Sindicatos y patronal inician «un nuevo camino» en el Estado español

Aunque el acuerdo sobre negociación colectiva no tiene valor normativo, porque lo que recoge el documento son recomendaciones, CCOO y UGT inciden en que se abre una nueva fase marcada por el «diálogo social». ELA y LAB opinan que este pacto no tendrá mayor repercusión en Euskal Herria y creen que atiende más a los intereses patronales.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo; el de UGT, Pepe Álvarez; y los presidentes de CEOE, Juan Rosell; y de Cepyme, Antonio Garamendi, firmaron ayer oficialmente el “IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)”, que estará en vigor desde 2018 hasta 2020.

El acto protocolario contó con la presencia de la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio (PSOE), y de la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (PP), a la que se le agradeció que hubiera puesto «la pista de aterrizaje» para abrir la negociación a más asuntos que el de la subida salarial.

Los agentes sociales estatales pusieron de relieve la importancia que tiene haber alcanzado este acuerdo tras «un periodo largo sin acuerdos».

«Creo que hoy, con la firma de este acuerdo, después del proceso de debate que ha habido en las diferentes organizaciones, se inicia un camino nuevo, que para UGT nos tiene que llevar a la recuperación real», recalcó Álvarez. Sordo, indicó que es un acuerdo «de mucha trascendencia e importancia», que pone de relieve la responsabilidad que deben tener los agentes sociales en la marcha del país.

Valoración de ELA y LAB

El acuerdo contempla, por cada año de vigencia, aumentos salariales cercanos al 2% más un 1% variable ligado a determinados factores, como productividad, resultados o absentismo injustificado. Sus objetivos pasan por impulsar la creación de empleo, mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas, y luchar contra la economía sumergida.

Con una perspectiva muy distinta valoran este pacto los sindicatos abertzales. El líder de ELA, Txiki Muñoz, indicó que este acuerdo «reproduce un modelo de negociación ineficaz y burocrático». «No hay participación de los y las trabajadoras y se renuncia a cualquier movilización. Si el sindicalismo, a la vista del poder que las reformas han otorgado a la patronal, renuncia al conflicto, se ve obligado a jugar en el terreno que interesa a la patronal. Por eso, el acuerdo recoge meras recomendaciones que no vinculan a la patronal a nada», sentenció.

LAB también incidió en que este acuerdo «no es normativo» y que la subida salarial que se recomienda «sigue los criterios neoliberales que plantean la patronal y los poderes públicos», ya que, por una parte, está totalmente desvinculada del IPC y, por otra, «vinculada a parámetros que las y los trabajadores nunca conocerán», como productividad y absentismo.

Consenso en las bases para una eventual reforma laboral

La patronal y los sindicatos que suscribieron ayer el acuerdo en Madrid defendieron que cualquier reforma del mercado laboral sea pactada en los ámbitos social y parlamentario del Estado español, consenso que ven posible en un contexto en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado proclive al diálogo.

La negociación de esa reforma arrancará la próxima semana, previsiblemente el martes, con una reunión con el presidente del Gobierno español, a partir de la cual se espera la reapertura de la denominada Mesa para el Diálogo Social.

Entre los puntos pactados ya por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para esa eventual reforma destaca la modificación de la regulación de la subcontratación para limitar la que incentiva la competencia desleal entre empresas y deteriora las condiciones de empleo, según indicó Efe. Se incluye también la recuperación del contrato relevo, la jubilación obligatoria por cumplimiento de la edad ordinaria, medidas que fomenten la igualdad laboral y salarial de mujeres y hombres, y la modificación del sistema de formación para el empleo. Además, contempla regular un mecanismo para facilitar el mantenimiento del empleo en empresas con dificultades, la creación de un observatorio para el análisis del absentismo no deseado y otorgar mayores facilidades para el acceso a prestaciones sociales al término del contrato. GARA