Urge una investigación política sobre Osakidetza

LAB informó ayer de que en los exámenes de Traumatología de la OPE de Osakidetza de 2016-2017 ha encontrado palabras subrayadas y escritas con mayúscula que servirían de clave para identificar a simple vista a las personas que debían sacar buena puntuación. Aparecen en los exámenes de nada menos que el 95% de los aspirantes que consiguieron más de 70 puntos. A la vista de esta evidencia, el sindicato ha solicitado a la jueza que pida los exámenes originales de las 21 categorías investigadas de la OPE de 2018 y que acepte una nueva prórroga para seguir investigando. Sin lugar a dudas, todavía quedan muchos aspectos por esclarecer en este fraude.

Este tipo de informaciones provocan incredulidad y estupor en la ciudadanía que se pregunta cómo es posible que se organice un sistema tan amplio y sofisticado para que algunos enchufen a personas cercanas en puestos del servicio público de salud. No es, desde luego, algo que se improvisa en el último momento. Por otra parte, si esto ocurre con los procesos públicos de selección de personal, qué no ocurrirá en otros ámbitos de Osakidetza, teniendo en cuenta que por sus pasillos cualquier día puede haber más comerciales de empresas farmacéuticas y de instrumental médico que personas enfermas. Se hace más necesaria que nunca una investigación política exhaustiva de los mecanismo de funcionamiento y control en Osakidetza para que se puedan establecer medidas correctoras que eviten este tipo de actuaciones fraudulentas.

Esa imprescindible investigación política debe ir al margen de las actuaciones judiciales. La jueza no ha visto razones para encausar al exconsejero de Salud Jon Darpón y a la ex directora general de Osakidetza María Jesús Múgica. Es posible que no las haya, si no tomaron parte directamente en la filtración de los exámenes. Sin embargo, sí participaron en las decisiones políticas que han permitido institucionalizar el actual sistema corrupto. Y sobre eso sí que tienen que dar explicaciones exhaustivas.