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Un juez autoriza extraditar a EEUU al expresidente de Honduras por narcotráfico


Un juez de Honduras autorizó el miércoles la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) a EEUU para ser juzgado por narcotráfico. Está acusado de transportar, desde 2004, más de 500.000 kilos de cocaína. Su hermano Juan Antonio «Tony» ya cumple condena en una cárcel estadounidense.

Según la Corte Suprema de Justicia, Hernández «no podrá ser juzgado por delitos distintos a los que han sido presentados en la audiencia y no podrá ser juzgado igualmente por delitos por hechos conocidos antes de 2012».

La defensa del JOH recurrirá la decisión ante el Supremo, que podrá modificar o ratificar la resolución judicial, al considerar que las autoridades de EEUU no remitieron ninguna «prueba fehaciente y suficiente» que le involucre en actividades de narcotráfico, además de la declara- ción de un testigo de referencia.

El expresidente fue detenido el 15 de febrero en su residencia y desde entonces permanece recluido en la unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.

EEUU le reclama por «conspiración para importar una sustancia controlada a EEUU, con el conocimiento de que sería importada ilegalmente», por «usar y portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos», y por «conspiración para usar o portar armas de fuego, (…) en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos». Le acusa de haber «participado en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas», desde donde fueron movilizadas hacia la frontera con Guatemala y, después, a EEUU.

Los fiscales estadounidenses afirman que recibió millones de dólares de sobornos para proteger a organizaciones mafiosas en Honduras y México.

El 31 de marzo, su hermano Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de drogas por un tribunal de Manhattan, que destacó que sus actividades delictivas fueron patrocinadas por los poderes públicos.