Los presos también tienen derecho a la salud

Un artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide a los países europeos que vacunen contra el coronavirus a las personas presas y a las que trabajan en las cárceles. El organismo internacional considera que en las prisiones existe un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad, algo evidente dada la cercanía, cuando no el hacinamiento, en un espacio cerrado. Asimismo, señala que el limitado acceso al equipamiento de protección y a las pruebas diagnósticas convierte a las cárceles en zonas de alto riego para la transmisión del covid-19. Un razonamiento que, aunque resulta obvio, no suele ser tenido en cuenta y, por tanto, es conveniente que se recuerde.

Además, la OMS subraya que en general las personas presas suelen tener una salud más precaria que el resto de la población debido, fundamentalmente, a la falta de unos servicios sanitarios de calidad, de pruebas diagnósticas rápidas y de tratamientos adecuados. Sin esos recursos, en prisión muchas enfermedades se convierten en crónicas y a veces terminan con la vida de los reclusos. Todo ello forma parte del incumplimiento sistemático del derecho a la salud de los presos. El abandono y la negligencia con que se trata la salud en prisión es algo que pueden atestiguar muchos presos políticos vascos, pero también el resto. Sin ir más lejos, el año pasado seis presos murieron en la prisión de Zaballa, donde según el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo es más fácil adquirir medicamentos sicotrópicos que drogas, debido a la falta de supervisión de los responsables sanitarios, dependientes de Lakua.

Una prisión no es un lugar adecuado para gestionar una crisis sanitaria, por eso al comienzo de la pandemia, algunos países aprovecharon para excarcelar a ciertos presos. Aquí no se aprovechó esa oportunidad, pero lo peor es que parece que las prisiones ni siquiera se consideran a efectos de vacunación. Y eso cuando está a punto de firmarse la transferencia de prisiones resulta muy preocupante.