2022 URT. 07 La Justicia salvadoreña reabre el caso por la masacre de los jesuitas La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha ordenado que el proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas, entre ellos los vascos Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno, se reabra tras admitir un amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado. «Vamos a perseguir a los responsables para lograr justicia ante estos viles asesinatos», escribió el fiscal general en Twitter. GARA SAN SALVADOR La Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de El Salvador avaló el miércoles la reapertura del caso de la masacre de los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador (UCA), incluido el vasco Ignacio Ellacuría, a manos de efectivos del Ejército en 1989 durante la guerra civil allanando así el camino para juzgar a los responsables. En setiembre de 2020, la Sala de lo Penal del tribunal declaró nulo el juicio y cerró el expediente argumentando que los delitos ya habían prescrito, si bien ahora la Sala de lo Constitucional ha aceptado el recurso presentado contra la resolución que declaraba la nulidad del proceso. Entonces el tribunal ordenó que «no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre». Ahora, figuras políticas de gran relevancia para el país, como el expresidente Alfredo Cristiani y los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en el Estado español pueden enfrentarse a procesos judiciales ya que son señalados como sus posibles autores intelectuales. Sin acceso a la justicia El Constitucional, que también ha dado 10 días a la Sala de lo Penal para que «modifique» la resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señala en su resolución que se «violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas». «Invalídese la resolución de la Sala de lo Penal mediante el cual, de forma simultánea, se admitieron indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente los recursos de casación interpuestos, así como todos los actos que se efectuaron con posterioridad en esa actuación, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia», indica la sentencia. La masacre tuvo lugar en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la UCA en San Salvador, la capital del país, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil. Un comando de élite del Ejército mató a Ellacuría, ideólogo de la Teología de la Liberación, y otros cinco jesuitas, entre ellos el también vasco Juan Ramón Moreno. Junto a ellos mataron también a una empleada doméstica y a su hija de 15 años. El fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, aplaudió la decisión y confirmó que «el caso será reabierto. «Durante años, tanto voces nacionales como internacionales reclamaron justicia en el ‘caso Jesuitas’. Ante la demanda que presentamos, la Sala de los Constitucional nos da la razón. El caso será reabierto. Vamos a perseguir a los responsables para lograr justicia entre estos viles asesinatos», escribió el miércoles en su cuenta de Twitter. «Aniquila la impunidad» En una entrevista con RFI desde el Estado español, el abogado Manuel Ollé, representante de la acusación contra los responsables de aquella masacre afirmó que «es una importantísima decisión, por fin se aniquila la impunidad que había existido en El Salvador para enjuiciar a los responsables de los horrendos crímenes cometidos contra los padres jesuitas». El 11 de setiembre de 2020, la Audiencia Nacional española condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, de 78 años, por la muerte de los cinco sacerdotes originarios del Estado español. Fue condenado a una pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor por cada uno de los cinco delitos de «asesinato de carácter terrorista» de lo que fue considerado responsable. Entre 1989 y 1992 la guerra civil dejó unos 75.000 muertos. Según la ONU, más del 80% de los crímenes fueron cometidos por las fuerzas de seguridad.