles Puigdemont, marcan la senda del deseo catalán.

Para conseguirlo, la parte catalana deberá clarificar su discurso, que ayer siguió jugando a la ambivalencia en cuanto a la interpretación de los resultados del pasado domingo. Vaya por delante que lograr burlar la vigilancia del Estado durante meses y conseguir votar pese a la ofensiva policial es una auténtica mezcla de ingenio y heroicidad. Vaya también como segundo preaviso que la cifra de participación en el referéndum no importa demasiado, de momento, a los grandes medios, atónitos todavía ante las imágenes de uniformados aporreando personas y secuestrando urnas.

Realizado el prólogo, sería positivo que el independentismo en general y el Govern afinasen en las próximas horas su discurso sobre la naturaleza del resultado del 1-O. De lo contrario volveremos a estar en una situación similar a la del 27S. De hecho, lo primero que hay que conocer son los resultados oficiales, que ayer no llegaron todavía. Seguían vigentes los datos provisionales con el 95% de votos escrutados de un censo condicionado por el cierre de las mesas en las que estaban llamadas a votar 770.000 personas. Algo que se deberá aclarar, ya que el domingo por la mañana aseguraron que, una vez activado el censo universal, todo el que quisiera podría votar en cualquier mesa electoral.

Aunque ayer tampoco se quisieron dar porcentajes de participación, si restamos al censo oficial esas 770.000 personas, el voto contabilizado de 2.262.424 de personas dada a conocer por el Govern situaría la participación en un 49,5%.

El Govern ha ganado enteros de legitimidad para emprender los próximos pasos, pero va a tener que aclarar si esos pasos los dará en base a la represión del Estado, que ha imposibilitado un referéndum ordinario, o si los dará en base al resultado del plebiscito que, al menos de momento, no llega al 50% de participación. Asegurar que se ha realizado el referéndum con toda su validez y luego escudarse en la actuación del Estado para defender unos resultados que –analizados asépticamente–, no parecen suficientes, puede ser comprensible en ambientes afines, pero no sé si ayudará en la imagen exterior.

Porque una cosa es tener la legitimidad social para dar los siguientes pasos y otra que quien tiene en su poder forzar la mediación internacional te reconozca dicha legitimidad. En ese camino será importante la jornada de hoy, que unos califican de huelga general y otros de parón nacional. Tenga el nombre que tenga, la llamada de la Taula Democràtica –en la que están representados, junto las entidades soberanistas, CCOO, UGT y algunas patronales de pequeñas y medianas empresas– es a parar el país. Demostrar que el pulso social que se vio el domingo se mantiene ante los próximos pasos que se puedan dar será crucial.

Dos serán las varas de medir la jornada de hoy. Por un lado, la dimensión de la movilización callejera que por la tarde llenará las plazas y calles de pueblos y ciudades. El independentismo busca, con razón, seguir enviando imágenes de calles repletas de gente. Pero por otro lado, no es menor la importancia de la dimensión de huelga de la jornada de hoy. Es decir, si la actividad económica y la producción de Catalunya se ven bloqueadas o seriamente afectadas será más fácil empezar a desencadenar la mediación buscada.

El filósofo Josep Ramoneda, poco amigo de aventuras unilaterales, recordaba en estas páginas el domingo que la intervención europea solo llegará si ve que el euro y la economía se ven afectados. Hasta el momento no ha ocurrido, pero el euro despertó ayer a la baja y no faltó quien lo achacó a la crisis catalana. Las alarmas, por lo menos, están encendidas.

La Declaración Unilateral de Independencia está encima de la mesa, aunque nadie en el Govern se atreve a pronunciarla. Igual que el domingo, Puigdemont defendió ayer el carácter vinculante del referéndum. La decisión oficial, sin embargo, recae sobre el Parlament, a quien el Govern trasladará los resultados del referéndum cuando estos sean completos. La Ley del Referéndum ordena que si el número de Síes es mayor al número de Noes, la independencia debe ser declarada por el pleno del Parlament dentro las 48 horas posteriores a la proclamación oficial de los resultados. Hay pleno del Parlament previsto para mañana, aunque ayer se apuntaba más hacia finales de semana.

En la mente de los más románticos planea la fecha del 6 de octubre, día en que, hace 87 años, el president Lluís Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española. Un intentó que acabó como el rosario de la aurora y con Companys y otros altos cargos apresados en el buque Uruguay, convertido en cárcel en el puerto de Barcelona. Esperemos que Puigdemont no acabe durmiendo junto a Piolín. De momento, los 10.000 policías españoles y guardias civiles desplegados en Catalunya seguirán en el puerto, no así en Calella, donde 500 de ellos fueron expulsados de los hoteles en los que se alojaban.

Volviendo a la DUI, no falta quien denuncia que un paso unilateral de semejantes dimensiones es contrario a la voluntad de diálogo y mediación internacional. Se acepta la paradoja, pero lo cierto es que la única manera que el soberanismo tiene para ser tomado en serio es llevando hasta el final sus compromisos y sus voluntades. Ha ocurrido con el referéndum. La única manera de darle credibilidad y distanciarlo del 9N fue cumplir con todos los compromisos que requería y mantener su carácter vinculante. La estrategia funcionó y es una lección para el futuro: Europa solo aparecerá si cree que Catalunya llevará hasta el final aquello con lo que se ha comprometido. La credibilidad es un tesoro en la arena internacional.

Otra razón para pisar el acelerador es la evidencia de que apenas hay margen para la marcha atrás. «Si paramos ahora, los nuestros nos pasan por encima y el Estado nos aplasta», resumía ayer un alto cargo del Govern en una charla informal. El helicóptero seguía sobrevolando a baja altura el Palau, donde el Govern se reunió a lo largo de la mañana, con un pequeño descanso para participar en la concentración de las 12.00, donde Puigdemont se situó codo a codo con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuyo gobierno municipal se sumó a la protesta.

El papel de los comuns –prometemos abordarlo con mayor profundidad próximamente– será crucial en los días que vienen. Van a denunciar y salir a la calle contra la represión sin dudarlo, pero va a ser muy difícil que salgan del discurso de echar a Rajoy. Para los comuns, el problema no es el Estado español, es Mariano Rajoy. Parece casi imposible –al margen de lo que hagan satélites como Albano Dante Fachín o Joan Giner en el Parlament– que el grueso de los comuns avale una DUI. Pese al divorcio momentáneo que supondrá, lo importante será mantener los puentes abiertos pese al previsible sobrecalentamiento de las redes sociales.

En todo este análisis hay un factor que puede acelerarlo todo y que no hemos mencionado: la acción del Estado español. La lógica diría que lo más inteligente es que esta semana ni las FSE ni la justicia española actúen antes de que lo haga Catalunya. Pero la inteligencia no es lo que ha marcado la actuación de Madrid durante todo el proceso catalán, por lo que conviene no descartar nada.

Todas las declaraciones del Gobierno español durante los últimos dos días han advertido sobre las consecuencias que las actuaciones de los próximos días tendrán para sus principales impulsores. En la diana están, de forma significativa, los miembros del Govern con el president al frente, y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Ayer lo señalaban ya en la prensa madrileña.

Otra opción es la aplicación del artículo 155 que serviría para suspender la autonomía o competencias concretas. Ayer Ciudadanos lo pidió ante cualquier micrófono que encontró. No es recomendable dejarse llevar por el «cuanto peor, mejor», pero viendo los últimos precedentes, no hay que descartar que una nueva actuación del Estado acabe por desencadenarlo todo. Puigdemont denunció ayer que el Estado no le acepta ya ningún tipo de interlocución.