México lleva a consulta el juicio contra sus expresidentes

El país celebra hoy un referéndum inédito promovido por el entorno de Andrés Manuel López Obrador. Sus detractores buscan invalidar su efecto no acudiendo a votar mientras que activistas lo ven como oportunidad para abrir proceso de justicia transicional. López Obrador se ha fijado el reto de una participación del 40% para validar la consulta.

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?». Esta es la pregunta que deberán responder hoy las personas que participen en el referéndum convocado en México y que popularmente se ha conocido como la consulta para «juzgar a los expresidentes». La lógica es la siguiente: el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con la promesa de cambiar la estructura política del país y poner fin a la corrupción, convertida en uno de los males endémicos de México. Marcar la diferencia entre sus antecesores y su mandato es una de las estrategias clave que le permiten seguir gozando de un importante apoyo popular. Ahora deja en manos de los ciudadanos la decisión sobre qué hacer con sus antecesores, a quienes responsabiliza de la situación en la que encontró el país, con tasas de impunidad que superan el 90%, más de 30.000 muertos al año y más de 90.000 desaparecidos.

En un inicio la interrogante era mucho más clara e incluía los nombres de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los mandatarios que dirigieron el país desde 1988 y que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, califica como «período neoliberal». De este modo, lo que la consulta quiere que se juzgue es el tiempo abierto desde las elecciones de 1988, cuando Salinas de Gortari, candidato del entonces omnipotente PRI, se impuso al candidato izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre denunció fraude. Tras aquellos comicios, el nuevo mandatario aprobó el TLCAN, el tratado de libre comercio con Estados Unidos que llevará al surgimiento del EZLN en Chiapas. Aquel tratado económico, así como la denominada «guerra al narcotráfico» decretada por Felipe Calderón en 2006 y que llevó a México a convertirse en un baño de sangre son algunas de esas «decisiones políticas» que López Obrador quiere que la población pida juzgar.

Para que la votación sea vinculante deberá recibir el aval del 40% del censo, lo que supone algo más de 37 millones de votantes. Se trata de un reto arriesgado, ya que no hay en México un ambiente proclive a la votación tanto por la desconfianza hacia las instituciones como por el miedo al contagio de covid. Las últimas elecciones a gubernaturas y presidencias municipales, que tuvieron en junio, contaron con 48 millones de votos (52% de participación).

Estrategia abstencionista

Los fieles de los partidos tradicionales (PRI, PAN, PRD) han sido llamados a no votar. Así que López Obrador depende de los seguidores de su formación, Morena, que es la única que defiende la consulta. También opositores al presidente desde la izquierda, como el EZLN, han llamado a votar, aunque con la perspectiva de abrir una nueva fase de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Hay activistas que cuestionan esta votación porque denuncian que la acción de la justicia no debería ser sometida a referéndum. Sin embargo, incluso desde estos sectores han visto la iniciativa como un mecanismo para abrir un proceso de justicia transicional que pueda servir para pacificar un país que sufre niveles de violencia insoportables. En estos sectores hay dudas sobre el alcance real de la consulta ya que instituciones como el Ejército están muy vinculadas a las violaciones a los Derechos Humanos y jamás han sido cuestionadas por López Obrador.

En México se sufren las consecuencias de decisiones políticas que provocaron el saqueo de las arcas públicas y el incremento de la violencia. Sin embargo, está por ver que la consulta promovida por el actual gobierno sea un mecanismo eficaz para castigar a los responsables y cambiar el sistema heredado o, por el contrario, se trata de una iniciativa propagandística que solo sirve para reforzar la posición política de López Obrador.