El «caso Puigdemont», ¿bumerán jurídico y político contra Madrid?

La libertad de Puigdemont cambia radicalmente el panorama para estos dos meses. En lo jurídico, enfría la posibilidad de extradición (Lamela delata que no lo ve claro) y da nuevas razones contra los encarcelamientos. En lo político, refuerza moralmente al independentismo y marcará la campaña.

El movimiento del president Carles Puigdemont y cuatro de sus consellers (Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí) al abandonar Catalunya y cobijarse en Bruselas se muestra ocho días después como un evidente acierto humano y político. En el primer aspecto, porque es seguro que a estas alturas todos ellos estarían ya encarcelados junto a sus compañeros, y con ello Catalunya no tendría un solo responsable gubernamental legítimo en libertad. Y en lo político, porque refuerza al independentismo en el ámbito interno y porque desata al fin inevitablemente tomas de posición europeas en el externo. Su postulación como candidato, aceptada ya por PDeCAT, potencia además todos estos efectos.

Este exilio lógicamente también tenía y tiene sus riesgos. El primero era que el juez de Bélgica al que le ha tocado el caso asumiera a pies juntillas la petición de la Audiencia Nacional y encarcelara a los cinco de modo fulminante, con lo que habría silenciado el altavoz que supone su estancia en libertad, estrangulado el incipiente debate europeo y dado un nuevo mazazo a un independentismo catalán baqueteado ya por unos encarcelamientos que no preveía.

Pero eso no ha ocurrido. El juez ni siquiera ha impuesto fianza, que era la opción que expuso expresamente el portavoz de la Fiscalía belga a las 14.00 del domingo a modo de salida intermedia. Puigdemont podrá circular libremente por ese Estado y hablar dénde y cómo quiera. Y cabe recordar que ya fue invitado el viernes por la televisión pública belga francófona a su informativo nocturno.

En el aspecto meramente jurídico, hay un detalle que ha pasado desapercibido y en el que conviene reparar. Llamó la atención que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tardara mucho más tiempo del previsto (más de un día entero) en redactar la euroorden. Finalmente incluyó en ella cinco delitos, frente a los tres por los que había encarcelado a los consellers. A rebelión, sedición y malversación añadió prevaricación y desobediencia. ¿Por qué es relevante esto? Porque demuestra que la jueza no tiene garantías totales de que Bélgica le entregará a Puigdemont y al resto por los tres primeros, así que ha tratado de reforzar su petición sumando los dos últimos, más homologables a nivel europeo.

Según publicó el domingo ‘‘La Vanguardia’’, en el Código Penal belga existe el delito de rebelión, pero está circunscrito a los casos en que haya acción violenta en forma de atentados, algo que la Audiencia Nacional no puede sostener ni retorciendo la realidad del modo más extremo. Y también existe el de sedición, pero se estipula para él una pena de apenas seis meses de cárcel frente a los ¡quince años! del Estado español.

Ambos aspectos abren la puerta a que el Juzgado belga pueda terminar rechazando estos dos apartados de la euroorden. Parece más factible que se asuman los otros tres, que evidentemente conllevan condenas mucho menores. Y llegados a este punto, ¿alguien entendería que se llegara a juzgar a Oriol Junqueras o Carme Forcadell por rebelión y a Carles Puigdemont, por contra, por desobediencia?

La posición exacta de la judicatura belga se irá viendo dentro de dos semanas, cuando se tomen las primeras decisiones (recurribles luego en un periodo mínimo de 60 días que podría llegar hasta 90), pero parece que Madrid no lo va a tener tan fácil como pensaba. De momento, los consellers han sido citados al juzgado el día 17, para una vista de carácter preliminar.

Gonzalo Boye, abogado de Serret y Comín, manifestó ayer en TV3 que España no puede seguir vendiendo que los cinco gobernantes catalanes «han huido de la Justicia» porque «de lo que han huido es de la injusticia». Y situó esa maniobra de Lamela de aumentar las tipificacioens delictivas como una constatación de que esa magistrada «no es imparcial». Demostrar la parcialidad de los tribunales españoles es la clave principal para evitar la euroentrega.

Otra cita que no cabe perder de vista y que se vuelve muy trascendente es la del jueves en el Tribunal Supremo español. Por allí pasarán los seis miembros de la Mesa del Parlament tras el aplazamiento concedido hace una semana. Tienen las mismas acusaciones que los miembros del Govern, pero la primera decisión del Alto Tribunal ya fue bien diferente a la del tribunal especial heredero del TOP: aceptar la indefensión y darles una semana más de plazo para preparar la defensa.

Quizás no sea lo más probable, pero si el Supremo optara el jueves por no encarcelar a Forcadell y al resto, la contradicción aumentaría de modo exponencial. Y tanto lo ocurrido ya en Bruselas como esta acción sustentarían una demanda sólida para sacar de prisión a Junqueras y el resto de consellers. En el caso de los Jordis, el recurso para su puesta en libertad (rechazado) se ha visto en dos semanas. Es la propia Lamela la que decide al respecto.

La puesta en libertad de Puigdemont y su paralela designación como candidato tienen además efectos políticos, tanto en Catalunya como en el ámbito internacional. Un encarcelamiento habría dejado al independentismo huérfano de la referencia de un Govern en el exilio con proyección pública, con el golpe sicológico añadido correspondiente. Habría situado en el subconsciente colectivo a Puigdemont muy cerca del Lluís Companys desvalido en el exilio francés. El desenlace está por escribir, pero hoy día la estampa de Puigdemont en Bruselas evoca más a Françesc Macià –cuando recibió asilo huyendo de la dictadura de Primo de Rivera para volver ya president– que al fusilado Companys.

Agustí Alcoberro (ANC) manifestó el domingo en Barcelona que la decisión de Puigdemont es una gran ventana abierta para internacionalizar la causa catalana en el corazón de Europa, y se empieza a dar por seguro que el 6D habrá allí una gran marcha. Es miércoles, día de la Constitución española y primera fecha de campaña electoral.

Para entonces las grietas aparecidas en el discurso monolítico europeo de apoyo a Madrid pueden haberse convertido en agujeros más serios. Apunta a ello la reacción crispada del PP contra quienes han osado cuestionar la estrategia de Mariano Rajoy. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, tilda de «xenófobo» a uno de los partidos del Gobierno belga (el nacionalista flamenco N-VA) y le ha dicho al anterior premier Elio di Rupo que «no se entera». Pablo Casado también cargó ayer contra él, tras la reunión semanal del PP.

De paso, la irrupción repentina de voces muy importantes de la escena política belga (dos exjefes de gobierno y el ministro del Interior) para criticar a España permite atisbar que en Bruselas se han revuelto contra las presiones españolas, y empiezan a asumir que su patata caliente no es realmente Puigdemont, sino el Estado español.

Los apuntes del día

LA UE se revela incómoda

Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea, no ocultó su malestar ante la reiteración de preguntas para que se posicionara sobre el caso Puigdemont. Enfadado, subrayó que la UE «no tiene ningún papel» y añadió: «Bélgica y España eran democracias la última vez que lo comprobé».

movilización sostenida

Varios cortes de carretera con movilizaciones o bloqueos con las llamadas «marchas lentas» abrieron este lunes de la Setmana de la Llibertat. Hoy se anuncia acto por los Jordis en la Universitat y mañana paro nacional, aunque el plato fuerte es la marcha del sábado en Barcelona (17.00).