Rovira denuncia que el Estado amenazó con «muertos en la calle»

Las amenazas del Estado contra la declaración de la República habían sido apuntadas por Puigdemont, pero no fue hasta ayer que, por boca de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, empezaron a ser detalladas. Según dijo, se les advirtió sobre «un escenario de violencia extrema con muertos en la calle». Rajoy tildó la denuncia de «mentira».

El 27 de octubre, tras aprobar la declaración de independencia, la alegría de la bancada independentista se vio seriamente afectada por negros augurios sobre la respuesta que podía venir desde el Estado. Había gestos graves. Cuatro días después, ya desde Bruselas, Puigdemont explicó su exilio como consecuencia de los «datos de fuentes contrastadas que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva altamente agresiva y sin precedentes contra el pueblo de Catalunya». «(Este Govern) ha preferido garantizar que no habrá violencia», añadió. Ayer, 17 de noviembre, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, empezó a detallar el calibre de las amenazas que llegaron al Govern en esos cruciales días.

Veinticuatro horas después de visitar a Oriol Junqueras en la cárcel, y el mismo día en que Puigdemont acudía ante el juez belga que debe decidir sobre su entrega a España, Rovira denunció en entrevista radiofónica que «fuentes solventes y contrastadas» advirtieron sobre un «escenario de violencia extrema con muertos en la calle». Las amenazas habrían llegado después del 1-O, cuando la mayoría independentista del Parlament debía decidir qué hacer con los resultados del referéndum. «(Puigdemont y Junqueras) nos dicen que estas fuentes eran muy contrastadas y ponían otra vez sobre la mesa que había que rebajar la tensión», añadió una Rovira que detalló que las advertencias llegaban con la amenaza de que «habría sangre».

Algo debió remover la denuncia de Rovira, ya que ayer saltaron a tacharla de «enorme mentira» o de «burda patraña» figuras como el propio Mariano Rajoy o su portavoz, Iñigo Méndez de Vigo. También trataron de defender la honra del Estado español Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos). Claro que no ayudó el hecho de que, precisamente ayer, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reconociese que había tenido contactos con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, líder del grupo que protagonizó los atentados de agosto.

Listas cerradas

Ayer se cerró también definitivamente el plazo para presentar candidaturas para el 21D, aunque no hubo novedades más allá de fichajes de última hora. La ANC informó, por ejemplo, de que además del presidente, Jordi Sànchez –al que ayer se denegó el traslado a una prisión catalana–, otros cuatro secretarios nacionales de la entidad dejan también su cargo para concurrir en las listas de Junts per Catalunya o de Esquerra.

Los primeros anunciaron también la incorporación, en posición simbólica, de la exconsejera del PSC Marina Geli. Lo mismo hicieron los Comuns con el ex secretario general de CCOO en Catalunya Joan Carles Gallego. Conocidas las listas, solo queda conocer los programas y las intenciones de cada candidatura. No es poco.

Bruselas decidirá sobre Puigdemont en diciembre

La esperada comparecencia del president, Carles Puigdemont, y de los cuatro consellers exiliados en Bélgica ante el juez que debe decidir sobre la euroorden apenas duro una hora. Solo habló el fiscal, que como suele ser habitual en estos casos, defendió la demanda española. Eso sí, según uno de los abogados defensores, Christophe Marchand, el fiscal retiró el delito de prevaricación. Mantuvo los otros cuatro, aunque ahora el juez tendrá que buscar equivalencias en el ordenamiento jurídico belga. Sobre todo para los delitos de sedición y rebelión.

Puigdemont volverá el 4 de diciembre ante el juez, que podría tardar 10 días más en tomar una primera decisión. Los recursos de las partes, sin embargo, podrían alargar el proceso otros tres meses. B.Z.