Un tribunal contra la ley, el sentido común y la realidad

El despropósito se ha consumado. Ayer el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional que vuelva a juzgar a los cinco del “caso Bateragune”, que ya cumplieron hasta seis años y medio de cárcel por la primera pena, anulada este verano después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo considerase vulnerado el derecho a un juicio justo.

Podemos pasar horas repasando la lista de despropósitos, empezando por el dudoso papel de la Fiscalía –¿quién manda ahí?–. Podríamos seguir recordando que la repetición del juicio va en contra de un principio jurídico tan fundamental como el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Va en contra de lo decidido en dos ocasiones por la propia Audiencia Nacional. Va en contra de lo que dice el TEDH, que contempla reabrir el caso, como vía de reparación, solo si los afectados lo piden –obviamente, no lo han hecho–. Va en contra de todo principio de realidad: por mucho que el primer juicio fuese anulado, los seis años y medio de cárcel que los acusados sufrieron siguen siendo bien reales. Y es que va incluso en contra del criterio del propio Tribunal Supremo, que en 2017 acordó una sentencia rechazando volver a juzgar un caso que el TEDH había invalidado. ¿La razón? «Supondría una lesión al derecho a no ser enjuiciado dos veces por un mismo hecho». Firmado, Manuel Marchena.

Todos estos argumentos jurídicos, perfectamente válidos, chocan con la realidad de un juicio político donde la ley pasa a un segundo plano y el Estado de Derecho se trasviste en derecho de Estado. Constatada la decisión política de volver a juzgar, más allá de todo reparo jurídico, a cinco dirigentes clave en la apuesta exclusiva por las vías pacíficas y democráticas, el debate y la atención debe ponerse en la respuesta clara, contundente y transversal que el conjunto de este país debiera ser capaz de articular en defensa de un escenario democrático en el que todos los proyectos políticos sean defendibles y realizables.