GUATEMALA, «FARO DE LUZ» CONTRA EL ABORTO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL

Guatemala es imprevisible. El Congreso aprobó por amplia mayoría una ley para criminalizar aún más el aborto y prohibir la educación en materia de diversidad sexual. A las 48 horas, el jefe del Estado exigió a la presidenta de la Cámara su archivo por «violar la Constitución», aunque los diputados de su partido votaron a favor.

Una mujer porta un cartel en el que se lee “Nos queremos vivas, unidas y libres”. Forma parte de las miles de mujeres que salieron a las calles de Ciudad de Guatemala el 8 de marzo para reivindicar una vida libre de violencias y protestar contra los feminicidios que dejaron 546 víctimas mortales el pasado año en el país centroamericano. Mientras gritaban por sus derechos, en el Congreso de Guatemala los perdían al triunfar los postulados religiosos más radicales. 101 de los 160 diputados aprobaron una ley que eleva de los actuales 3 hasta los 10 años la pena de cárcel a las mujeres que aborten y prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo. Prohíbe también a las escuelas que promuevan programas sobre diversidad sexual e ideología de género o «enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

Pese a que la Constitución establece que Guatemala es un Estado laico, todos los poderes están imbuidos por la religión católica o evangélica, que son las mayoritarias. No hay calle sin una iglesia, donde curas y pastores se oponen radicalmente al aborto, a la educación integral en sexualidad y a las relaciones homosexuales. Un discurso que ha calado hondo en una clase política que es consciente de que los votos se ganan en los templos religiosos. Por ello, un año antes de las elecciones, los partidos más conservadores han querido contentar a los numerosos fieles con una ley ad hoc que supone un retroceso en derechos humanos. Esta polémica norma, que considera que la familia nuclear está compuesta únicamente «por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos», pretende arrinconar a los «grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia».

Para la élite gobernante, quienes defienden la diversidad sexual y el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo representan «una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y, por ende, un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos». Por si fuera poco, días antes de su aprobación, el Congreso dio luz verde en febrero a otra ley que declara el 9 de marzo como el Día por la Vida y la Familia, con el fin de defender la vida «desde su concepción» y la «institucionalidad de la familia». El miércoles se conmemoró por todo lo alto declarando a Ciudad de Guatemala “Capital Pro Vida de Iberoamérica” en un acto en el que el presidente, Alejandro Giammattei, dijo que «mientras Rusia está tirando bombas atacando Ucrania, nosotros le decimos sí a la vida». Allí estaban las máximas autoridades del Gobierno, del Congreso, de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía evidenciando así que no hay ninguna fisura en los diferentes poderes del Estado a la hora de oponerse al aborto y a la diversidad sexual.

Consenso de todas las religiones

Por si hubiera duda de la influencia de la religión en la política en Guatemala, en el evento participaron el nuncio apostólico de Guatemala, el arzobispo metropolitano, los líderes de la Iglesia de Dios Evangelio Completo y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como el guía espiritual de la comunidad musulmana y el rabino principal de la comunidad judía. Todas las corrientes religiosas ensalzaron la figura del mandatario en su defensa férrea en contra del aborto, más castigado a partir de ahora, ya que una mujer podrá ser condenada a una pena de prisión de entre dos y cuatro años por la «tentativa de causar su propio aborto y el aborto culposo propio», delito que hasta ahora quedaba impune.

Con todas estas medidas, en palabras de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, Guatemala se convierte en la «luz de las naciones», porque «los ojos del mundo estarán puestos» sobre este país que sólo permitirá el aborto terapéutico «previo diagnóstico favorable de por lo menos dos médicos gineco-obstetras para evitar un grave riesgo para la vida de la madre». Así, Guatemala se aleja de otros países de Latinoamérica que han despenalizado el aborto, como Colombia, México y Argentina, y se alinea con la treintena de firmantes del Consenso de Ginebra, como Brasil, Arabia Saudí, Bielorrusia y EEUU, entre otros, que se oponen al aborto y al que se sumó en octubre de 2021.

«Soy marica y me encanta serlo», afirmó un joven durante una protesta frente al Congreso en la que decenas de personas reivindicaron el aborto legal y que «no todo es hetero».

Un grupo de cuatro abogadas presentaron el mismo miércoles un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad al considerar que la Ley para la Promoción de la Vida y la Familia viola derechos constitucionales. Es la única esperanza para frenar esta normativa «perversa», promovida por «grupos fundamentalistas antiderechos, que impone un modelo de familia y que atenta contra el Estado laico», denuncia la letrada Marisa Batres.

Esta presión ha surtido efecto y el presidente ha pedido el archivo de la ley por «violar la Constitución y dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria». Pero nada cambia porque el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo siguen prohibidos.