No a la hipocresía del Gobierno Vasco

Este 1 de diciembre el Parlamento de Gasteiz ha aprobado la Ley de Empleo Público del Gobierno Vasco. Ningún sindicato ha apoyado esta ley por su carácter mercantilista y privatizador. Una vez más, PP, PSOE y PNV cierran filas imposibilitando la participación efectiva de los agentes directamente implicados.Tienen un objetivo claro: imponer su modelo excluyente y elitista.

Desde LAB hemos denunciado varias cuestiones que aquí no vamos a repetir: privatización, perpetuación de los recortes, desestabilización del empleo, sumisión a Madrid e imposición; tal y como señalamos en la movilización celebrada el mismo 1 ante el Parlamento. Nos detendremos en algunos elementos que se introducen en relación con el acceso al empleo público de las personas nacionales de otros Estados (art.72).

En este sentido, esta ley establece como novedad la posibilidad de «eximir del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario en determinados sectores de actividad de las administraciones públicas vascas». Haciendo referencia a lo que en el texto se denomina como «necesidades objetivas», los ámbitos y sectores indicados son tres: sistemas y tecnologías de información y de las comunicaciones, personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza, y plazas de la Ertzaintza y de la policía local que requieran para su conocimiento de las lenguas y de la cultura de aquellos sectores de inmigración especialmente implantados en el territorio.

Podríamos preguntar, ¿por qué es más importante priorizar la contratación de policías que la de cuidadoras (trabajadoras de las residencias, del servicio de ayuda a domicilio, de hogar y de cuidados)? O solicitar que nos expliquen qué es eso de las necesidades objetivas. ¿Quién, desde dónde y bajos qué criterios se han decidido? No lo vamos a hacer, podemos sospechar las respuestas.

Una cosa destacable queda clara con esta ley. De eso queremos que se hable. Esta ley ha puesto en evidencia que cuando hay voluntad política, y según sus intereses, el Gobierno Vasco encuentra medios y competencias para sortear la Ley de Extranjería del Estado español.

Esto no es algo menor. Confirma algo que desde LAB decimos hace tiempo: en nuestra tierra es posible hacer posible lo que Madrid niega sistemáticamente. Pero nosotros y nosotras decimos claramente: «esta no es la manera». Porque es injusta y desigualitaria.

Las instituciones públicas deberían ser un ejemplo. Desgraciadamente, en algunos sectores subcontratados y externalizados por la administración la situación es lamentable. Predomina la parcialidad, la precarización y la temporalidad, y son muchas las personas trabajadoras migradas y racializadas empleadas en ellos. El Gobierno Vasco, una vez más, mira para otro lado. Las personas trabajadoras migradas y racializadas NO son piezas que se mueven en función de los intereses de la patronal y de la élite política. Son sujetas portadoras de derechos que están realizando una labor fundamental en el territorio vasco. El Gobierno Vasco debería dar ejemplo en esto.

Más que una regularización por mercado e interesada, exigimos leyes y procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades y derechos para todas. Para LAB se trata de reconocimiento, reparación y justicia.