Bélgica no extraditará a Puig y Serret por desobediencia, mientras el TS explica a Alemania el choque con Montoro

Al juez del Supremo Pablo Llarena se le acumula el trabajo. Tras reconocer al tribunal de Schleswig-Holstein –que tramita la euroorden contra el president Carles Puigdemont– que no puede acreditar a día de hoy, con total seguridad, la acusación de malversación de fondos públicos porque está a la espera del informe de Hacienda, ayer la Fiscalía belga le urgió a aclarar más detalles acerca de las peticiones de entrega de los exconsellers Lluís Puig y Meritxell Serret.

Ninguno de los dos exiliados está procesado por rebelión, sino por desobediencia, un delito que, tal y como la propia Fiscalía recordó a Llarena, no existe en el código penal belga como tal, lo que haría imposible la extradición por este motivo. Por tanto, la Fiscalía pide a Llarena que actualice la petición de extradición –realizada antes de detallar los procesamientos– y aclare si es solo por desobediencia. Si así es, no habrá extradición de Puig y de Serret.

Llarena también dio muestras de su talante en el cara a cara con la exdiputada de la CUP Mireia Boya, a la que ayer comunicó su procesamiento, también por desobediencia. La cupera le dijo a Llarena que el verdadero juicio se daría en los tribunales internacionales, a lo que el juez del TS respondió: «Si quiere, la proceso también por rebelión».

Por su parte, el Constitucional, que ayer mantuvo la delegación de voto de Puigdemont y Toni Comín, suspenderá probablemente hoy la reforma de la Ley de presidencia, lo que abrirá el camino al nombramiento de un cuarto –y quizá definitivo– candidato a president.