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Carpetazo de la Justicia escocesa a la extradición de Ponsatí

La Justicia española recibió ayer un nuevo revés en relación al procés al archivar un tribunal escocés el proceso de extradición abierto en 2017 a la exconsellera catalana de Educación Clara Ponsatí, recordando que actualmente reside en Bélgica y declarando, por lo tanto, que no es competente para dirimir esa cuestión.


El Tribunal del Sheriff de Edimburgo determinó ayer que el proceso de extradición al Estado español de Clara Ponsatí es «imposible» para la Justicia escocesa y devuelve la pelota a las autoridades española. Concluye que el caso de la exconsellera catalana de Educación, reclamada por un delito de sedición por su participación en el referéndum del 1-0 de 2017, no puede ser dirimido en Escocia, pues la académica vive y trabaja en Bélgica, donde es eurodiputada desde el febrero de 2020, y está fuera de su jurisdicción.

«No se puede extraditar a alguien que no está aquí», sostuvo el juez Nigel Ross en la audiencia celebrada ayer.

La Fiscalía criticó la ruptura de confianza de Ponsatí con el Tribunal al no haber notificado su cambio de residencia hasta el pasado mayo, cuando tuvo lugar en enero de 2020. Dijo que según las condiciones de su libertad fijadas en noviembre de 2019, debería haber notificado cualquier cambio con suficiente antelación.

En un comunicado, su abogado Aamer Anwar, señaló que la orden de detención europea (ODE) de marzo de 2018 firmada por el juez instructor español, Pablo Llarena, imputaba a Ponsatí un delito de sedición, que calificó de «arcaico» porque fue «inventado en los tribunales de Europa del siglo XVI por reyes y reinas que temían una reacción violenta ante la lenta marcha hacia la democracia». Recordó que en las democracias de hoy «se acepta que la libertad de expresión política es un valor fundamental» y que «sin ella no se puede mantener el Estado de derecho». Y añadió que para Ponsatí la ODE ha sido siembre «un ejemplo de venganza».

El 30 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea revocó su decisión de devolver a Ponsatí, y a sus compañeros de JxCat en el Parlamento europeo, Carles Puigdemont y Toni Comín, su inmunidad, retirada por la Cámara en marzo. Explicó que «la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen permanece jurídicamente intacta» y, por ello, «pueden desplazarse para asistir».

El mismo auto recuerda que las euroórdenes se mantienen suspendidas hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que Llarena interpuso para esclarecer los criterios de rechazo de una entrega.