«Derrocar el régimen del 78 vendrá de la alianza entre los pueblos del Estado»

Mireia Vehí (Vilafant, 1985) encabezará el 10N la primera candidatura de la CUP en unas elecciones al Congreso, con el objetivo de poner encima de la mesa la amnistía, la autodeterminación y el fin de la represión política. Pese a los riesgos de la cita, Vehí cree que el escenario de excepción, marcado por la próxima sentencia del TS, hace necesario un altavoz que impugne abiertamente el régimen del 78.

La CUP concurre por primera vez a unas elecciones al Congreso y el Senado, cuando en la convocatoria del 28 de abril afirmaba que hacerlo suponía legitimar el marco político español. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Cuando se convocaron esos comicios en abril, en la CUP decimos que nuestra prioridad era fortalecer el movimiento. Pero, a raíz de lo acontecido a posteriori, hemos observado que el conflicto catalán ha llegado definitivamente al Congreso y al Senado. Y esto es positivo, pues demuestra la capacidad del independentismo de trasladar sus aspiraciones a estos espacios.

¿Pero el contexto de excepcionalidad ya existía, no creen?

El análisis es el mismo, pero las circunstancias han variado de forma sustancial. De entrada, vemos que ERC apuesta por facilitar la investidura de un PSOE decidido a apuntalar el régimen del 78. En segundo lugar, nos encontramos con que no existe una izquierda española capaz de rechazar sin matices el artículo 155. Y por último, que la represión se ha extendido hasta la misma militancia de base. Ante este panorama, la CUP ha optado por participar en las elecciones del 10N.

¿Por qué no se ha explorado repetir la fórmula del Front Republicà?

Front Republicà viene de un acuerdo entre Som Alternativa, Poble Lliure y los Piratas. Ahora, en cambio, la propuesta surge de la misma CUP y solo falta ver cómo encajarán en la candidatura –que se llamará CUP-Per la Ruptura – las formaciones que se encuadran en la Crida Constituent, el esquema con el que trabajamos en el Parlament. No se excluye a nadie, pues Som Alternativa ya se descartó en el momento en que nosotros anunciamos la intención de tener lista propia.

Más allá de denunciar los abusos del Estado, ¿qué se puede hacer en Madrid?

Somos conscientes de que las instituciones formales siempre perjudican a la clase trabajadora, pues están encorsetadas por una legislación que dificulta cualquier avance en el terreno de los derechos, como lo reflejan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entendemos que, si no hay un contrapoder organizado, las limitaciones son evidentes. Aun así, vista la deriva antidemocrática y la regresión en materia de libertades básicas, tenemos la oportunidad de socializar nuestro discurso. Un discurso que, por silenciamiento mediático, no ha llegado al conjunto de los pueblos del Estado.

¿En el actual contexto hay margen para que la izquierda independentista encuentre nuevas complicidades?

Estamos convencidos que derrocar el régimen del 78 vendrá de la alianza entre los pueblos del Estado, dónde mucha gente entiende que Catalunya batalle por la autodeterminación y comparte que la monarquía, la represión y el Íbex 35 suponen un enorme perjuicio para las clases populares. Si avanzamos en esa alianza fraternal, ya nos daríamos por satisfechos.

¿Así pues, el Congreso será, ante todo, un altavoz para hacer pedagogía?

Sin duda, porque vista la actitud del PSOE, no confiamos hacer políticas transformadoras ni que el gobierno Sánchez ponga sobre la mesa una negociación dialogada al conflicto. Si vamos al Congreso es para lanzar una triple reivindicación: la amnistía, la autodeterminación y la garantía de todos los derechos. Y en este sentido la desobediencia civil entra de lleno, tanto para defender la vivienda, el feminismo, como para lograr todos y cada uno de los derechos que la sociedad demande.

De momento, este planteamiento apenas cuenta en Madrid con el apoyo de las fuerzas soberanistas.

Sin duda. Ya nos hubiera gustado que, ante las cargas del 1-O y el mensaje del Rey dos días después, los pueblos del Estado se hubieran levantado contra el régimen. El problema es que, más allá de Anticapitalistas, no hay una verdadera izquierda dispuesta a defender el feminismo, el ecologismo o el derecho a decidir con todas sus consecuencias.

¿Si la derecha avanza, es porque la izquierda no es valiente a la hora de plantar cara al poder?

Así lo demuestran los resultados en muchas comunidades. Costas Lapavitsas, intelectual de referencia, lo explica cuando dice que la extrema derecha vence en la mayoría de países europeos por la incomparecencia de una izquierda que enmienda el proyecto que hoy representa la Unión Europea.

¿Entrar en la dinámica parlamentaria y votar al lado del PSOE en determinados temas, no les puede asimilar a la normalidad parlamentaria?

Los riesgos están justamente en que la institución absorbe nuestras energías. Y eso no lo podemos permitir, aunque tenemos la suerte de que en los Països Catalans hay un movimiento popular que siempre recuerda a la izquierda independentista, y a la CUP en particular, que su función es canalizar y servir sus demandas.

¿Qué efecto rebote puede tener en Catalunya su actuación en el Congreso?

Entendemos que la amnistía, la autodeterminación y los derechos básicos son aspectos que toda la izquierda catalana tiene que compartir. No pedimos ni el socialismo ni la nacionalización de servicios, que es nuestro proyecto político, sino conquistas básicas para las clases populares –hoy rotas por la crisis que padecen los Països Catalans– y un derecho colectivo reconocido en la legislación internacional e, incluso, por determinadas lecturas que se hacen de la Constitución. La pregunta se tendría que formular a la inversa: ¿:Los Comuns y otras fuerzas serán capaces de desmarcarse de estas demandas?

La semana pasada ERC propuso a la CUP y JxCat un acuerdo de mínimos para actuar conjuntamente en el Congreso y el Senado. ¿Qué opinión les merece?

Si existe un acuerdo debe producirse en torno a la autodeterminación y la denuncia de la represión, y así lo planteamos en su momento en el Parlament. Pero de ninguna manera puede contener una agenda programática cuando la praxis del Govern de Quim Torra se distingue por leyes y otras medidas que venden el país a trozos.

Parece que la espiral represiva ha situado al independentismo en un terreno cómodo para el Estado, pues el eje del discurso ya no gravita sobre la construcción de la República. ¿Están de acuerdo?

Aparentemente la represión implica entrar en una fase reactiva. Pero cuando la CUP lanza la propuesta de amnistía lo plantea vinculándola al derecho a la autodeterminación. A diferencia de la lectura que hacen ERC y JxCat, decimos que la amnistía implica el olvido del delito, lo cual equivale a legitimar el ejercicio de decidir.

¿Es posible que algunas fuerzas acepten la amnistía a cambio de que Catalunya aparque sus reivindicaciones?

Puede existir esta propuesta, pero a nivel dialéctico supone una contradicción, pues insistimos: la amnistía siempre conlleva una solución política. Así sucedió en la Revolución francesa o en la ley de amnistía que Argelia aprobó en 1962. Una vez admitida, abre la puerta para que se resuelva el conflicto en clave democrática; y en el caso de Catalunya, significa permitir la libre determinación del pueblo catalán.

Para llegar a este escenario apuestan por «volver a hacer el 1-O para hacerlo mejor». ¿No fue suficiente?

El 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil sin precedentes, pero no obtuvo el mandato democrático para que el Estado reconociera nuestra autodeterminación. Nosotros decimos que hay que continuar practicando la desobediencia de forma masiva y en todos los terrenos, porque construye una subjetividad colectiva de poder popular y porque, cuanto más se intensifica, más debilita un régimen que intenta cerrarse por arriba.

¿Y cómo se tiene que materializar esta desobediencia?

El 1 de octubre ya fue una expresión de ella, cómo también lo fue la insumisión hace 30 años, la okupación o las acciones que evitan los desahucios. Sabiendo que no estamos en una fase resolutiva, y que el Estado se siente fuerte con el apoyo de la Unión Europea y las elites económicas, hemos de profundizar en estos actos y, a la vez, generar institucionalidad propia.

¿En qué se tiene que traducir?

Una vía es fomentando la economía social y solidaria, que ya representa un contrapoder, pero también creando una Asamblea de cargos electos que algún día asuma el control de la gestión pública y el territorio.

¿Si la CUP no obtiene representación en el Congreso, podrá quedar debilitada como proyecto político?

Quedaría debilitada, aunque la CUP va más allá de la actividad institucional. Es también y sobre todo un instrumento de cambio que desarrolla su tarea en los barrios, en el ámbito cooperativo o cuando algún movimiento pide apoyo a sus representantes. Veremos qué ocurre el 10 de noviembre.