Biden ordena a su Gobierno proteger el aborto de Texas tras el fallo del Supremo

Joe Biden ordenó ayer movilizar todos los recursos de que dispone su Gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, tras la entrada en vigor de una ley que prácticamente prohíbe totalmente este tipo de intervenciones en ese estado y después de que el Supremo decidiera no intervenir para bloquearla.

El presidente de EEUU, Joe Biden, arremetió ayer contra el Tribunal Supremo que, con una mayoría conservadora reforzada durante el mandato de Donald Trump, decidió de madrugada (hora de Euskal Herria) no bloquear la ley que prácticamente prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación y que entró en vigor el miércoles. Más del 85% de las interrupciones del embarazo realizadas hasta ahora en Texas han tenido lugar después de ese plazo.

Por una estrecha mayoría de cinco de los nueve magistrados –tres de ellos elegidos por Trump por su oposición al aborto–, el alto tribunal invocó «complejas cuestiones procesales» para no pronunciarse sobre su constitucionalidad y rechazar el recurso que pedía el bloqueo de su entrada en vigor. El Supremo ofreció una gran victoria a los antiabortistas, que representa un triunfo para el expresidente y sus aliados más conservadores.

Biden pidió al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca «un esfuerzo gubernamental integral», que implique a los departamento de Justicia y Salud y Servicios Humanos, para «garanti- zar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales».

La polémica ley veta el aborto a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas, y no contempla excepciones en casos de incesto o violación, solo si la salud de la gestante se ve comprometida.

Antes de Texas, doce estados adoptaron leyes comparables, pero todas fueron derogadas en los tribunales, porque violaron la jurisprudencia de la Corte Suprema que garantizaba el derecho al aborto mientras el feto no sea viable, es decir, alrededor de las 22 semanas de embarazo.

Pero Texas redactó su ley de forma diferente: no depende de las autoridades hacer cumplir la ley penal, sino «exclusivamente» de los ciudadanos, alentados a presentar denuncias civiles contra organizaciones o personas que ayudan a las mujeres a abortar. Estos recibirán 10.000 dólares como «indemnización» en caso de condena.

Sus detractores lo ven como un «bono» por denunciar, pero sus partidarios ya han creado sitios para recopilar cualquier «información anónima».

Este dispositivo dificulta la intervención de los tribunales federales, que hasta ahora se han negado a emprender acciones contra la ley. El Supremo ha seguido el ejemplo y enfatizó que se podrían presentar otras apelaciones ante las cortes estatales.

Biden lamentó que se dé poder a particulares para denunciar quienes apoyan a la mujer que decide abortar y entrometerse en «las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta», además de incentivarle con 10.000 dólares.

La medida «desata un caos anticonstitucional y da poder a individuos para que se erijan en encargados de aplicar la ley con efectos devastadores», alertó.

El aborto fue reconocido como derecho constitucional en EEUU en 1973 gracias al fallo del Supremo en el caso ‘Roe contra Wade’, en el que reconoció que una mujer puede poner fin a su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.

La ley de Texas es la ley más restrictiva que ha entrado en vigor en casi medio siglo.

Gobernadores antiabortistas disputan el liderazgo trumpista

La lucha contra el aborto, el levantamiento de las restricciones a la tenencia de armas o la encarnizada batalla contra las medidas anticovid: tres gobernadores republicanos compiten con decisiones cada cual más conservadora con la mirada puesta ya en las elecciones presidenciales de EEUU de 2024, enzarzados en una carrera por ser el más trumpista de los trumpistas.

Porque casi ocho meses después de dejar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump sigue siendo el gran hacedor de líderes entre los republicanos. Coquetea con una nueva candidatura, pero a la espera de su posible anuncio, sus aparentes herederos van tomando posiciones sin confirmar sus ambiciones presidenciales intentando atraer a los votantes trumpistas. Los tres gobernadores en primera línea que se disputan la reelección en 2022 son Greg Abbott, de Texas; Ron DeSantis, de Florida, y Kristi Noem, de Dakota del Sur. «La pregunta no es tanto quién será el próximo Trump, sino quién está en una mejor posición para atraer a los votantes de Trump», asegura el estratega republicano John Feehery.

«¿Quién se puede hacer entender mejor entre los obreros electores que se sienten despreciados por el establishment político?¿Quién puede ganar las primarias de los telespectadores de la Fox?», dijo a AFP.

El veto al aborto, el derecho a portar armas y la defensa de la «libertad» frente a las medidas anticovid son sus banderas. Además, regularmente abordan los principales temas que incendian la política estadounidense, como los derechos de las personas transgénero o las medidas antirracistas defendidas por los demócratas.

«A veces, en política, se trata más de quienes están en tu contra que de lo que apoyas», señaló a AFP Kyle Kondik, politólogo de la Universidad de Virginia. «Estos tres gobernadores han buscado broncas con la izquierda en varias ocasiones, y creo que sus activistas lo están disfrutando», añadió.

Para las parlamentarias de mitad de mandato, en noviembre de 2022, Trump ya ha declarado su apoyo a Abbott, «un luchador», pero aún no ha otorgado su preciado respaldo a los otros dos.

En cuanto a las aún lejanas elecciones presidenciales de 2024, es DeSantis –«un gran tipo», según Trump– quien aparece mejor posicionado en los sondeos republicanos informales que no tienen en cuenta al expresidente. Si vuelve a presentarse, se da por segura su nominación.GARA