Las muertes en el trabajo deberían ser una prioridad

Cada semana, al menos una persona muere en su puesto de trabajo en Euskal Herria. Esta vez han sido dos: el pasado lunes un transportista fallecía «por causas naturales» al salirse su camión de la calzada y ayer un obrero caía al vacío de un andamio. Cada año se superan las cincuenta muertes laborales en el país. Van siete semanas desde que comenzó 2022, y ya ha habido nueve.

Un repaso de los accidentes del año sirve para evaluar el limitado impacto que estas muertes tienen en la agenda pública y cómo un accidente tapa al siguiente. En algo sobre lo que, en principio, hay consenso.

El anterior muerto también fue un obrero de la construcción. Trabajaba para una empresa portuguesa subcontratada y se le cayó una máquina encima. Es un perfil reconocible, pero no se ponen mecanismos eficaces para protegerlos.

Antes que él, una persona fue atropellada al salir de la empresa, camino del parking. Claro que puede haber accidentes, pero también hay errores a la hora de calcular los riesgos, y eso implica responsabilidades.

Otra caída desde un andamio causó la muerte del anterior obrero. Un trabajador más falleció atrapado por una rama que estaba talando. Por supuesto que hay puestos más peligrosos que otros, pero se trata de muertes que son previsibles, porque se sabe que van a ocurrir y se sabe dónde hay más probabilidades de que sucedan. Pero se dan por ineludibles, porque la palabra «accidente» permite tapar con fatalidad lo que en muchos casos es falta de prevención.

Para mediados de enero ya había habido otras dos caídas al vacío con resultado fatal. Los sindicatos señalan al sector de la construcción y dentro de este a las subcontratas. Se busca una mayor rentabilidad rebajando las condiciones de trabajo y esquivando convenios, trayendo de otros lugares obreros a los que se les paga menos y se les exige más –o lo que es lo mismo, que trabajen con menos seguridad–. Y eso al año da unos resultados de los que se descuentan estas muertes.

El primer muerto del año fue un dependiente que murió en un accidente no traumático en una tienda, algo que no responde al imaginario sobre estos accidentes, pero que suele tener relación con factores de riesgo como la presión y la precariedad.

Esta realidad sociolaboral también es consecuencia de las reformas legales. La reforma del PP fue nefasta, porque supuso mayor precarización, mayor poder para las mutuas y menos control. Habrá que evaluar la nueva. Luego están los ciclos económicos. Cuando hay crisis, se vigila menos porque hay que sacar como sea el trabajo que hay, mientras que si aumenta la actividad, hay que lograr la mayor rentabilidad posible.

La crueldad también es tóxica

Con cada muerte comienza un duelo muy complicado para las familias. También para los y las compañeras, que deben volver al tajo donde murió esa persona. Se abre una investigación oficial que en muchos casos derivará en un penoso litigio.

El testimonio que hoy ofrece en GARA Vanesa Godino es el caso más extremo de esta realidad. Primero su madre y luego su padre fallecieron a causa de un mesotelioma pleural, un cáncer pulmonar provocado por la inhalación de amianto. El padre estuvo expuesto a esa sustancia tóxica en Aceros Olarra y Altos Hornos de Bilbao, y su madre enfermó a consecuencia de inhalar el polvo de los buzos de su marido que tenía que lavar en casa. Sus hijos e hijas están bajo vigilancia médica.

El relato es estremecedor. No hay debate, está todo probado. Sin embargo, estas familias tienen que pelear en un juzgado para que se reconozca que sus padres murieron por amianto. Con el apoyo de la asociación ASVIAMIE, luchan para que las empresas asuman su responsabilidad y dejen de darles un trato indecente.

Esta semana el Gobierno de Lakua y el Instituto estatal de la Seguridad Social (INNS) han acordado la creación de un grupo de trabajo formado por personas «expertas» para realizar un seguimiento de las y los trabajadores expuestos a amianto. Recientemente EH Bildu logró un acuerdo con el Gobierno español para dotar con 25 millones de euros el fondo de compensación para indemnizar a las víctimas del amianto.

La sociedad vasca no puede acostumbrarse a tantas muertes en el trabajo. El país no se puede permitir ni la crueldad de unos ni la pasividad de otros. Debe ser una prioridad y hay que ser eficaces. Hace falta un compromiso común para frenar esta tragedia cotidiana.