PNV y PSE aprueban la «ley Tapia» con el voto en contra de toda la oposición

La Ley de Administración Ambiental de Euskadi, aprobada ayer, inició en su día el trámite parlamentario sin ninguna enmienda a la totalidad, pero la inclusión de la enmienda de PNV y PSE que permite al Gobierno de Lakua imponer proyectos a los ayuntamientos y que la reconvirtió en «ley Tapia», ha puesto finalmente a toda la oposición en contra.

Su mayoría absoluta ha permitido a PNV y PSE aprobar la ley de Administración Ambiental de Euskadi, pero al contrario de otras normas de carácter medioambiental que han salido adelante en el Parlamento, esta vez lo ha hecho con el rechazo de todos los grupos de la oposición. La razón ha sido la enmienda que los grupos del Gobierno han introducido y que cambia de raíz la Ley de Ordenación Territorial, permitiendo que en adelante el Ejecutivo de Lakua pueda imponer proyectos a los municipios, aunque estos vulneren la normativa municipal.

Con esa enmienda, la ley de Administración Ambiental de Euskadi pasó a ser conocida como “ley Tapia” en referencia a la consejera que ha impulsado y defendido este cambio. La oposición critica que la Ley de Ordenación Territorial se tendría que haber reformado a través de un proyecto de ley del Gobierno, que precisa de informes jurídicos y el análisis de instituciones como Eudel, y no por medio de una enmienda en otra ley.

En decenas de municipios, como Gasteiz, se han aprobado mociones que rechazan las imposiciones y reclaman que la cuestión sea consultada con Eudel; pero su presidente y alcalde gasteiztarra no parece tener intención de hacer nada, puesto que ayer defendió la ley en la reunión de la ejecutiva, según denunció EH Bildu en una nota.

Tapia: «Marco inteligente»

El debate comenzó con la defensa de la ley que hizo la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien dijo que crea un «nuevo marco legal inteligente, moderno y alineado con objetivo de protección de medio ambiente».

Arantxa Tapia destacó que «para defender el interés general es necesario articular un mecanismo jurídico que permita que la decisión sobre la implantación de una infraestructura de interés público superior sea proyectada y aprobada desde el más alto nivel autonómico, es decir, desde el Gobierno Vasco».

La consejera denunció que se haya creado «mucho ruido» en torno a esta cuestión y que se haya hecho, además, «de forma interesada y manipulada». Pidió responsabilidad a todas las partes y terminó pidiendo a los grupos de la oposición que «si no van a votar a favor, por lo menos no mientan».

«Alcaldesa en la sombra»

Todos los grupos de la oposición mostraron en el pleno su rechazo a esta ley, haciendo especial hincapié en que los partidos del Gobierno han empleado una «triquiñuela» o «fraude de ley» –como defendió Muriel Larrea, del PP+Cs– para hacer cambios sustanciales en el ordenamiento actual.

Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, apuntó que el día de ayer se recordará como aquel en el que «Arantxa Tapia se convirtió en alcaldesa en la sombra de todos los ayuntamientos vascos». Además de criticar la enmienda 61 presentada por los partidos del Gobierno, la formación morada sostiene que hay también otros aspectos de la ley que son denunciables, como que es muy permisiva con las empresas, que falta investigación medioambiental y que reduce los derechos de las asociaciones que pretenden intervenir en esta materia.

«Sinónimo de arbitrariedad»

Mikel Otero, de EH Bildu, pidió que quien reclama que no se mienta, como hizo la consejera Arantxa Tapia, no mienta ella misma. Según el parlamentario, no es cierto que la ley determine cuáles son los proyectos que se pueden declarar de interés público superior, sino que es un apartado que se deja abierto y en el que puede caber de todo, lo que agudizó sus críticas.

Otero afirmó que esta ley «evidencia la existencia de dos modelos de gobernanza en colisión», y mientras aseguró que desde EH Bildu se defiende la autonomía municipal, y ello se puede comprobar en las enmiendas presentadas, apuntó que, por el contrario, desde el Gobierno se apuesta por la imposición.

Si el objetivo de la ley era soslayar la oposición a determinados proyectos, en opinión de Mikel Otero de aquí en adelante cualquiera que se declare de Interés Superior «será sinónimo de arbitrariedad», lo que incrementará las críticas. Esto supone un claro ejemplo de «miopía política». El parlamentario de EH Bildu, que ya intentó que se revirtiera el proceso de aprobación por considerarla contraria a la normativa actual, apuntó que «esta ley entra en la lista de leyes prioritarias para ser derogadas».

«Guerra con incendiario»

Desde los partidos del Gobierno defendieron la ley, con más vehemencia por parte jeltzale. Desde el PSE, Alberto Alonso avisó a los grupos de la oposición de que no cuenten con el suyo «para despistar el foco de atención de lo que hoy se trae a consideración a esta Cámara. Sigan dándole vueltas a tal enmienda. No pienso dedicarle más tiempo a un debate que ya ha agotado todas sus etapas. Dudo mucho que en la historia del parlamentarismo vasco se haya debatido tanto y en tantos foros sobre una sola enmienda a un proyecto de ley». Según Alonso, lo sustancial es que es «un gran avance».

María Eugenia Arrizabalaga, del PNV, aseguró que con esta ley se ha entrado en una «guerra política», y «siempre hay quien las incendia y en este caso tengo muy claro quién es el incendiario principal». Pareció una clara alusión a Mikel Otero, que es bombero de profesión.