Consensos y coherencia para combatir la injusticia

En el contexto del conflicto, la política penitenciaria aplicada a los presos y presas vascas por los estados español y francés ha degenerado desde el punto de vista de los derechos humanos y las libertades. No solo es que la venganza y el castigo ejemplarizante se hayan transformado en norma; es que tanto las condenas como el tratamiento penitenciario han perdido toda coherencia, cediendo terreno a la arbitrariedad, la parcialidad y la desproporción. Todas ellas son características de la injusticia.

Esta es una premisa básica sobre la cuestión de los presos y presas políticas vascas hoy en día: se les están aplicando las leyes de manera injusta. Por inercia, por ventajismo o por crueldad, pero es así. De aquí se derivan otras evidencias, como por ejemplo que la resolución de esta injusticia debe buscar un impulso general y coherente, que vaya más allá de la política actual de «una de cal y otra de arena».

Si al otro lado no hay políticas de estado –vistas las urgencias y los problemas estructurales que los aquejan, en algún caso ni siquiera está claro que en este momento haya Estado que pueda ocuparse con sentido e inteligencia de temas como este–, en el lado vasco debería haber consensos básicos que marquen posición común y agenda en base a los derechos humanos y la convivencia, que articulen respuestas a las injusticias y busquen alternativas.

La idea de que este tema corresponde solo a la izquierda abertzale es una majadería. Su responsabilidad está clara y la está cumpliendo. Este tema debe ser parte de la agenda vasca. El ejemplo de Ipar Euskal Herria y, en particular, del lehendakari Jean-René Etchegaray demuestra que se pueden cambiar las cosas. Hay que empezar por llamarlas por su nombre. «De no ser vasco, estaría en libertad», denunciaba esta misma semana en torno a Xistor Haranburu. Actuar con coherencia respecto a lo que se ha defendido durante estas décadas ya es un gran avance. Incluso para quienes han defendido políticas como las del alejamiento en otros tiempos o han apoyado el endurecimiento de las leyes.

Recordar cómo se ha llegado hasta aquí

El desarrollo de los acontecimientos políticos en Euskal Herria, mucho más aún tras la decisión de ETA de deshacerse en mayo de 2018, convierten la situación de los presos y presas en extemporánea y grave desde el punto de vista de los derechos humanos.

Esta política penitenciaria, basada en una visión antiinsurgente, bélica y limitadora de derechos, se ha desarrollado durante décadas de manera sistemática, tanto por gobiernos de derecha como de izquierda. El contexto geopolítico general, marcado por el 11S y la «guerra contra el terror», no ha promovido precisamente una visión humanista del Derecho.

En el caso español, el PSOE tiene una especial responsabilidad en una deriva legislativa que ha convertido la excepcionalidad jurídica en normalidad. Desde 2011, tras el anuncio de ETA del cese de su actividad armada, el PP renunció a apostar por la paz y la convivencia e hizo de este tema bandera. Rajoy mintió sobre ETA desde el principio hasta el final. Condicionó la política penitenciara a la desaparición de la organización vasca. En esto también mentían.

En el caso francés, se ha paralizado el seguidismo que había de la posición española. La ya mencionada interlocución vasca ha desarrollado una labor intensa y efectiva. Con todo, el peso de los securócratas en París y en Madrid sigue siendo llamativo. Sus presiones son interesadas y sus argumentos estrambóticos.

Con presos no hay normalidad posible

Hoy en día los únicos derechos humanos que se están vulnerando en el contexto del conflicto vasco son los de los presos y los de sus familiares. Según mejora su situación, tanto en distancia de sus casas como en condiciones y grados, baja la probabilidad de situaciones indeseables para todas las personas que defiendan los derechos humanos. A su vez, alargar en el tiempo esta injusticia colectiva e individual acrecenta los riesgos.

En este contexto, el proceso contra 47 personas por defender los derechos de los presos es un amenaza seria contra la paz y a la convivencia. Euskal Herria no será un país normal mientras tenga personas en la cárcel por motivos políticos. Dilatar indefinidamente ese horizonte es hipotecar la política vasca. Esto requiere una política compartida, coherente y sostenida.