A juicio por cumplir el mandato y paralizar la incineradora

Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta de GHK, e Iñaki Errazkin, exdiputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, se sentarán hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal de Cuentas de Madrid. PNV y PSE les demandan 46 millones de euros, cifra que puede ascender hasta los 100 millones, por tratar de parar la construcción de la incineradora de Zubieta, o lo que es lo mismo, por llevar a cabo políticas por las que fueron elegidos.

Era la mañana del 13 de noviembre de 2013. Un grupo de periodistas aguardábamos frente a la sede del Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa, donde se había convocado una rueda de prensa con la asistencia confirmada del entonces diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, la presidenta de GHK Ainhoa Intxaurrandieta y el gerente de la UTE Gipuzkoa CGR –encargada de la construcción de la incineradora de Zubieta–, Karmelo Aguas. El Salón de Tronos era el escenario elegido para la ocasión, y el runrún y la tensión que se palpaba en el ambiente en los momentos previos a la comparecencia hacían prever la llegada de una noticia de calado, extremo confirmado por los medios que no supieron respetar la exclusiva: las partes antes mencionadas habían llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que los vinculaba, lo que dejaba sin efecto el proyecto de la macroinfraestructura.

De mutuo acuerdo

Lo escenificado esa mañana no fue sino la culminación de una labor iniciada años atrás. Bildu, con Martin Garitano al frente, llegó a hacerse con las riendas de la institución foral auspiciada por el mandato popular recibido en las urnas, en el cual destacaba considerablemente el anhelo de la ciudadanía de Gipuzkoa de enterrar el proyecto de la incineradora de Zubieta. La coalición soberanista se había presentado a las elecciones con una propuesta alternativa, en la cual se descartaba la incineración como método para cerrar el ciclo de la gestión de residuos.

Sin embargo, y antes de llegar al acuerdo con las empresas constructoras, desde GHK se exploraron otras vías para que la incineradora no llegara a construirse. A eso responde la decisión adoptada en julio del mismo 2013, cuando la institución competente en la materia decidió suspender las obras al considerar que el proyecto no cumplía con las condiciones legales exigidas por la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Lakua. GHK constató cambios sustanciales entre el anteproyecto presentado al Ejecutivo de Gasteiz y el proyecto puesto en marcha por la institución foral comandada en aquella época por Markel Olano, actual diputado general del herrialde.

Aunque costó, Gipuzkoa consiguió dejar a un lado el proyecto de la incineradora, o lo que es lo mismo, tanto Iñaki Errazkin como Ainhoa Intxaurrandieta acataron el mandato popular, de manera exitosa según parecía en aquel momento. GHK y la UTE Gipuzkoa CGR cifraron, de mutuo acuerdo, en casi 8,2 millones de euros la indemnización a recibir por las empresas. Pero lo que parecía definitivo ha resultado ser una decisión temporal.

El swap y las angulas

Otro frente abierto para los gestores de GHK en el momento en que trabajaban para parar el proyecto de la incineradora era el contable. En sucesivas exclusivas, GARA había informado de presuntas irregularidades cometidas durante la firma de contratos con las entidades bancarias que debían financiar la obra, acuerdo que se selló poco antes de los comicios de 2011. Según informaba el periodista Imanol Intziarte en las páginas de este diario, Carlos Ormazabal (PNV) y Joxi Etxezarreta, diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK y director del Consorcio en aquella época, respectivamente, firmaron, sin haber informado previamente al Consejo de Administración, un compromiso con las entidades bancarias que incluía un producto financiero tóxico, el conocido como swap.

Es sabido que el swap originó pérdidas de hasta 5,7 millones de euros desde el momento de su firma, y también que los ciudadanos de Gipuzkoa han llegado a abonar unos 800.000 euros mensuales por un préstamo que no ha llegado a las arcas provinciales. Si eso fuera poco, el estupor alcanzó niveles máximos cuando se supo que el Consorcio había pagado con dinero público una comida y una cena para «celebrar» el acuerdo de financiación de la incineradora. La factura ascendió a 2.860,65 euros y los comensales disfrutaron de, entre otras delicatessen, platos como ‘Angulas y codium’, por valor de 90 euros por ración y media.

GHK, bajo el mandato de Bildu, llevó el tema de los swaps a los tribunales. Tanto Ormazabal como Etxezarreta tuvieron que comparecer ante el juez para rendir cuentas, aunque su declaración dejó mucho que desear. Ninguno de los dos ofreció detalles del acuerdo cerrado con los bancos, y se limitaron a afirmar que su deber era hacer cumplir la norma foral. Ninguna mención a los riesgos que podía acarrear un más que previsible cambio de actitud hacia la planta incineradora desde el Gobierno foral, más si cabe ante la inminencia de las elecciones forales. Aun así, los tribunales fallaron a favor de la banca; es más, la Audiencia de Gipuzkoa ratificó en marzo de 2017 la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, por lo que el Consorcio ha tenido que hacer frente a unos intereses millonarios aunque el crédito bancario no ha sido utilizado.

Amenazas y demanda

El último capítulo de este sinsentido echó a andar a principios del año pasado, cuando el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia anuló la rescisión del contrato de la primera adjudicación de la incineradora, pactada por Errazkin e Intxaurrandieta con los responsables de la UTE Gipuzkoa CGR. La sentencia estimaba el recurso interpuesto en 2014 por las Mancomunidades de Debabarrena y Sanmarko y los asambleístas Arcadio Benítez, Ricardo Garate, Ioseba Arrizabalaga, Denis Itxaso e Igor Iturain contra los acuerdos adoptados para la citada rescisión de contrato. Según el auto, hubo en aquel acto «la existencia de una evidente desviación de poder y ausencia de competencia en las decisiones adoptadas». Nada más hacerse pública la sentencia, el actual diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa adelantaba lo que sería el modus operandi del Gobierno foral respecto a este tema: «No les puede salir gratis».

Asensio no dudó en culpar de «las pérdidas económicas, el deterioro de nuestra credibilidad ante las instituciones europeas y la actual carencia de la más mínima infraestructura para la gestión de residuos» a sus anteriores gestores, a quienes achacó haber actuado en perjuicio «de toda Gipuzkoa». A su entender, Errazkin e Intxaurrandieta actuaron «anteponiendo las estrategias políticas al interés de los guipuzcoanos».

A las amenazas de Asensio le siguió la demanda, que llegó en octubre pasado. Con los votos a favor del PNV y PSE, GHK anunció una actuación judicial contra su anterior presidenta, Ainhoa Intxaurrandieta, y el exdiputado de Medio Ambiente Iñaki Errazkin. En un principio, la demanda ascendía a 41 millones de euros –8,2 por la indemnización de la rescisión de contrato de la primera adjudicación, 31,7 por los «perjuicios económicos» que acarreó la decisión y el resto sería la suma de otros gastos–, pero la petición ha ascendido hasta los 46 millones de euros al seguir Gipuzkoa abonando los intereses del swap.

Ni robo ni malversación

Intxaurrandieta y Errazkin serán juzgados hoy en el Tribunal de Cuentas de Madrid donde, según los encausados, «se deberían resolver cuestiones contables y no políticas». En una entrevista concedida a Info7 irratia, el ex diputado de Medio Ambiente recordó que el caso estaba a punto de cerrarse, pero que sabían de la posibilidad de que fueran demandados: «No nos sorprendió».

Según Errazkin, lo que se les demanda es una decisión política: «No estamos hablando de una responsabilidad contable». Pero Intxaurrandieta va más allá: «Estábamos tratando con el poder cara a cara. Las pérdidas las generaron ellos, y si creen que pueden recuperar tanto de Iñaki como de mí 40 millones van listos. La única forma de recuperar ese dinero hubiera sido invalidando los swaps».

Creen que lo que está detrás de este proceso judicial es el escarmiento selectivo personalizado en ellos, «una venganza personal», y consideran alarmante el mensaje que PNV y PSE quieren trasladar al próximo que llegue al Gobierno foral: «Podéis hacer política mientras no toquéis nuestros negocios. Cuidado que luego os puede acarrear consecuencias personales muy importantes». Y es que lo que se juzga es que una decisión política pueda acarrear consecuencias personales, aunque como bien recordaba Errazkin, «aquí no hay ni robo ni malversación».

Si su situación es ya de por sí delicada, para nada ayuda el hecho de que la jueza instructora del caso, así como la que presidirá la vista oral, sea la exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante. «Las garantías que tenemos para que esto sea un juicio justo son escasas».

«Se trata de una venganza, los swaps había que pagarlos igual»

Piden para Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin el pago de 46 millones de euros, superando los 41 propuestos inicialmente. Tras la demanda el 17 de octubre, los abogados se reunieron el mes pasado para concretar los detalles de la causa. Hablamos con Intxaurrandieta el martes y esto fue lo que los contó.

¿Cómo se encuentran anímicamente?

Según se acercaba la fecha nos hemos ido poniendo nerviosos. La cantidad de dinero que se nos reclama puede ser un castigo para toda la vida.

¿A qué se enfrentan?

Nos reclaman los swaps más la indemnización que se le pagó a la UTE por detener la construcción de la incineradora. Los swaps había que pagarlos aunque se hubiera construido la planta, así que se trata de una venganza contra nosotros.

Durante las últimas semanas han habido varias muestras de apoyo.

La sociedad nos apoya y eso nos da fuerzas para seguir adelante. Tenemos muy claro que lo que hicimos, lo hicimos bien; si no queríamos que se construyera una infraestructura deficitaria no teníamos otra opción. Sabíamos que sería dañino, no solo para el medio ambiente, sino también económicamente. Nuestra posición fue actuar con responsabilidad. Nagore BELASTEGI