La Fiscalía española investiga la discutida expulsión de menores a Marruecos

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para conocer cómo se están repatriando a Marruecos a 800 menores desde Ceuta, una iniciativa de cuestionada legalidad.

Ni la Fiscalía del Estado ni la de Ceuta conocen el plan de repatriación fijado entre Madrid y Rabat. La única comunicación oficial recibida era muy genérica y en ningún momento se cifraba el número de menores a repatriar ni tampoco cuándo darían comienzo.

Ayer se expulsó al segundo grupo de quince menores de los más de 800 que cruzaron la frontera en mayo, lo que se seguirá haciendo en los próximos días por orden del Ministerio español del Interior.

Más de medio centenar de menores ha escapado del polideportivo Santa Amelia de Ceuta ante el temor a ser devueltos a Marruecos.

El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, advirtió en una carta remitida a Interior de que las devoluciones podrían suponer «un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España», lo que considera «muy grave». El Consejo General de la Abogacía exigió «el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas», ya que duda de que se estén cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral con el país vecino. Contra la expulsión también se han manifestado Unicef, varias ONG, el Defensor del Pueblo, que ha pedido el cese inmediato.