El ISM quiere quitar su condición de marino a personal del Puerto de Bilbo

El Instituto Social de la Marina (ISM) ha procedido de oficio a retirar su condición de trabajador del mar a tres personas que están enroladas en las embarcaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbo. Los afectados y el Puerto no ocultan su sorpresa por la decisión adoptada, ante la que han presentado un recurso de alzada, pendiente aún de resolverse.

Preocupación en el personal que trabaja por cuenta ajena en las embarcaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbo (APB) a raíz de que el Instituto Social de la Marina (ISM) pretenda incluir a tres marinos en el Régimen General de la Seguridad Social en vez de en el Especial de los Trabajadores del Mar. Esa decisión, apuntan, impediría a los afectados realizar sus labores a bordo de embarcaciones que navegan tanto en la ría del Ibaizabal como en las áreas portuarias del Abra o en las cercanías para controlar boyas meteorológicas y otras instalaciones auxiliares, tal y como establece la legislación española y vigila la Capitanía Marítima.

La dirección del ISM en Bizkaia envió en enero una notificación al Departamento de Recursos Humanos de la APB en la que le informaba de «un incorrecto encuadramiento» de varias personas desde hace años en el Régimen Especial del Mar. Lo curioso del caso es que hay una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Bilbo del 15 de mayo de 2008, confirmada por otra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 31 de marzo de 2011 en la que se reconocía a este personal su condición de trabajador del mar.

Al estar encuadrados en ese régimen, los trabajadores se benefician de unas bonificaciones por las características especiales de su empleo, que se refleja por ejemplo en un coeficiente reductor en la edad de jubilación. Entre los afectados, un jefe de máquinas que ha trabajado durante años en las embarcaciones de tráfico interior del Puerto.

Los expedientes de revisión de oficio los emprendió el Instituto Social de la Marina en noviembre de 2017, recibiendo las alegaciones de la APB unas semanas después. Un mes más tarde, el ISM resolvió que esas personas estaban indebidamente dadas de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, por lo que procedió a incluirlos en el Régimen General de la Seguridad Social, pasando las cotizaciones efectuadas durante esos años a este.

Ante esa decisión, cabía recurso de alzada que los tres afectados hace semanas que formalizaron a la espera de que se anulen esas revisiones que han generado «extrañeza» tanto entre los trabajadores afectados como en la propia entidad pública para la que trabajan. Existe cierta «incertidumbre», confiesan, sobre cómo finalizará este asunto.

El director provincial fundamentó su resolución en que el personal de las autoridades portuarias en general no son trabajadores del mar, tal y como se decretó en 1985, olvidándose en el caso de Bilbo de las 11 personas que embarcan habitualmente en los remolcadores y en otros barcos auxiliares para la APB. Los afectados inciden en las sentencias judiciales que avalan su inclusión en el régimen especial, posteriores al supuesto decreto en el que se sustenta el cambio de criterio. El propio ISM incluye esa actividad bajo su competencia.

Buscan apoyo en el Senado español para la libreta marítima

Marinos mercantes continúan con sus gestiones ante diferentes instancias para que se reconozca el «valor» de la libreta marítima, que expide la Dirección General de la Marina Mercante, a la hora de computar el tiempo trabajado para calcular su edad de jubilación. Hace unas semanas, uno de los afectados, Arturo Salas, con el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (Anviped) se entrevistaron con el senador del PSOE Francisco Javier Oñate, que forma parte de la Comisión de Empleo, para exponerle las irregularidades detectadas y solicitar su implicación.

Salas avanzó que cuentan con la promesa de Oñate de que su grupo, una vez disponga de cierta información que ha requerido, va a impulsar una iniciativa para que la libreta marítima vuelva a recuperar el valor probatorio que el Instituto Social de la Marina le ha ido quitando en beneficio de la vida laboral.

Salas sigue denunciando que el ministerio que dirige Fátima Báñez trata de «desacreditar» ese documento de identidad del marino «reconocido por las leyes nacionales e internacionales». Además, advirtió de «maniobras» para desestimar incapacidades a profesionales de la mar que, en algunos casos, tienen hasta 40 años cotizados. Este antiguo marino mercante asegura que se siguen conociendo nuevos casos de afectados por la «estafa». A.G.