Cientos de personas piden justicia en Altsasu antes de la vista de apelación

El miércoles y el jueves tres jueces de la Audiencia Nacional estudiarán la condena a 79 años de cárcel a los ocho jóvenes procesados por la pelea de bar. El pueblo de Altsasu reclama justicia y denuncia connivencia entre los jueces y la Guardia Civil.

Llueve y hace frío, pero el pueblo no falla a los siete jóvenes que siguen presos por una pelea de bar con dos guardias civiles y sus parejas. Esta es una semana clave, pues por fin toca que tres nuevos jueces revisen la sentencia. Bel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, ya no se hace demasiadas ilusiones. Su hijo cumplirá mañana 800 días preso. «Es la Audiencia Nacional, sabemos cuál es el escenario. Pero los padres también vemos que es el momento oportuno para acabar con esta historia, si es que quieren hacerlo».

Pozueta está cansada. La noche anterior llegó de Asturias, donde ha estado dando charlas y socializando el caso con Edurne Goikoetxea, la madre de Ainara Urkijo. Han hecho Oviedo y Gijón. Los padres de Jokin Unamuno –Epi e Igone Goikoetxea– también cogieron las maletas para largarse, esta vez a Zaragoza. Allí abarrotaron la sala. PP y Ciudadanos dieron publicidad a la charla en su intento de que el Ayuntamiento zaragozano la prohibiese. Contar la historia que provocó hace menos de un año la mayor movilización en Nafarroa que se recuerda se convierte en tabú en la comunidad vecina de Aragón.

Maite Ziordia viajará hoy, esta vez, a la prisión de Zaballa a ver a su hijo Oihan Arnanz, para quien el fiscal rescata la petición de 62 años de prisión bajo la teoría de que fue un acto terrorista. «Está mejor. Puede hacer ejercicio. Ahora están todos juntos. Se tienen los unos a los otros», afirma. «Con algo te tienes que contentar. Hay que vivir», prosigue.

Mientras todos se van reuniendo, desde la plataforma discuten con la prensa sobre el lugar más apropiado del cartel donde se recogen los días de prisión y el coste de todos estos viajes de los padres y amigos para verles. Han llegado ya a los 421.0000 euros.

Al final, deciden colocar el cartel a un lado, para que las cámaras cojan bien a toda la gente que ha salido a la calle. Al fondo de la imagen, ocho personas levantan letras mayúsculas gigantescas que forman la palabra “Justizia”. Y otros ocho solidarios alzan carteles con los rostros y nombres de pila de los jóvenes inmersos en este proceso. Solo Urkijo, condenada a dos ños, se mantiene en libertad.

Como el fiscal y las acusaciones recurrieron la sentencia insistiendo en el terrorismo, también esta joven podría acabar en la cárcel. Sus dos años podrían convertirse en 12,5 si se admite que cometió un delito de amenazas terroristas. Semejante petición de cárcel se fundamenta únicamente en una frase. Le acusan de haber dicho: «Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo, así que lo que tienes que hacer es no salir de allí». Dos años de cárcel por eso.

En principio, una revisión de la sentencia para considerar los hechos como terrorismo no parece la opción más probable. Los tres jueces que revisarán la sentencia en apelación ya fallaron también sobre la causa por los incidentes en Iruñea tras la manifestación de Errepresioari Autodefentsa. En esa ocasión entraron al fondo del asunto, como se dice en jerga jurídica, para desmontar las tesis del fiscal José Perals, que ejerce la acusación en los dos casos.

La argumentación para sostener que ambos sucesos, los de Iruñea y Altsasu, es bastante similar. Lo que Perals pretende es una interpretación del nuevo artículo del Código Penal 573 que extienda los supuestos sobre qué puede considerarse un delito terrorista. Este artículo –censurado por organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia, Right International Spain o la propia Amnistía Internacional– está empezando a aplicarse ahora y, si se interpreta en los parámetros que persigue Perals o la asociación de víctimas Covite, se corre el riesgo de que se acabe tipificando como terrorismo cualquier disidencia política radical. Este fue uno de los argumentos principales del letrado Iñigo Iruin en el juicio por incidentes tras la manifestación de Iruñea.

Las madres y los padres de los procesados de Altsasu, sin embargo, ayer no estaban tranquilos y, mucho menos, esperanzados. Todos los avatares jurídicos en torno al caso de Altsasu parecen discurrir de manera diferente. Uno de los motivos por los cuales se recurrió la sentencia es la petición de recusación de la presidenta del tribunal que juzgó a los jóvenes, Concepción Espejel. La petición de recusación de la juez se sustentaba en que es esposa de un alto mando de la Guardia Civil y, además, está condecorada por su trabajo engrandeciendo el supuesto honor del cuerpo.

Cuando leyeron este motivo, los jueces que ven el caso en apelación (Eloy Velasco, José Ramón Navarro y Enrique López) comunicaron a las defensas que ellos también tienen condecoraciones similares y que ello no cuestiona su apariencia de imparcialidad. La mayoría de los abogados defensores decidieron entonces intentar recusarles a ellos también. Pero la Audiencia Nacional decidió que no era motivo suficiente para apartar a estos tres jueces y denunció multarles a los representantes legales de los jóvenes con 600 euros por «mala fe».

Ayer, en el comunicado leído por los vecinos de Altsasu, se hacía referencia a esta multa y a estas conexiones. «Los vínculos de jueces y juezas con la Guardia Civil están omnipresentes en todo el caso. Como parte acusadora, como parte investigadora y como parte juzgadora. En definitiva, como arquitecta de todo este sinsentido», recoge el escrito. «La recusación ante semejante imparcialidad no solo fue rechazada, sino que además fue multada con 3.600 euros. Una vez más, vergonzoso para cualquier persona que crea en un estado de derecho», prosigue el comunicado leído en nombre de «el pueblo de Altsasu» ayer frente al Ayuntamiento de la localidad. En el mismo punto donde se siguen concentrando todos los viernes.

Las palabras de ayer venían cargadas de firmeza y compromiso. «En Altsasu no tenemos ninguna duda. Desde una perspectiva objetiva y ceñida a la realidad, la única decisión admisible es la libertad de todas las personas imputadas», afirmaron. «La respuesta amplia, plural y contundente nos demuestra que la sociedad no se ha creído este relato a todas luces construido. La manifestación tras conocerse la sentencia, la más concurrida de la historia de Nafarroa es la evidencia de ello. Es lo que nos da luz y calor en este largo túnel».

De nuevo, viaje a Madrid

La revisión en apelación de la primera sentencia por la pelea en el bar Koxka tendrá lugar el miércoles y el jueves. En principio, este tipo de revisiones tienen un carácter más técnico y se limitan a estudiar la literalidad de la sentencia y a contraargumentarla. Pero, nuevamente, este es un caso especial. También se escuchará a testigos. Hay un total de ocho personas citadas a declarar. En su momento, no se admitieron sus testimonios. El tribunal juzgador decidió que era innecesario escucharles en un auto de inadmisión de pruebas de forma generalizada. La mayoría de las personas llamadas a declarar el miércoles pueden corroborar el itinerario de dos jóvenes a lo largo de la noche antes de llegar al bar Koxka. Aunque también hay una testigo ocular de los hechos a la que Espejel se negó a escuchar.

Ya en el apartado más técnico, mientras el fiscal y las acusaciones particular y popular (Covite) buscan recuperar la idea del terrorismo, los abogados defensores buscan la absolución o, en su defecto, una rebaja de las penas. Los jóvenes encarcelados se enfrentan a penas de 13, 12 y 9 años por acumulación de delitos de «atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas». Todas estas penas están en su grado máximo. Se intentará, por tanto, eliminar algunos de los agravantes que los jueces emplearon para castigar con el máximo fijado en el Código Penal.

Uno de los agravantes más discutibles es el de discriminación. Los jueces consideraron que la Guardia Civil es un colectivo discriminado, equiparándolo a una minoría étnica. Y lo hacen en función de la ideología que atribuyen a los procesados, cuando lo formal es que la agravante de discriminación se aplique en función de las características de la víctima y no de las del presunto agresor.

Otro de los puntos que se combatirá es el concepto de coautoría. Algunos de los jóvenes han sido condenados por las lesiones que tienen personas a las que la sentencia afirma que no pegaron. Los jueces entienden que actuaron de común acuerdo para todo, pero esta afirmación resulta discutible.

La defensa de Ramírez de Alda, en concreto, también discute el hecho de que el joven estuviera en el lugar esa noche. De hecho, el escrito de la sentencia no acredita su presencia esa noche, sino que se limita a decir que las evidencias de que no estaba allí (llevaba otra ropa que la descrita esa noche, su madre asegura que estaba en la cama) no son concluyentes al cien por cien.

Resulta complicado hacer una estimación sobre cuándo se dará a conocer la sentencia del tribunal de apelación. Pueden tardar meses o solo semanas. En cualquier caso, es bastante probable que después haya un recurso ante el Tribunal Supremo. Estos recursos en apelación son una figura jurídica relativamente nueva, creada como forma de descargar de trabajo al Supremo. Pero en juicios donde hay en juego tanto como en este caso, tanto desde un punto de vista humano para las familias como desde el punto de vista político por parte de las acusaciones, raro es que una de las partes no quiera llevar la pelea hasta el final.