Bens y Zaldibar; dos desastres iguales ¿con las mismas consecuencias?

La avaricia privada y el descontrol público reventaron el vertedero de A Coruña en 1996, igual que el de Zaldibar en 2020. Hay cosas que aún pueden evitarse, como la impunidad o la contaminación posterior.

El pasado 6 de febrero, la noticia del derrumbe de Zaldibar activó inmediatamente la memoria colectiva de Galicia: en su caso ocurrió en plena A Coruña, sobre el barrio costero de O Portiño, una mañana de setiembre de 1996, también con efectos trágicos por la desaparición de una persona. El vertedero de Bens reventó literalmente por la presión de toneladas y toneladas de residuos acumulados sin control.

Lo que va trascendiendo de Zaldibar aumenta las similitudes entre las dos catástrofes. Merece analizarse también la gestión posterior; ya que no se aprendió de las causas, quizás todavía podría aprenderse de las consecuencias.

La avaricia hizo reventar el monte; aquí, aún más. Comenzando por los hechos objetivos, Bens guardaba bastantes menos residuos que Zaldibar: un millón de toneladas en total, que es el volumen que Verter Recycling acumuló solamente en los dos últimos años (2018 y 2019) de los nueve en que ha estado operativo. Se calcula que allí se desplomaron por la ladera 100.000 de aquellas toneladas. Aquí han sido medio millón de metros cúbicos, que no pueden convertirse a toneladas sin saber la densidad del material pero seguro suponen mucho más, quizás hasta multiplicarlo por cinco.

La acumulación de residuos sin control fue el detonante: se publicó posteriormente que en Bens se había enterrado en cal viva hasta a un elefante muerto en el circo. Por ahora, en Zaldibar nadie admite certezas sobre qué se ha llegado a depositar.

La falta de compactación adecuada y los lixiviados del fondo fueron la causa probada del deslizamiento en Bens y esa es también la aún hipotética pero cada vez más expresa en Zaldibar (esta semana apuntaba a ello el diputado guipuzcoano de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, en las Juntas de Gipuzkoa).

Otro punto común: la ubicación facilitó los dos desastres. Curiosamente en ambos casos la pendiente que recorrieron los residuos fue de unos 130 metros. Hasta el mar en el caso de O Portiño y hasta la AP-8 en el de Eitzaga.

En A Coruña las autoridades lo sabían, ¿en Zaldibar no? El temor a un desastre era patente en ambos lugares para los trabajadores y la empresa. En Galicia no hay duda de que también las autoridades eran bien conscientes. Dos datos: cuatro años antes (1992) el Ayuntamiento de A Coruña dispuso una partida presupuestaria para levantar un muro de contención en la zona, que luego no se ejecutó por cuestiones no aclaradas, y en 1994, en unas jornadas medioambientales del Concello, expertos alertaron del riesgo de deslizamiento.

El Gobierno de Lakua insiste en que no tenía dato alguno del peligro de derrumbe y que no es preceptivo un control público de la estabilidad del vertedero, más allá de revisar los informes de parte presentados por la empresa. Sin embargo, no se ha explicado suficientemente por qué el 21 de enero, apenas 16 días antes de la catástrofe, en una reunión Medio Ambiente-Verter el tema estuvo sobre la mesa y los responsables del vertedero presentaron un estudio de una geotécnica que además carecía de conclusiones, según dijo al Parlamento el consejero Arriola.

Ferogasa y Verter campaban a sus anchas. En el caso vasco, el Gobierno de Lakua sitúa toda la responsabilidad en la empresa y se escuda en que por ejemplo no hay limitaciones legales al ritmo de vertido (desmesurado hasta devenir en letal en Zaldibar). En la inspección del pasado año se detectaron 23 irregularidades, pero el expediente no ha tomado carácter sancionador hasta después de la tragedia. Y entre tanto se van haciendo públicas las conexiones empresariales o personales entre responsables de la empresa e institucionales.

También en A Coruña Ferogasa tuvo las manos demasiado libres. La razón puede estribar en que Bens no solo tragaba todas las basuras de la ciudad y su entorno (unas 500.000 personas en total), sino que era pasto de un sistema de economía sumergida para los cerca de 300 habitantes del poblado de O Portiño, dedicados muchos de ellos al comercio de chatarra o a subsistir con los excedentes alimentarios (‘Los parias de Bens’ los llamó un reportaje de ‘La Voz de Galicia’ en 1992).

En 1993, un proceso judicial por un incendio en el vertedero que duró varios días y provocó ya un derrumbamiento dejó en evidencia que Ferogasa incumplía las condiciones, al no compactar adecuadamente las basuras... y que el Consistorio coruñés miraba para otro lado.

No hubo condenas en Galicia, ¿puede no haberlas en Euskal Herria? Esta derivada judicial es especialmente preocupante teniendo en cuenta el antecedente gallego. Un juzgado de A Coruña comenzó imputando a tres responsables de la empresa y a dos del Ayuntamiento por el descontrol que llevó al desastre. Pero el caso fue archivado finalmente al determinarse que no estaba probada imprudencia por ninguna de las dos partes y que tampoco se constataban daños para el medio ambiente.

Instituciones como el Instituto de Oceanografía, la Consellería de Pesca o el Centro de Calidad del Medio Marino hicieron informes que llevaron a la jueza a concluir que el desastre «no ha perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, tanto en tierra como en el mar». La familia del hombre desaparecido, como acusación particular, lo recurrió pero sin resultado. Y denunció que todas las diligencias propuestas se habían desestimado.

Por Zaldibar se han abierto diligencias previas en un juzgado de Durango, que obviamente están bajo secreto total. Se sabe que el Gobierno Urkullu ha remitido información sobre Verter a la Fiscalía. Diputación de Bizkaia y cuatro ayuntamientos de la zona también han avanzado que se personarán en el caso, pero hay numerosos antecedentes de que este paso se da realmente para tener acceso al proceso y defenderse más que acusar. El tiempo dirá qué papel real juegan las instituciones.

Bens; parque sí, pero lixiviados también. Uno de los aspectos más sorprendentes del caso de Bens es que el vertedero todavía siguió abierto un cierto tiempo, tras haberse estabilizado la ladera, algo que aún no se ha logrado en Zaldibar. El olor pestilente y la sensación de picor que se extendió por toda la ciudad se habían diluido unas semanas después, pero el sellado y clausura definitivas no se materializaron hasta entrado este siglo, cinco años más tarde.

El relato político construido por el PSOE tras esa tragedia (A Coruña estaba gobernada por su «barón» Francisco Vázquez, a modo de islote en territorio PP) apunta a que la catástrofe sirvió para impulsar políticas de reciclaje, verdes. Efectivamente en Bens la escombrera dio paso a un gran parque y en otro punto se construyó la moderna planta de gestión de residuos de Nostián. Pero ni uno ni otro han sido tan bonitos como se pintan...

Según han denunciado colectivos ecologistas, en 2016 (ya habían pasado 20 años) en el antiguo vertedero volvieron a detectarse incrementos de niveles de lixiviados, por la degradación de los antiguos residuos. Ello volvió a generar dudas de estabilidad, hasta el punto de que el Ayuntamiento encargó un informe y anunció un plan de más de un millón de euros. En 2017 aún no se podía acceder a algunas zonas del parque en que los residuos continuaban con su proceso de degradación subterránea.

Por lo que respecta a Nostián, también ha llovido sobre mojado: en 2017 la Xunta abrió expediente sancionador a la empresa por no haber sellado bien el vertedero anexo.

¿Y en Euskal Herria? Es muy pronto para saber cómo se actuará en ese paraje de Eitzaga. Por lo que respecta a los residuos, esta semana tanto Medio Ambiente de Lakua como la Diputación de Gipuzkoa ya han insinuado a su modo (con eufemismos como «valorizar») la tentación de potenciar la incineración. Por cierto, en la planta de Nostián y el complejo de Zubieta aparece la misma concesionaria: Urbaser, en aquel caso a través de su filial Albada.

Joaquín Serantes nunca apareció, tras una tragedia que pudo ser mucho peor. Lo más dramático en ambos casos es la pérdida de vidas humanas. El derrumbe de Bens se llevó por delante la de Joaquín Serantes López, un hombre de 58 años al que testigos vieron en la zona lavando su coche y quedó sepultado. Nunca fue hallado, tras un desplome que cabe recordar que enterró casas de O Portiño o barcas de la pequeña cala cercana y llegó hasta el mismo mar.

A Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán se les busca, un mes después, entre las toneladas de basura. Intentaron huir y no tuvieron tiempo, al contrario que los vecinos de O Portiño que recuerdan cada aniversario que aquel día «corrimos más que Usain Bolt». En ambos sitios pudo ser todavía mucho peor. En Zaldibar se temió en los primeros momentos por la vida de siete trabajadores y ningún vehículo que circulaba por la AP-8 fue alcanzado por los residuos. En O Portiño no había «parias» aquella mañana buscando entre la montaña de basuras.