Desbocado ataque institucional del PNV al Ayuntamiento de Azpeitia

Las críticas lanzadas ayer desde el Gobierno de Lakua y la Diputación de Gipuzkoa contra el Ayuntamiento de Azpeitia estuvieron más cerca del insulto –especialmente hacia la alcaldesa– que del tono institucional que se presume que utilizan diputados forales y consejeras. «Bochorno», «nuevos ricos», «cinismo»... palabras de Arantxa Tapia.

El Grupo Gallardo Balboa, una empresa con sede en Extremadura, decidió cerrar la factoría de Corrugados Azpeitia SL en 2013. Fue entonces, después de una larga huelga mantenida por los trabajadores desde junio de 2012 hasta enero de ese año, cuando se destruyeron cientos de trabajo, directos e indirectos, en la comarca del Urola.

Conviene recordar esa fecha porque es difícil entender que ahora esas mismas instalaciones –sino en ruinas, al menos sí obsoletas– sean objeto de un agrio debate institucional.

Por tanto, han transcurrido ya ocho años, un periodo en el que la siderurgia vasca ha seguido sufriendo los vaivenes del sector a nivel mundial, a veces provocados por un exceso de oferta global y otras por la bajada de la demanda ante las sucesivas crisis económicas. Y, en la mayoría de los casos, el timón de estas empresas estaba lejos de Euskal Herria, por lo que las decisiones definitivas no se tomaron aquí.

De Azpeitia a Zumarraga

Sin salir de Gipuzkoa, otro “testigo privilegiado” de este devenir ha sido la factoría de Arcelor Mittal de Zumarraga, que puso fin a su actividad en abril de 2017. El cierre de esta planta llegó pese a la colaboración institucional entre el Gobierno de Lakua, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento gobernado por el PSE.

Pese a que Lakua llegó a presentar un plan de viabilidad para que Arcelor Mittal no cerrase la factoría, no fue suficiente. Pero sería una insensatez responsabilizar directamente al equipo de Gobierno municipal, a la Diputación o al Ejecutivo autonómico de este cierre, que provocó la destrucción de más de 500 empleos en Urola Garaia: cerca de 350 directos y 200 indirectos.

El plan de viabilidad elaborado –y financiado– por Lakua no convenció a la dirección de Arcelor Mittal, una multinacional que en 2020 tuvo una cifra de negocios de 53.300 millones de dólares (43.674 millones de euros), casi cuatro veces el Presupuesto General de la CAV para el pasado ejercicio, que fue de 11.774 millones de euros.

Y reflotar una factoría siderúrgica en estos tiempos es tarea muy difícil, sino imposible. De lo que puede dar fe el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, que hace un año seguía sosteniendo que, para él, encontrar un inversor para la antigua fábrica de Arcelor es una «máxima prioridad» y pedía al conjunto de las instituciones, especialmente a la Diputación, que realizaran un trabajo conjunto para logar ese objetivo.

A día de hoy, como sucede con la de Azpeitia, la planta siderúrgica de Zumarraga continúa cerrada. Casualmente, o no, en 2017, mientras se cerraba la planta de Arcelor, el Grupo Gallardo removía la “chatarra” en Corrugados al encargar a la ingeniería donostiarra Aiek un estudio sobre la situación de las instalaciones de Azpeitia.

Nadie creyó entonces que se trataba de retomar la fabricación de barras de acero corrugado –producto destinado al sector de la construcción–, pero sí se habló de darle un carácter oficial de almacén de chatarra ligado a esta importante actividad para el Puerto de Pasaia.

La entrada en escena de CL

En agosto del año pasado entró en juego un nuevo personaje: CL Grupo Industrial, que adquirió Gallardo Balboa. Y este conglomerado de empresas es el que ha planteado la posibilidad de retomar la actividad siderúrgica en Azpeitia, pero sin tener en cuenta que el contexto actual no es el mismo que el de 2013.

De entrada, la zona donde se ubica la antigua factoría está calificada como suelo de uso residencial en el Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado por Bildu y PNV, los dos grupos que conforman la Junta de Gobierno municipal.

Por eso, resulta difícil de entender que tanto el Gobierno de Lakua como la Diputación hayan cargado de forma tan visceral contra el equipo dirigido por la alcaldesa, Nagore Alkorta, después de que CL Grupo Industrial anunciase el lunes que desistía de su idea de reactivar la actividad siderúrgica en esta localidad, que nunca se ha plasmado en un “proyecto” que se pueda calificar como tal.

Furibundo y coordinado

El furibundo ataque orquestado durante la jornada de ayer por los representantes institucionales del PNV comenzó con la publicación, a primera hora, en la web de la Diputación de Gipuzkoa de una “noticia” en la que el diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, Jabier Larrañaga, que «la decisión del Grupo CL de renunciar a la reapertura de Corrugados en Azpeitia es ‘consecuencia directa’ de ‘la actitud de bloqueo mantenida por el Ayuntamiento y la alcaldesa Nagore Akorta durante los últimos meses’».

Poco después, en su habitual rueda de prensa semanal, fue la portavoz de la institución foral, Eider Mendoza, quien dijo que el Ayuntamiento de Azpeitia deberá dar explicaciones sobre la no reapertura de Corrugados porque estaba «únicamente en sus manos» y la planta no se reabre porque el Consistorio «no ha querido».

Y quien elevó el tono aún más fue Arantxa Tapia, ya desde Gasteiz, tras el Consejo de Gobierno que preside Iñigo Urkullu, al hablar de «malestar, tristeza y bochorno» ante la actitud mantenida por este Ayuntamiento guipuzcoano.

La consejera de Desarrollo Económico –que, desde el cargo al que accedió en 2012 ya ha asistido, ¿impotente?, al cierre de, entre otros muchas empresas, Corrugados Azpeitia y de Arcelor de Zumarraga–, señaló que el Consistorio azpeitiarra actúa como «un nuevo rico» y acusó a la alcaldesa de mentir y de «echar balones fuera». Añadió que «esto no es ni fuego cruzado ni batalla política, es una dejación clara de la responsabilidad municipal», para a continuación afirmar que siente «vergüenza por el cinismo que se está empleando, por la tergiversación».

Por su parte, la alcaldesa compareció en rueda de prensa en Azpeitia para reiterar, como ya explicó el lunes, que «la promoción económica es la principal prioridad del Ayuntamiento».

Y quiso dejar claro que en el municipio se ha hecho «un intento de poner en marcha» la siderurgia. «Pero no nos han dejado», puntualizó, indicando que «el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y la empresa Cristian Lay se han negado a estudiar la posibilidad de poner en marcha la planta» en la zona de Trukutxo, que sí está habilitada para uso industrial.

Alkorta incidió en que CL Grupo Industrial no ha presentado ningún proyecto serio y que así lo ha asumido. «Y ahora nos hablan de la oportunidad perdida de cientos de puestos de trabajo ficticios creados sin ningún proyecto económico», añadió.

Y concluyó pidiendo «respeto»: «No nos merecemos todo este daño que están haciendo a nuestro pueblo».