El TEDH pide la liberación de Navalny pero Rusia afirma que contradice su legislación

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reclamado a Rusia que ponga en libertad «con efecto inmediato» al opositor Alexei Navalny. Rusia, sin embargo, lo considera «una intromisión» contra su soberanía y señaló que «no puede» cumplir lo dictado por Estrasburgo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido «con efecto inmediato» la liberación del opositor ruso Alexei Navalny, argumentando «riesgos para su vida». En ese sentido, recuerda que los estados miembros de la Convención de Derechos Humanos «tienen la obligación de respetar» las medidas provisionales que pronuncia el tribunal.

Sin embargo, el Kremlin se apresuró ayer a rechazar la petición. «Es algo sin precedentes por muchas razones. Primero, es una clara y burda injerencia en el funcionamiento del sistema judicial de un país soberano y, segundo, es una reclamación infundada e ilegítima», apuntó el ministro de Justicia, Konstantín Chuichenko. A su juicio, la demanda del TEDH no cita «ninguna prueba, ni ninguna norma que permitirían al tribunal tomar la decisión» de liberar al opositor. Además, señaló que la petición no puede cumplirse porque «de acuerdo con la legislación rusa, no hay motivos legales» para ello.

En su decisión, el TEDH subraya «la naturaleza y el alcance del riesgo para la vida del demandante, que, a priori, queda demostrado». La petición del TEDH es una medida provisional, mientras se analiza la demanda de forma más detallada.

Navalny fue detenido el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú a su regreso de Alemania, donde estuvo ingresado en un hospital por «envenenamiento». La Justicia rusa le impuso hace dos semanas una pena de tres años y medio por no personarse ante la autoridad en relación con un caso anterior.

Antes de ese juicio, los abogados de Navalny presentaron ante la Corte europea una demanda contra Rusia. Al mismo tiempo, entregaron una petición de medida cautelar sobre su detención.

El Tribunal de Estrasburgo solicitó el 21 de enero al Ejecutivo ruso información sobre «si ha persistido el riesgo» para la vida de Navalny. El Gobierno ruso respondió e indicó que Navalny estaba detenido en un establecimiento «correctamente vigilado» y defendió que el solicitante tenía acceso a comunicaciones, llamadas telefónicas y que había sido visitado por sus abogados y miembros de la comisión de vigilancia pública en varias ocasiones. En las observaciones presentadas por Navalny como respuesta, indicó que los argumentos gubernamentales «no ofrecen garantías para su vida y su salud», extremo aceptado ahora por el tribunal.