Un modelo penitenciario sin crueldad añadida ni trampas

Cuarenta y dos años después del Estatuto de Gernika, ley orgánica del Estado español con rango constitucional y donde aparece que la competencia de prisiones debía ser transferida a las autoridades vascas, este viernes se representó públicamente y oficializó ese traspaso de poderes y responsabilidad. Han pasado cuarenta y dos años, y a pesar de todo es un paso importante.

La relación entre la institución penitenciaria y una sociedad es determinante en su desarrollo sociopolítico. De hecho, la deriva punitivista del sistema penal y carcelario español es un claro rasgo de su decadencia como proyecto democrático. Las cárceles españolas reflejan como pocas de sus instituciones su carácter represivo, clasista, racista, machista, etnicista, parcial y vengativo. Si en algún momento hubo algún afán de igualdad y humanismo, nada queda de él. Las prisiones son un repositorio institucional de problemas negados, reprimidos y no afrontados. La cárcel es, por un lado, respuesta canónica a la falta de perspectivas y al empobrecimiento de amplias capas de la sociedad española. Por otro lado, es la última estación de la persecución a la disidencia política o incluso a la simple discrepancia.

Ante los problemas políticos y sociales, los poderes del Estado español no contemplan más alternativa que el castigo ejemplar. Es más cruel que ejemplar y no les funciona, pero relaja sus tensiones y retrasa las soluciones. España procrastina con la democracia y la justicia. Como prueba, el Estatuto y estas cuatro décadas. Ellos ganan tiempo mientras vascos y vascas pierden generaciones enteras de derechos, libertades y bienestar.

El «universo político español» real

El mismo día en que Lakua representaba la recepción de la transferencia delante de la cárcel de Basauri e insistía en que su modelo se basará en que las personas condenadas cumplan la mayor parte de su condena en regímenes de semilibertad, se daba a conocer que la Audiencia Nacional española ha retirado el tercer grado al preso político Unai Fano, a pesar de cumplir todas las condiciones exigidas por la ley. A modo de broma macabra, Fano ingresó en la prisión de Basauri, al otro lado del muro donde Beatriz Artolazabal presentaba la transferencia. Una competencia limitada, sujeta a la perversión del Derecho que ocurre en tribunales y ministerios de Madrid, y que trata a estos presos como rehenes.

Sin embargo, en vez de denunciar que se sigue utilizando la excepcionalidad jurídica contra estos presos, el Gobierno de Urkullu prefiere exigirles demandas que ni están en la ley. Viendo los pasos de unos y otros, en 2021 acuñar nuevos conceptos como «el universo de ETA» es estrambótico. Han pasado diez años desde Aiete y en este tiempo han muertos cinco vascos en prisión y dos bajo tutela. Que se cumpla la ley y no se retrase la libertad de nadie, ni cuarenta años ni un día; eso es lo que debe demandar un gobierno que defienda a toda su ciudadanía, la justicia y la paz.

Y si de memoria se trata, un tribunal español acaba de decretar que se borre en Otxandio un mural en recuerdo de Ruben Garate, una de las dieciséis víctimas de la dispersión, fallecido en el año 2000 en el camino de regreso de una visita en Alcalá Meco. Este es el universo político español actual.

Es buen momento para un intento honesto

Así y todo, la transferencia es una buena noticia y merece un esfuerzo común. A excepción de los herederos del franquismo, en la historia contemporánea vasca todas las familias políticas guardan una relación directa con la represión y con la cárcel: abertzales, socialistas, comunistas y anarquistas han sufrido sus rigores, visitado a sus allegados entre rejas o escuchado historias familiares sobre arrestos, castigos y fugas. Insumisos y toda persona que se saliese de la norma han sufrido persecución y compartido celda con los más desfavorecidos.

Tristemente, en Euskal Herria de cárcel se sabe mucho. Es cierto que algunos han tenido las llaves y no las han administrado con justicia y equidad. Pero desde cristianos a revolucionarios, todos tienen experiencias y valores que podrían ayudarles a construir un modelo penitenciario más justo, reparador, humanamente sostenible y comunitariamente rentable. Que evite pendientes despiadadas, que favorezca la verdad, la justicia y la reparación. Un sistema que sirva para afrontar los problemas políticos, no para esconderlos. Que sea, este sí, ejemplar: que busque la justicia y no la venganza.