La imposición del 155 más extremo aboca a Catalunya al todo o nada

El Estado español finiquitó ayer cuatro décadas de modelo autonómico anunciando un 155 para gobernar Catalunya con mando a distancia desde Madrid. Pone a prueba así la resistencia de ciudadanía e instituciones catalanas. Una gran manifestación y un contundente mensaje de Puigdemont fueron la primera respuesta. El pulso llega al límite.

Diferentes portavoces del Gobierno español llevan semanas utilizando el término «Generalidad» para referirse a la Generalitat. Parecía un mero desprecio más en el contexto de un pulso político encarnizado, pero el diseño de aplicación del 155 aprobado ayer por el Consejo de Ministros lo convierte en realidad. La Generalitat pasará a ser una Generalidad, gobernada desde Madrid no se sabe aún por quién y controlada solo por el Senado, en menos de una semana, cuando el artículo se valide.

La concreción del ataque cayó en Catalunya como el terremoto que es. Pero, en este incesante cruce de golpes, es la parte catalana quien tiene ahora la opción de maniobra. Y a las 21.00 de anoche el president, Carles Puigdemont, anunció que planta cara a este intento de pisoteo, como había hecho hora y media antes en el Parlament su máxima dirigente, Carme Forcadell.

Ante cientos de personas congregadas en señal de apoyo en la Plaza Sant Jaume, Puigdemont pidió además la convocatoria de un pleno parlamentario para abordar la situación. Ello abre la puerta a la proclamación de la independencia aprobada en las urnas el 1-0 y enunciada pero suspendida el 10-0, aunque también a otras posibilidades en clave de resistencia y a la vez de avance. ERC propone un gobierno de concentración, pero quizás llegue tarde, Lo que sea, habrá que hacerlo rápido. El 155 caerá sobre Catalunya el viernes, y eso sin perder de vista los golpes judiciales y/o policiales que no suelen avisar.

Comenzando el relato de un día crucial en sentido cronológicamente inverso, desde el Palau de la Generalitat Puigdemont denunció que el Estado «quiere nombrar un directorio para que teledirija desde Madrid la vida de Catalunya», lo equiparó con otras situaciones históricas en las que su país ha sido atacado, y recordó que al final siempre han salido adelante –incluso ganando cotas de soberanía– con democracia, pacifismo y apoyo popular.

Tras emplazar a su pueblo a defender las instituciones y la soberanía, objetivo expreso del pleno que propone, Puigdemont se dirigió en castellano al pueblo español y en inglés a la comunidad internacional. A «los demócratas españoles» les hizo ver que «lo que se está haciendo en Catalunya es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte». Y a Europa le señaló que «los valores fundacionales [de la UE] están en riesgo en Catalunya y lo estarán también en Europa. Decidir democráticamente el futuro de una nación no es un crimen».

Por su parte, Forcadell habló de «golpe de Estado», «enorme irresponsabilidad» y «traspaso de todos los límites», pero avisó igualmente a Madrid de que «no lo permitiremos».

Rajoy cierra 40 años

Las respuestas catalanas llegaron después de que a las 13.20 Mariano Rajoy lanzara una auténtica bomba de neutrones no ya sobre Catalunya, sino contra el sistema autonómico que durante cuatro décadas se ha presentado como una de las joyas de la llamada Transición.

Se había especulado en días precedentes con una aplicación quirúrgica del 155, pero finalmente se impuso la línea dura. PP, PSOE y C’s lo justifican en que una intervención parcial y minimizando daños no sería eficaz al dejar resquicios por lo que se colaría la resistencia catalana. Pero también es posible que simplemente lo que se haya impuesto es el afán de venganza y de «humillación a Catalunya» del que ya advirtió Yanis Varoufakis hace un mes largo.

El atropello es de tal calibre que se hace difícil etiquetarlo (asalto, invasión, ocupación...) y también es complejo jerarquizar las medidas según su gravedad. La más reseñable parece la destitución de todo el Govern, pero no es menos impresentable la imposición al Parlament de un marcaje político que lo convierte en títere de Madrid: todo lo que no guste al Gobierno español quedaría proscrito (con un derecho de veto ejercitable en 30 días) y ni siquiera se le capacitaría para celebrar sesiones de investidura.

Según este catálogo de medidas, tanto la función ejecutiva como la legislativa catalana quedarán pilotadas desde Madrid, y eso se ejercería con fórmulas que ni siquiera se precisan por ahora. En el caso del Govern, Moncloa baraja al parecer crear una comisión sobre cuyos componentes no se dan detalles, pero que pretendería dar un barniz colegiado a la operación y difuminar así las responsabilidades.

En cuanto al Parlament, será suplantado en la práctica por el Senado, ya que se decreta que la Cámara Alta española ejerza la función de control, sobre cualquiera que sea el ente que ejerza el Govern, a través también de un órgano impreciso. Se da la circunstancia de que las tres grandes formaciones estatales que apoyan esta medida no obtuvieron un solo senador en Catalunya en los comicios estatales de 2016. Y también llama la atención que una cámara en que el PP tiene mayoría absoluta vaya a ser quien controle a órganos de gobierno catalanes que nombrará igualmente el Gobierno de Rajoy. Se aprecia con ello que PSOE y C’s han dado carta blanca total al PP y ni siquiera se han preocupado de asegurarse la mínima capacidad de control de esta gestión.

La irrupción en los Mossos se daba por segura y se confirma en el catálogo de medidas [más información en páginas 6-7]. Y PSOE, PP y Ciudadanos tampoco se han privado de incluir en su ofensiva a los medios de difusión públicos catalanes, lo que a priori parecía algo peliagudo por cuestión de imagen internacional. La colonización de TV3 o Catalunya Radio se acometerá, afirma el Consejo de Ministros en otra muestra de surrealismo, para «garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo».

No se escapa a esta aplicación hiperextensiva del artículo 155 el control de las telecomunicaciones. Y en materia económica, al control del gasto de la Generalitat secuestrado ya hace cuatro semanas por Madrid con la excusa de impedir el referéndum se le suma ahora la asunción de todas las competencias sobre ingresos, incluidos los pocos tributos que podía recaudar Catalunya.

Todo ello, y más que se llevará al Senado para su aprobación, no resultó óbice para que Rajoy dijera en su comparecencia que «no hay suspensión de autonomía» porque seguirán existiendo tanto una Generalitat como un Parlament. También aseveró que él se siente obligado a hacerlo: «No era mi deseo ni mi intención esto, no lo fue nunca».

El Ejecutivo español intenta presentar el asalto como excepcional y temporal, pero a nadie se le escapa que la autonomía solo será restituida ya si el Estado consigue allí un gobierno y un parlamento afines.

Apuntes de un día clave

1939... 0 1716

La trascendencia histórica del paso del Estado es indiscutible. Puigdemont lo comparó con la abolición de la Generalitat por Franco. Por el contenido de las medidas, hubo quien se acordó también del llamado Decreto de Nueva Planta de 1716. De Felipe V a Felipe VI, una misma línea.

De lunes a viernes, desenlace

La tramitación del 155 obliga a dar un periodo mínimo de alegaciones, por lo que en principio no se votará en el Senado hasta el viernes. En cuanto al Parlament, la Mesa se reúne el lunes y puede fijar cuando quiera el pleno solicitado anoche por Puigdemont ¿para declarar la independencia?

Puigdemont, ya en la diana fiscal con 30 años de amenaza

La pérdida de poder institucional no es el único riesgo para el president, al que la Fiscalía amenaza ya de modo expreso. Y al máximo grado; dice estar preparando un escrito para acusarle de «rebelión», delito superior al de «sedición»&flexSpace;usado hasta ahora, y castigable con hasta 30 años de cárcel. Se venía argumentando que para ello hace falta probar existencia de violencia, algo que no concurre de ningún modo, pero al Gobierno ya parece darle igual. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dejó caer anoche que con tal acusación harían falta «medidas cautelares severas». O sea, cárcel.R.S.