No se pueden tener derechos bajo suspensión indefinida

El año termina con varias llamadas de atención sobre la situación que viven los y las presas políticas vascas. Es una situación preocupante, en algunos casos urgente. Sin embargo, la ansiedad no ayuda en nada. Hay que marcar objetivos y lograrlos. La dinámica que concluye –o comienza, según se mire– con las manifestaciones gigantes de comienzo de año, que en esta ocasión tendrán lugar el 11 de enero en Bilbo y Baiona, empuja a hacer balance.

Los actos sociales y culturales de estas fechas, como por ejemplo los coros populares acompañados por artistas que pueblo a pueblo han entonado versiones de la emblemática canción “564” de Hertzainak, o el Hatortxu celebrado anoche en Atarrabia, ofrecen también un contexto para reflexionar sobre la cárcel, los derechos humanos, la excepcionalidad jurídica, la solidaridad o la escasa voluntad política. Existe además una necesidad común de no dejar hipotecas traumáticas a las siguientes generaciones. No se puede hacer de la crueldad bandera. El cambio de década hace sentir más clara la obligación comunitaria de limpiar el camino para definir los nuevos acuerdos y conflictos que marcarán la etapa histórica iniciada con el fin de la violencia de ETA.

Evidentemente, algunos tienen interés en bloquear la situación. Solo el ventajismo que ofrece el statu quo y la impunidad de uno de los bandos en conflicto, una sed de venganza que solo se podría entender en víctimas directas de la violencia –pero que en ningún caso pueden determinar las políticas públicas ni la justicia–, o una ideología contraria a los derechos humanos pueden imposibilitar una reflexión honesta sobre los presos.

Conciencia de la situación y perseverancia

Sería falso decir que nada ha cambiado en las cárceles en este tiempo; pero sería necio afirmar que los cambios ocurridos –algunos de ellos inevitables, como las excarcelaciones con las condenas cumplidas hasta el último día–, acompañan ni a la velocidad ni a la profundidad del resto de cambios sociales, de la situación política general y de las prioridades que tiene la sociedad vasca para poder avanzar.

Quedan 246 presos en un colectivo que sufre condenas equivalentes a cadenas perpetuas; personas con problemas de salud y con una media de edad cada vez mayor; alejadas de sus casas como castigo añadido, pero muy vinculadas a sus familias y a su comunidad, que sufren también esta situación, en especial los y las menores; pendientes de una política desnortada y a merced de la voluntad de unas estructuras pensadas para la venganza, no para la reincorporación a la sociedad.

Antes de nada hay que asumir que nada ha sido como se imaginaba nadie. En esta década ETA y el movimiento independentista vasco respondieron a cada una de las sugerencias y peticiones de la comunidad internacional. El Estado español a ninguna y el francés a más bien pocas. Pensaban que así lograrían humillar y derrotar a la otra parte, pero ningún indicador sociopolítico les da la razón, y eso les vuelve más rencorosos. Nada ha respondido a los patrones conocidos en la resolución de otros conflictos armados. Hay que constatar de nuevo que los mandatarios españoles han mentido una y otra vez. El PP dijo que en el momento en el que se deshiciese ETA cambiaría la política penitenciara. Mintió, y el PSOE no le ha enmendado hasta ahora.

En una extensa entrevista que conviene releer, abogados de los presos políticos vascos exponían esta semana las trabas, los límites y las perspectivas de su trabajo. Haizea Ziluaga, Iñaki Zugadi y Txema Matanzas destapaban las mentiras y las excusas para no atender a cuestiones de humanidad, de derecho o de realidad política. Recordaban que la forma en la que degeneró la política de excepcionalidad hace perder la perspectiva sobre lo injusto y arbitrario de esta situación. Explicaban que no ha habido un cambio de política penitenciaria más allá de movimientos puntuales, que no parece que exista un plan para responder a esta nueva fase, que hay un diseño por etapas pero que estas no avanzan con normalidad. Hacen falta paciencia, perspectiva y tenacidad. Y concertar la labor jurídica con la institucional y la presión de la sociedad civil. Algo que ya ha dado resultados en Ipar Euskal Herria, pero que ahora alertan de que puede estar en riesgo por presiones de los securócratas.

Alargar este escenario en el que los derechos de los y las presas vascas están bajo suspensión no es viable ni humana ni políticamente. La ciudadanía vasca merece tener la perspectiva real de ser una sociedad sin presos.