Bruselas diseña una fiscalidad para poner fin a los combustibles fósiles

La Comisión Europea presentó ayer su hoja de ruta legislativa para colocar a la UE en la senda de la despedida del CO2 a mitad de siglo y convertir la crisis climática en una oportunidad para crecer de forma más sostenible. «Nuestra economía de combustibles fósiles ha llegado a su fin», afirmó, ceremonialmente, Ursula von der Leyen.

«La emisión de CO2 debe tener un precio», subrayó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, durante la presentación, ayer en Bruselas, de trece iniciativas legislativas que recogen acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad.

Este paquete normativo se ha denominado en inglés “Fit For 55” (En forma para el 55), en referencia al compromiso de la Unión de reducir para 2030 sus emisiones equivalentes de dióxido de carbono al menos en un 55% con respecto a 1990. Este será un paso intermedio para alcanzar en 2050 la neutralidad climática, es decir, para no liberar más CO2 del que pueda absorber el territorio de la UE.

Entre otras medidas, el Ejecutivo comunitario propone aumentar el tipo mínimo de impuestos a los combustibles fósiles y gravar, por primera vez, el queroseno utilizado en la aviación para reducir el uso de fuentes de energía contaminantes en la próxima década.

Plantea también prohibir la venta de coches con motores de combustión a partir de 2035, un objetivo vinculante para el que reclama el despliegue de una red suficiente de recarga en toda la Unión. Dicho de otra manera, la industria europea de la automoción, que representa el 6% del empleo y más del 7% del PIB comunitario, tendrá que desprenderse progresivamente de los motores contaminantes hasta que en 2035 en la UE solo se comercialicen vehículos limpios, con el coche eléctrico como gran baza de futuro.

«El 20% de nuestras emisiones sigue procediendo de nuestras carreteras», recordó la comisaria de Transporte, Adina Valean, en la presentación de la gran propuesta legislativa.

Esta fecha es más ambiciosa que la de 2040 que se habían fijado algunos Estados, como el francés o el español, pero curiosamente se alinea con los planes recientemente anunciados por el grupo Volkswagen, el mayor fabricante de la Unión.

Bruselas cuenta con que la flota de combustión se reemplace completamente para 2050, fecha en que todo el sector del transporte debería haber reducido sus emisiones en un 95%.

Una directiva obsoleta

Bruselas considera que la actual directiva sobre fiscalidad energética, que data de 2003, se ha quedado obsoleta, ya que fija tipos mínimos para cada sector que suelen ser inferiores a los que ya imponen los Estados y, al mismo tiempo, permite excepciones estatales que incentivan el uso de combustibles fósiles muy contaminantes cuando la Unión quiere avanzar justo en la dirección contraria.

Para cambiar el escenario, la Comisión plantea eliminar las exenciones que ahora favorecen a estos combustibles y permitir los tipos reducidos solo para fuentes de energía limpias, así como fijar las tasas en función del contenido energético del combustible –medido en euros por gigajulio (GJ)– y no de su volumen. Actualmente, los tipos mínimos se miden en euros por litro de combustible, lo que beneficia al diésel o la gasolina en detrimento de los biocombustibles, que tienen menos contenido energético por litro, una «ventaja escondida» que desaparecería con el nuevo sistema.

Por el contrario, se reducirán los tipos mínimos para las renovables con la intención de favorecer su uso y convertir la electricidad en la fuente más barata de energía en términos fiscales.

El paquete legislativo presentado ayer debe ser negociado por los Estados miembros, representados en el Consejo, y el Parlamento Europeo, y necesitará el apoyo unánime de los Veintisiete para entrar en vigor.

De aprobarse en su redacción actual, los tipos mínimos para los combustibles fósiles subirán con la entrada en vigor de la nueva directiva, prevista para 2023, e irán incrementándose progresivamente hasta 2033, cuando termine el periodo transitorio para aplicarla.

«Las emisiones de CO2 deben tener un precio para incentivar a consumidores, productores e innovadores a elegir las tecnologías y productos limpios», indicó Von der Leyen al defender las grandes líneas de la nueva hoja de ruta para situar a la UE a la cabeza de la lucha climática internacional y justificar que, además del transporte por carretera, los sectores de la aviación y marítimo serán también incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés).

La inédita tasa al queroseno

El proyecto legislativo introduce, por primera vez, impuestos al queroseno, combustible usado en aviación, y a los fuelóleos pesados, que se utilizan en navegación marítima, para los viajes dentro de la UE, que hasta ahora estaban exentos.

«En un periodo de diez años, las tasas mínimas para estos combustibles aumentarán gradualmente, mientras que los combustibles sostenibles para estos sectores tendrán un tipo mínimo cero para fomentar su uso», explicó la Comisión.

A día de hoy, la factura por cargar los tanques de un avión con queroseno en un aeropuerto de la UE tiene «cero impuesto» cuando, por ejemplo, en Euskal Herria la mitad de lo que se paga por llenar el depósito de combustible de un coche corresponde a los impuestos.

En los últimos días, las aerolíneas europeas se han mostrado alarmadas por los planes que, según los borradores filtrados a la prensa, barajaba la Comisión Europea. La industria del sector advirtió de que ese tipo de medidas «podría aumentar considerablemente la competitividad de compañías no europeas y de hubs aeroportuarios ubicados fuera de la UE». Pero lo cierto es que, fuera de la UE, lo habitual es gravar el combustible para aviación en los mercados estatales. Así, en 2019, EEUU tenía una tasa de 1 céntimo por litro, mientras que en Canadá era de 8 céntimos y en Japón, de 14.

Y ningún Estado miembro grava el queroseno a pesar de que la legislación comunitaria lo permite desde 2013.

¿Subirán las facturas?

Vista la falta de compromiso hasta el momento por parte de los Estados miembros en la reducción de emisiones en áreas como el transporte por carretera o la construcción, Bruselas plantea también un sistema de comercio de emisiones (ETS) paralelo para la distribución de combustible en estos sectores.

Durante la rueda de prensa de ayer, el vicepresidente comunitario para el Pacto Verde, Frans Timmermans, explicó que este nuevo sistema se aplicará «a los proveedores de combustible y no a los hogares ni a los conductores» a partir de 2025.

Consciente de que parte de esta medida podría repercutir en la factura de los usuarios, la Comisión plantea la creación de un Fondo Social para el Clima con el que ayudar a los colectivos más vulnerables a cumplir con el nuevo sistema.

El fondo contará con recursos del presupuesto de la Unión hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través del sistema ETS para edificios y carreteras, lo que supondría 72.200 millones de euros para el período 2025-2032.