Lakua no prevé medidas contra firmas que amañaron licitaciones públicas

En mayo de 2021 la CNMC multó a varias consultoras por manipular licitaciones públicas en la CAV incluyendo a varias consejerías e incluso a Lehendakaritza. Pero el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, asegura que no ve que «el Gobierno deba adoptar medida alguna» en esta materia pese a que afectan a contratos con instituciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó con 6,3 millones de euros en mayo de 2021 a 22 firmas de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales que operan en el Estado español y Euskal Herria, y a varios de sus directivos por manipular licitaciones públicas durante al menos diez años. Las empresas crearon esta trama para hacerse de forma irregular con decenas de contratos públicos que, entre otros, correspondieron a Lehendakaritza en tiempos de Patxi López, consejerías del Gobierno de Lakua tanto del PNV como del PSE, las tres diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales.

Ante ello, en junio de 2021 desde Elkarrekin Podemos-IU registraron una interpelación al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en la que recogía que «si bien a la CNMC no le corresponde investigar este aspecto, la Resolución de 11 de mayo de 2021 describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los carteles», y le preguntaba «¿qué medidas va a tomar el Gobierno Vasco para que este tipo de prácticas no se den de nuevo en el futuro?».

La sustentación de la interpelación se fue retrasando durante un año hasta que al final del pasado periodo de sesiones quedó también en el aire, y acabó convirtiéndose en una respuesta por escrito. Y en ella, Pedro Azpiazu asegura ahora textualmente que «de una lectura directa y objetiva de la resolución de la CNMC relativa al expediente del que trae causa esta iniciativa parlamentaria no se desprende que el Gobierno deba adoptar medida alguna, puesto que ni la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi ni ninguna entidad dependiente de la misma se hallan concernidas por la mencionada resolución, referida a determinadas prácticas empresariales y no a la actuación de esta Administración, tal y como queda reflejado en diversos pasajes de la misma».

Se sintieron animadas

Sin embargo, en su momento se conoció que algunas de las empresas vascas sancionadas después por la CNMC explicitaron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), entre otros argumentos, que no deberían ser investigadas porque «eran las propias entidades públicas licitantes» las que fomentaban las irregularidades y así queda recogido en una sentencia de septiembre de 2017, según desveló ElDiario.es.

La CNMC no entró en estas cuestiones, pero el fallo del TSJPV recoge que, según una de las consultoras investigadas, «si la AVC (Agencia Vasca de la Competencia, de donde partió todo) hubiera realizado requerimientos de información previos habría podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley».

Aseguraron ante el tribunal que la Administración llegaba a dejar a la empresa preseleccionada que pusiera precio a su oferta y la diseñara a la carta: «Incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación». En definitiva, las firmas consideraban que «eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas» y que «cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras».

La AVC lo ve posible

En una comparecencia en el Parlamento de la Autoridad Vasca de la Competencia, su vocal Rafael Iturriaga desnudó las carencias de la Administración ante prácticas irregulares entre las empresas a las que contrata, sin negar la posible existencia de connivencia. Cifró en casi un 20% los movimientos que podrían ser delictivos.

Iturriaga dejó en el diario de sesiones que «la pulsión natural de las empresas no es la competencia sino la colusión (ponerse de acuerdo)». Según explicó, se conocen entre ellas, los poderes públicos están muy atados para la contratación y, además, «la mayoría de las administraciones no sabe lo que necesita ni lo que hay en el mercado».

El vocal de la AVC señaló que la colusión se puede dar de espaldas a la Administración o con su colaboración. Y mencionó a «distintos intervinientes» como «funcionarios de la parte que demanda un servicio, los funcionarios que participan en la contratación, políticos, asesores, lobbies...». Rafael Iturriaga criticó el «uso y abuso» de los contratos menores y que en ocasiones la colaboración entre Administración y las empresas puede hacerse pensando que es correcta, por motivos de «pseudoeficacia, como ‘le conozco’, ‘tengo confianza’, ‘me hace bien las cosas’, ‘tiene experiencia’. O pseudosociales como ‘es una empresa local’, ‘una entidad sin ánimo de lucro’, afinidades de todo tipo, favores...».