El TS prioriza impedir la investidura antes que detener a Puigdemont

El juez Pablo Llarena rechazó ayer emitir una euroorden al considerar que Puigdemont, que oficialmente ya es candidato a la investidura, viajó a Copenhague para provocar su arresto y facilitar su investidura por delegación. Una argumentación que revela la fijación del Estado con dicho nombramiento y que deja vía libre al president en Dinamarca.

Si al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del 1-O, Pablo Llarena, le dan a elegir entre un Carles Puigdemont detenido pero con posibilidades de ser investido, y un Puigdemont libre pero sin el cargo de president, el magistrado prefiere la segunda opción. Así lo dejó por escrito en el auto con el que denegó la petición de la Fiscalía de reeditar la euroorden de detención contra un Puigdemont que ayer viajó a Copenhague, provocando una serie de movimientos que pusieron encima de la mesa la prioridad del Estado español: impedir que sea investido president de nuevo.

La encrucijada es de tamaño considerable y, a día de hoy, el choque de trenes parece acercarse de nuevo, ya que también ayer, el president del Parlament, Roger Torrent, oficializó la candidatura de Puigdemont a la investidura que tendrá lugar, a más tardar, el 31 de enero. No es un capricho del nuevo responsable de la Cámara catalana, sino el resultado de las entrevistas que en los últimos días ha mantenido con los líderes de todos los grupos parlamentarios: Carles Puigdemont es el único candidato que podría recabar los apoyos necesarios para ser investido.

El cómo es harina de un costal que no se abordó. Torrent pidió una reunión formal con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ayer no tuvo su mejor día viendo cómo el TAV que inauguraba entre Castelló y València quedaba varado y era adelantado por un tren de cercanías. La reunión fue rechazada por la vía rápida desde Moncloa: Rajoy no tiene nada que decir acerca de procedimientos judiciales. Voces independentistas volvieron a clamar contra la judicialización de la política, que puede tener su contraparte en la politización de la justicia.

La interpretación de Llarena

Conviene regresar y detenerse en el auto del juez Llarena, que ayuda a identificar las prioridades del Estado español en este momento del contencioso catalán. Arranca señalando que «nada parecería más lógico que ordenar la detención en el territorio europeo», pero señala que, «frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento» –algo que Llarena sostiene escudándose solo en el informe de los letrados del Parlament–, Puigdemont estaría buscando «la provocación de una detención en el extranjero».

Así podría alegar que «su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta». Algo con lo que podría justificarse más fácilmente una investidura por delegación, teniendo en cuenta que los cinco diputados presos ya pudieron delegar el voto sin mayores sobresaltos en el pleno de constitución del Parlament.

En resumen, Llarena interpretó que Puigdemont fue a Dinamarca para provocar su detención y facilitar su investidura, motivo que le llevó a declinar la interposición de la euroorden. Entre detención con investidura y libertad sin ella, Llarena prefiere la segunda. De hecho, reconoce abiertamente que es el momento político el que le lleva a «posponer la orden de detención a un momento –no necesariamente lejano– en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario, no se encuentren en riesgo por una detención que –como el Ministerio Fiscal defiende– sería lógica en otro contexto». Nótese el «no necesariamente lejano».

Un acto intenso

Por otra parte, la intervención de Puigdemont en la Universidad de Copenhague fue cualquier cosa menos un paseo triunfal.

En su primera exposición repitió los habituales puntos discursivos destinados al público internacional, pero durante el debate posterior con dos profesores de la universidad la intensidad aumentó notablemente. Ambos fueron duros, especialmente Marlene Wind, que rozó la impertinencia al acusar a Puigdemont de populista e identitario y relacionarlo con un Putin interesado en una «balcanización de Europa». «Treinta años de condena me parece excesivo, una desgracia que no debería ocurrir, pero quizás sí una condena más breve», añadió Wind sobre el proceso penal contra el independentismo. Quizá Puigdemont se repensó el «queremos ser la Dinamarca del sur de Europa» con el que empezó su intervención.

En cualquier caso, el candidato a president se repuso, plantó cara y rechazó las acusaciones, apoyándose en los puntos fuertes del proceso: la democracia (se abrió a un referéndum en todo el Estado), el pacifismo y la invitación al diálogo, que ayer reiteró. Hoy se reunirá con diputados del Parlamento danés.