El mando que dio las órdenes por la radio no se sentará en el banquillo

El jefe de operaciones del dispositivo en el que la Ertzaintza mató a Iñigo Cabacas, conocido ya como Ugarteko, no se sienta en el banquillo de los acusados, pese a que el mando que se encontraba en el lugar de los hechos tuvo que acatar su orden de «entrar con todo» en contra de su voluntad y, sin embargo, él sí que se encuentra entre los acusados.

Sus órdenes y su voz grabada en las comunicaciones por radio, están en la memoria de todos cuantos han seguido la investigación de la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo en la cabeza recibido el 5 de abril de 2012 cuando festejaba una victoria de su Athletic contra el Schalke 04.

El jefe de operaciones, Ugarteko, número profesional 3316: «Con las cuatro furgonetas entran a la Herriko y cortan los incidentes y manténganse allí para que no haya más incidentes».

Cuatro minutos más tarde y tras alguna otra conversación, el oficial 3389 le responde: «Bien, le comento, vienen más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada, es gente que está dentro de la zona, en principio aquí no estamos, ahora mismo no hay ningún altercado… ahora enseguida le comento».

Y Ugarteko resuelve la situación de forma expeditiva: «A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras, se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando… entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Herriko, controlan la situación, a los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada».

Tras «entrar» y después de que se escuchen pelotazos, el oficial 3389 informa al jefe de operaciones que «tenemos controlada la zona, más o menos. Que venga la ambulancia, que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano sí. No sé si es un pelotazo o se ha desmayado, no sé».

Y Ugarteko contesta: «Vale, vale. Se habrá desmayado».

Ese ciudadano, que según el jefe de operaciones que daba órdenes desde la central de Deustua se había «desmayado», era Iñigo Cabacas Lizeranzu. Estaba junto a un bar, tenía 28 años y la cabeza abierta de un pelotazo. Cuatro días después, el 9 de abril de 2012, murió en el hospital sin haberse podido recuperar de las heridas provocadas por la carga de la Ertzaintza.

Sin embargo, él no estará en le banquillo de los acusados cuando el lunes comience el juicio por esa muerte. El oficial que desde el lugar de los hechos decía que la situación estaba controlada y que sin embargo recibió la orden de «entrar con todo», sí.

La jueza: No ordenó disparar

La acusación particular, ejercida por Jone Goirizelaia, en nombre de Manu y Josefina, padre y madre de Iñigo Cabacas, intentaron en reiteradas ocasiones que se acusara también al jefe de operaciones, el mando con número profesional 3316. Pero primero la jueza instructora, Ana Torres, y después la Audiencia Provincial, lo han impedido.

La instructora sostenía que el objeto de la investigación era determinar quién había sido el autor del disparo que mató a Iñigo Cabacas. Y, según su criterio, Ugarteko «coordina los recursos que acuden a cada actuación, pero es el responsable en la calle a quien le corresponde adoptar las decisiones oportunas para gestionar cada situación, según las circunstancias en caso concreto».

Añade que «no consta que diera ningún tipo de orden de disparar, ni siquiera estaba en el lugar, no consta que realizara ninguna acción u omisión que fuese la determinante de que el Sr. Cabacas recibiera el impacto fatal».

«Nos llevaría al absurdo»

Recurrida la decisión de Ana Torres por la abogada de la familia Cabacas, la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia respondió con un trabalenguas: «No comparte la Sala esta especie de teoría causal según la cual la causa de la causa es causa del mal causado, pues nos llevaría al absurdo».

Luego, la Audiencia añade que «es obvio que el jefe de operaciones coordina los recursos que acuden a cada actuación, pero es el responsable en la calle a quien compete adoptar las decisiones oportunas para gestionar cada situación, según las circunstancias en caso concreto».

La Audiencia ampara el criterio de la jueza instructora de que «solo hay que investigar a fin de hallar al autor material de los hechos». Y en un auto desdeña y hasta ridiculiza la pretensión de la acusación particular de esclarecer también «por qué sucedió lo que sucedió, quién dio las órdenes e hizo posible que se desencadenara la situación, si estas órdenes y formas de actuación eran ajustadas a los protocolos, etc».

Al final, la jueza Ana Torres acabó acusando a los tres mandos que estaban sobre el terreno, pero no a los agentes que dispararon. La Audiencia ratificó la decisión sobre los mandos y añadió a los tres ertzainas a la lista de acusados.

El juicio comenzará el lunes, a las 10 de la mañana, en el TSJPV en Bilbo. El oficial 3389 estará sentado en el banquillo. El que le ordenó «entrar con todo», solo irá como testigo.

Ugarteko intentó sacar 777.000 euros a GARA y fue el primer juicio por el «Caso Cabacas»

Iñaki Larrea, el mando de la Ertzaintza que daba las órdenes por radio la noche en la que hirieron mortalmente a Iñigo Cabacas y que se identificaba como Ugarteko, intentó primero sacar 777.000 euros a GARA, NAIZ y a la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, en concepto de «indemnización de daños y perjuicios» por haber dado a conocer su nombre y apellido, y haber hecho públicas las conversaciones internas del 5 de abril de 2012. Como en el acto de conciliación celebrado en febrero de 2016 no hubo ningún tipo de acuerdo, Larrea acudió a los tribunales, rebajando la petición a 250.000 euros.

De esta forma, se dio la circunstancia de que el primer juicio por la muerte de Iñigo Cabacas fue el de Ugarteko contra GARA, NAIZ y la abogada de la familia. El 24 de enero de 2018 el director del diario, Iñaki Soto, el autor de las informaciones, Iñaki Iriondo, y la letrada Jone Goirizelaia se sentaron en el banquillo de los acusados, y desde allí defendieron la libertad de prensa y el rigor de su labor profesional.

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbo desestimó íntegramente la demanda planteada por Iñaki Larrea. Como la jueza dictó que todos los demandados estaban amparados por la libertad de expresión y la veracidad de sus trabajos, la sentencia ni siquiera entró a contrastar y valorar los perjuicios a su salud, vida social y carrera profesional que Ugarteko aseguraba padecer, y por los que solicitaba la indemnización de 250.000 euros.

En la sentencia queda claro que las conversaciones se publicaron en orden cronológico y sin alterarlas, y que no habían sido manipuladas, como falsamente acusaba el demandante. La jueza afirmó también que de su contenido se podía «concluir razonablemente» la existencia de una relación entre la orden de «entrar con todo» y el pelotazo que mató a Iñigo Cabacas, a pesar de que Ugarteko alegaba que con posterioridad a la publicación de esas informaciones un auto determinó que el disparo fue unos minutos anterior a esa orden.

Las informaciones y opiniones publicadas en GARA y NAIZ los encuadra la jueza en el ámbito de la libertad de expresión y aclara que no se emplearon expresiones injuriosas ni vejatorias.

En cuanto a dar a conocer que el nombre que estaba detrás de Ugarteko era Iñaki Larrea, la sentencia defiende que «el dato tenía interés informativo» y subraya la «relevancia pública» que había adquirido el mando.

La jueza también declaró que la abogada Jone Goirizelaia no se había extralimitado en su labor profesional.

Ugarteko alegaba que la publicación de las órdenes que dio por radio y de su identidad, le había generado «angustia, depresión, pérdida de ocio y aficiones, pérdida de relaciones y el cercenamiento de su carrera profesional». El mismo día del juicio, GARA revelaba que Iñaki Larrea cobraba en ese momento un 10% más que en 2012 y no había acreditado ni una baja.

Antes de comenzar la vista oral, GARA y NAIZ recibieron el apoyo del Colegio y la Asociación de Periodista, y del colectivo Iñigo Juztizia

Iñaki Larrea no recurrió la sentencia que le denegaba todas sus peticiones, por lo que la decisión judicial pasó a ser firme en marzo.I.I.