Un paso por delante para impedir el archivo de casos por corrupción

El «caso Alonsotegi Eraikiz» no es un proceso más. La acusación popular que ejercen ediles de EH Bildu ha logrado, gracias a un giro procesal, que los seis investigados por corrupción –entre ellos, dos exalcaldes del PNV– vayan, a pesar de un plantel de prestigiosos penalistas, a ser juzgados en la Audiencia de Bizkaia por un jurado popular.

En 2015, por impulso del PP, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto su artículo 324, para la «agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales». Así se estableció un plazo de 6 meses para realizar toda instrucción. Si en ese medio año no se solicita prórroga, o se declara la complejidad de la causa, la única posibilidad es el sobreseimiento. Si se concede prórroga, esa moratoria se puede ampliar hasta un máximo de 36 meses.

Aunque inicialmente no se puso de manifiesto, la finalidad de la reforma legislativa promovida por el ministro Rafael Catalá era llevar al archivo los casos de corrupción, garantizando la impunidad de corruptos, tal y como ha pasado con diferentes procedimientos. Son numerosos los ejemplos de las consecuencias de esta «ley de plazos» que tiene los días contados, pues ha comenzado ya la tramitación para su derogación. Hace un lustro, más de 850 fiscales advirtieron de que la nueva redacción podía crear «espacios de impunidad», al limitarse el tiempo para aportar pruebas.

Tras seis años de instrucción del “caso Alonsotegi Eraikiz”, todo apuntaba a que los seis investigados iban a poder escapar de ser juzgados por la gestión de la extinta sociedad urbanística municipal, que generó un agujero patrimonial de 15 millones de euros al Consistorio.

Al no haber solicitado el fiscal la prórroga ni la declaración de complejidad de la causa, la acusación popular propuso el sobreseimiento por prevaricación y mantuvo las otras cinco imputaciones. Acusa a los exalcaldes jeltzales Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, el arquitecto-asesor Alberto Zulueta, el exgerente de Alonsotegi Eraikiz Irkus Palacio, así como a las consejeras Ainhoa Varona e Iratxe Larringan, de los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, así como negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Además, el letrado Iñigo Santxo pidió la transformación del procedimiento en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, porque los plazos de instrucción que en 2015 se modificaron no le afectan.

La petición fue apoyada por la Fiscalía mientras los letrados que defienden a los investigados –entre los que se encuentran Txema Montero, Javier Beramendi, Jesús Urraza y Haizea Rojo– clamaron al cielo, diciendo que era fraude procesal, que la acusación popular estaba buscando una solución a la desesperada. Sus alegatos no impidieron que el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo acordase denegar las solicitudes de sobreseimiento libre y archivo de la causa, decisión que ha ratificado recientemente la Audiencia de Bizkaia.

De nada le van a valer al PNV las demoras en lo que va a ser el juicio por corrupción más importante de los celebrados en Bizkaia tras el fiasco de Karrantzako Minda, en el que se condenó el concurso de la planta de purines, con otro fiasco millonario para las arcas públicas. Dos casos, uno por la vía penal y otra por lo mercantil, que tuvieron como aperitivo informes de fiscalización demoledores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

En el más reciente, el que tiene como epicentro a la localidad natal de Iñigo Urkullu, su partido viene defendiendo desde el inicio del proceso judicial que en Alonsotegi Eraikiz «no hay ni enriquecimiento, ni financiación ilegal, ni saqueo de las arcas públicas, ni robo, que es lo que abarca la corrupción». Lo cierto es que la nefasta gestión emprendida por Martínez de Arenaza, luego premiado con la dirección foral de Turismo y ahora en una empresa de la órbita del PNV, ha salpicado a tres alcaldes. Un breve repaso a los distintos sumarios muestra que aquel descomunal agujero patrimonial para las arcas de un pequeño ayuntamiento empujó a los gestores jeltzales y a sus asesores a falsear certificaciones de obras para captar subvenciones y ayudas públicas con las que tratar de ocultar el fiasco.