El bien común por encima del libre mercado

El Parlamento de Nafarroa aprobó ayer la Ley Foral de Contratos Públicos, una norma que contiene importantes novedades. Establece, por ejemplo, que en los concursos públicos se tome en consideración, además del precio, otro tipo de criterios de carácter social, de género o medioambiental. La ley refuerza asimismo los controles en materia de subcontratación, simplifica los tramites y dificulta la comisión de fraudes. Se trata de una ley que busca garantizar que se gaste de manera más eficiente el dinero público y, además, facilita el acceso a las licitaciones de la Administración a las pequeñas y medianas empresas. Un ley social y progresista a la que solamente UPN y PP se opusieron.

No es la primera ley de estas características. Ya en 2013 y 2014 Gipuzkoa aprobó sendas normas para la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de obra pública y en las compras públicas con el objeto de que estas fueran socialmente responsables. Aquellas normas fueron recurridas por la Autoridad Vasca de la Competencia que con sus obtusas anteojeras neoliberales estimó que iban contra la libre competencia y suponía sobrecostes para las empresas. El TSJPV consideró que la Administración está facultada para establecer obligaciones específicas a las empresas que concursan sin que esto suponga ir contra la ley. Y en el caso de las cláusulas laborales fue tajante al señalar que exigir el cumplimiento de la legalidad laboral no puede considerarse una barrera discriminatoria. En conclusión, situó el bien público por encima del mercado.

Con esta ley, el Gobierno foral cuenta con una potente herramienta para incorporar políticas sociales y medioambientales a la contratación pública. Un instrumento que jerarquiza las prioridades, situando el bien común y el interés general por encima del mercado. A fin de cuentas, la economía, el mercado y la libre competencia son instrumentos que deben estar al servicio del bienestar de la ciudadanía y del progreso social.