Ley histórica para las lenguas minorizadas

La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer la Ley de Protección Patrimonial y Promoción de las Lenguas Regionales sin cambios con respecto al texto aprobado en el Senado el pasado diciembre, por lo que entrará en vigor inmediatamente. La norma salió adelante con un importante respaldo de los diputados, a pesar de que el partido que apoya a Emmanuel Macron, La République en Marche y los comunistas se posicionaron en contra. La animadversión centralista hacia otras lenguas del Hexágono parece que no es mayoritaria entre los parlamentarios electos.

La norma aprobada ayer es histórica por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que la enseñanza en otras lenguas tendrá un sostén jurídico en el Estado francés, superando el actual estatus «experimental». Así, la ley regula la inmersión lingüística hasta el punto de que en la enseñanza pública los estudiantes podrán estudiar solamente en su propia lengua, sin que ese modelo pueda ser considerado inconstitucional. Por otra parte, la nueva norma obliga a los ayuntamientos a financiar a aquellos estudiantes que tengan que desplazarse a otros municipios en caso de que en su localidad no haya un centro que ofrezca enseñanza en su lengua. Por último, la ley contiene otros aspectos, como el hecho de que las lenguas minorizadas sean registradas como patrimonio, la defensa de grafías especiales en los nombres propios –la ‘n’ con virgulilla del bretón y del euskara y la ‘í’ con tilde del catalán–, así como la legalización de los carteles informativos bilingües en calles y edificios administrativos. Cuestiones que pueden considerarse menores, aunque con un importante peso simbólico, y que han suscitado vivos debates entre las fuerzas centralistas, defensoras cerriles de la uniformidad.

Una norma que reconoce la diversidad lingüística y que considera parte del patrimonio común a las lenguas minorizadas supone un importante avance. La puesta en práctica de la ley dará la medida del alcance real del cambio.