No caben las injurias al rey en democracia e igualdad

El Tribunal de Apelación de Gante confirmó ayer la decisión inicial de los jueces belgas de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc. La Justicia española reclamó su entrega tras haber sido condenado por «amenazas», «injurias a la Corona» y «enaltecimiento del terrorismo» por las letras de sus canciones. Los dos primeros delitos estaban prácticamente descartados después de que el Tribunal Constitucional belga, a petición del Tribunal de Gante, declarara inconstitucional la ley que castigaba las injurias al rey, al considerar que coarta la libertad de expresión. Además, añadía que «no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey». En cuanto al delito de «enaltecimiento», fue el Tribunal de Justicia de la UE el que se posicionó en contra, también a petición del Tribunal de Gante, y también por la desproporción de la pena en relación con los hechos.

No es la primera vez que los tribunales europeos rechazan la desigualdad manifiesta que establece el Código Penal español entre el rey y el resto de la ciudadanía. Ese mismo argumento fue utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando condenó al Estado español por vulnerar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi. Es precisamente ese uso del Código Penal como instrumento para evitar cualquier reprobación al monarca lo que la justicia belga ha dejado en evidencia al señalar que el rey debe «soportar las críticas», y en especial «de quienes cuestionan legítimamente las estructuras constitucionales», incluida la monarquía.

Esa sobreprotección penal a la figura del rey español sirve de parapeto al Estado profundo para mantener su agenda autoritaria y antidemocrática al margen de la crítica. Por esa razón, la defensa de los derechos fundamentales y de la democratización del Estado exige a las Cortes españolas la derogación de esos artículos del Código Penal.