El presidente de Túnez prolonga «sine die» su golpe institucional

El presidente tunecino, Kais Saied, ha prolongado «hasta nueva orden» la inhabilitación del Parlamento, cuyas actividades están suspendidas desde el 25 de julio. El golpe institucional ha permitido al presidente destituir al Gobierno y copar todos los poderes, utilizando el hartazgo de la población con la corrupción y la clase política en su beneficio.

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha ampliado la suspensión del Parlamento tunecino y la retirada de la inmunidad parlamentaria a todos los diputados «hasta nuevo aviso».

Saied emitió ayeruna orden presidencial para prorrogar estas medidas excepcionales que impuso hace un mes, y que incluyeron la destitución del hasta entonces primer ministro, el tecnócrata Hichem Mechichi, tras varias jornadas de protestas antigubernamentales.

La Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento y solo avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se acogió el presidente del país, cuyas acciones han sido calificadas de golpe de Estado por los juristas y por la oposición, liderada por los islamistas de Ennahda, la mayor formación política del país.

Desde su golpe institucional, el presidente Saied no ha designado nuevo gobierno ni ha presentado hoja de ruta alguna, tal y como reclaman los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil.

La Presidencia ha señalado, a través de Twitter, que Saied dará «en los próximos días un discurso para el pueblo tunecino».

No pocos tunecinos acogieron con entusiasmo el golpe presidencial: hartos de la clase política, exigen firmeza contra la corrupción y la impunidad en un país con una situación social, económica y sanitaria difícil.

La purga anticorrupción iniciada por el presidente, quien ha asumido las funciones de la Fiscalía, suscita inquietud entre los defensores de los derechos humanos, que le acusan de utilizar sus poderes para procesar y paralizar a sus opositores.

Teórico del derecho, Kais Saied se presentó desde su llegada al poder en 2019 como intérprete último de la Constitución, y se apoya en el artículo 80 de la Carta Magna, que prevé medidas excepcionales en caso de «peligro inminente» para la seguridad nacional, para justificar su golpe.

El régimen excepcional ha dejado a su merced a los partidos políticos, sobre todo a Ennahda, al que parte de la población culpa de la falta de avances tras la primavera árabe de 2011.

Refundación islamista

En el marco de la crisis política del país, Ennahda anunció la disolución de su junta ejecutiva con el objetivo de crear una nueva formación a la altura de la nueva etapa.

El líder de Ennahda, Rachid Ghanuchi, ha decidido destituir a todos los miembros de la junta para reformarla de manera que respondan a los «requerimientos de la etapa» y logren «la eficacia requerida», informa la agencia tunecina TAP.

Ghanuchi ha llamado a los miembros de la junta a continuar sus funciones hasta la formación de la nueva oficina, y, por otro lado, ha avanzado que la comisión para la gestión de la crisis política continuará su misión, con el objetivo de ayudar a sacar al país de esta «situación excepcional».