Tres jueces ante la cuestión de los presos vascos: ¿lo posible o lo justo?

La transferencia de las gestiones penitenciarias a la CAV y la situación de los presos y presas vascas centró el debate "El reto de una nueva política penitenciaria", organizado ayer por Sare y que contó con la presencia del viceconsejero de Lakua Jaime Tapia, quien se mostró resignado ante la ley vigente: «No especulo si se puede cambiar la ley».

El debate sobre "El reto de una nueva política penitenciaria" reunió ayer a expertos en la materia judicial para analizar la reciente transferencia de competencias penitenciarias a la CAV, así como su aplicación en relación a los presos y presas vascas.

En el acto celebrado en Bilbo, organizado por Sare y el Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos de la UPV, participaron el asesor del Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua y responsable de instituciones penitenciarias en la Comunidad Autónoma Vasca, Jaime Tapia; la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun; y el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Todo ello moderado por la periodista y profesora Estitxu Garai.

Primero, los datos, conocidos pero que conviene repasar: de los 206 presos vascos que quedan hoy día, 76 están en Euskal Herria, diez en régimen domiciliario, 100 en cárceles del Estado español y 20 en centros del Estado francés, recordó Sare. Ya solo por eso, «cabe deducir que el régimen de excepcionalidad que se ha venido aplicando sigue vigente», resaltó Garai. Pero luego está el tema crucial de las progresiones de grado. Y aquí Sare apuntó que mientras el 90% del total de la población reclusa en el Estado español «desarrolla con normalidad las progresiones», en el caso de estos presos y presas vascas «son prácticamente inexistentes». Hoy en día apenas hay nueve presos vascos en tercer grado, y el resto se encuentran «bloqueados» en el segundo, lo que les impide conseguir la libertad condicional una vez cumplidas las tres cuartas partes de sus respectivas condenas. «Si se les aplicara la ley penitenciaria ordinaria –recordó Estitxu Garai– 168 estarían ya accediendo a terceros grados y permisos».

Ello condiciona además que la edad media de los presos de EPPK sea alta, alrededor de los 47 años. Actualmente, hay diez presos de más de 70 años, ocho de más de 65 y 20 de más de 60. Además, 22 llevan 20 años encerrados, 31 de ellos más de 20 años, 11 más de 25 años y cuatro más de 30 años.

En este contexto, y dada la reciente transferencia a la CAV, lo que tenía que decir al respecto Jaime Tapia cobraba especial atención. Y más aún por la posibilidad de que la Audiencia Nacional revoque algún tercer grado más, como ya ha hecho con Unai Fano. Tapia se mostró resignado ante la ley vigente. «Procuro sacarle el máximo partido posible a la legislación. No especulo si se puede cambiar la ley», explicó.

«Es lo que hay», sentenció en otro momento el juez, ahora viceconsejero. «Como administración penitenciaria, jugamos con una legislación que se está aplicando de una determinada manera. ¿Cuál es la línea que se puede proponer? ¿Que se interprete de manera contraria a cómo se está interpretando? Eso lleva a una frustración, fundamentalmente para las personas privadas de libertad. Si hago algo que en última instancia va a ser revocado por la Administración de Justicia, no sé si tiene mucho sentido. La propia interpretación y aplicación que se está realizando hoy día puede tener también un resultado positivo», deseó.

Sobre nuevos acercamientos

Tapia también recordó que este mismo lunes se ha anunciado que otros cinco presos vascos que cumplen condena en el Estado español van a ser trasladados a prisiones de Euskal Herria. «Probablemente esto sea una dinámica más o menos continua» consideró.

Refiriéndose a posibles nuevos acercamientos, el responsable penitenciario comentó que su administración no va a ser ningún obstáculo, pero «no es una situación que esté estrictamente en nuestras manos».

Finalmente, reiteró que su modelo más progresista «está destinado a todas las personas» y que se trata de un camino más «humanista». «Creemos que hay una serie de líneas de actuación, que tienen que ver con las mujeres privadas de libertad, con los niños y niñas cuyos padres están presos, con las personas con enfermedades graves e incurables, con el tema de la salud mental, la participación de víctimas y victimarios en procesos de justicia restaurativa... Hay mucho margen de actuación para que, partiendo de la legislación actual pero aplicándola de una manera más humanista, progresista y encaminada a la reinserción como fin último de las penas, se puedan hacer caminos diferentes». Añadió que esa situación se ha «plasmado» ya en los próximos presupuestos de la CAV, aunque aquí, de nuevo, con un matiz: «Estas medidas no se implementan del día a la mañana».

«¿Más colaboración?»

Por su parte, Garbiñe Biurrun destacó que, a su parecer, el traslado de presos vascos a las cárceles de Euskal Herria cada vez genera «menos polémica» en el Estado español.

Lamentó por contra que en el caso de la libertad de los presos enfermos la gestión sea «lenta» y que en muchos casos «llega tarde».

Así, apostó porque estas personas abandonen unos centros penitenciarios que no están dotados del material sanitario adecuado, y ve incompatible su internamiento con las entradas y salidas del hospital para recibir tratamiento. Todo ello en pro de una «vida digna» de las personas presas enfermas.

La magistrada también valoró la agencia Aukerak como un proyecto «muy interesante» y un «deber político de actuación».

Por su parte, Martín Pallín calificó de «cruel, inhumana y degradante» la posibilidad de que una persona presa cumpla una condena de 40 años, con todas las consecuencias físicas y psicológicas que puede dejar en los reclusos. Además, destacó que la ley contempla algunos atenuantes para las personas condenadas por «terrorismo», pero apuntó a quienes reclaman delaciones; «¿qué más colaboración cabe que disolver la banda? ¿Qué más quieren?».

El magistrado emérito del Supremo también censuró que a estos presos se les exijan pronunciamientos personales concretos para acceder a beneficios penitenciarios. En su opinión, por un lado están las reparaciones materiales a las víctimas, como puede ser una compensación económica. En cambio, cree que «exigir un comportamiento moral determinado va en contra de la dignidad».

«Es una cuestión personal y ética. El que no lo quiera hacer, no merece más que un reproche moral o social. Ahora, legalmente, en cuanto a efectos a producir sobre la progresión de grado, ¿qué más reparación hay que disolverse y reconocer que se ha causado dolor?», remarcó, insistiendo en que todo ello pertenece a «la reserva personal de cada uno».

Declaraciones

«Procuro sacarle el máximo partido a la legislación»

JAIME TAPIA

Gobierno de Lakua

«La gestión de la libertad de los presos enfermos es lenta y a veces llega tarde»

GARBIÑE BIURRUN

TSJPV

«¿Qué más colaboración que haber disuelto la banda?»

JOSE A. MARTÍN PALLÍN

Emérito del Supremo