El TSJPV anula la necesidad de saber euskara para ser policía local de Irun

Behatokia y Kontseilua censuraron ayer con dureza la sentencia publicada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que suspende los perfiles lingüísticos que se fijaron para doce puestos de trabajo para el servicio de Policía Local de Irun. El fallo considera los perfiles «discriminatorios» respecto a quienes no hablan euskara.

El TSJPV ha suspendido los perfiles lingüísticos establecidos a 12 puestos de trabajo para el servicio de la Policía Local de Irun, tras recibir un recurso contra el perfil lingüístico preceptivo, al considerar que es «discriminatorio» respecto a los que desconocen el euskera. Behatokia y Kontseilua condenaron la sentencia. La directora de Behatokia, Agurne Gaubeka, explicó que la sentencia que se acaba de dar a conocer «ataca directamente» los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Irun: «Si se van a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, para ello se necesita personal capacitado y son los trabajadores bilingües los que pueden dar servicio a todos los ciudadanos», apuntó.

Junto a ello, Gaubeka subrayó las peculiaridades de esta convocatoria: «Como hemos denunciado en varias ocasiones, teniendo en cuenta que la Policía Local presta un servicio básico y cercano a la ciudadanía, la supresión del perfil lingüístico a estos puestos condiciona totalmente el derecho de la ciudadanía a relacionarse en euskera con la policía local». En esa dirección hizo referencia a varias vivencias ciudadanas recogidas por Behatokia, donde «el insuficiente conocimiento del euskera en las relaciones con las policías locales les provoca daños colaterales o indefensión, perjudicando y condicionando incluso la propia seguridad ciudadana».

Gaubeka recordó que, según establece la ley, los ciudadanos tienen derecho a recibir el servicio en euskera: «Si anulan los instrumentos para ejercer ese derecho o subyacen a otros intereses, no será posible que los ciudadanos puedan utilizar en cualquier momento, en igualdad, la lengua propia o recibir el servicio en esta lengua».

Asimimos, entiende que «la exigencia imprescindible» para garantizar los derechos de los ciudadanos, el bienestar y la calidad del servicio es que se pueda ofrecer el servicio en euskera y que esta sentencia «pone por encima de todo eso que los que no saben euskera quieran acceder a la administración pública». En esa tesitura, considera que este precedente podría causar un perjuicio a los servicios públicos que reciben los ciudadanos de la CAV.

Por su parte, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, calificó de «intervención violenta» la sentencia: «Una vez más, quieren recordar quién tiene la última palabra en el ámbito de la política lingüística y, en consecuencia, cuando se toman medidas efectivas, recordar quién tiene la decisión final». En esa dirección considera que «la sentencia es más política que jurídica».

Estudiando cómo responder

En esa dirección, Bilbao observa «una intencionalidad política concreta» en la sentenci: «Además de frenar la normalización del euskera, el euskera es una lengua de segunda, y en consecuencia, muestra la intención de convertir a los euskaldunes en ciudadanos de segunda», añadió. «Pretende convertir los privilegios de monolingües en posibles derechos».

Por todo ello analizarán las consecuencias, «ya que podría afectar a futuras convocatorias de trabajo, y teniendo en cuenta que pide que se retire la exigencia de conocer el euskera a los policías locales que tienen relación directa con la ciudadanía, puede tener consecuencias peligrosas». Del mismo modo, informó de que están estudiando «cómo responder».