GARA Euskal Herriko egunkaria

Las protestas siguen en un Perú bajo estado de emergencia en todo el país

A pesar de que el Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia a todo el país durante treinta días, las protestas que exigen liberar al destituido Pedro Castillo y convocar elecciones continúan en Perú. Castillo denunció vulneración de derechos en la audiencia que decidió sobre la extensión de su prisión provisional.

Policías rodean una marcha a favor de Pedro Castillo en Arequipa. (Diego RAMOS | AFP)

Las protestas que exigen liberar al destituido Pedro Castillo y convocar elecciones generales y una Asamblea Constituyente en Perú continuaron ayer en las provincias de Ayacucho, Cuzco, Cajamarca y Apurimac, a pesar de que el Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia a todo el país y de la represión que ha provocado ya la muerte de ocho personas.

Al menos setenta puntos de carreteras seguían cortados y en Ayacucho decenas de personas entraron hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto, que finalmente fue clausurado, al igual que los Arequipa, Cuzco, Juliaca y Andahuaylas.

También las comunidades indígenas ashaninka se sumaron ayer en Lima a las protestas de sindicatos, campesinos y organizaciones civiles bajo una fuerte presencia policial.

«El país está muy mal. Queremos adelantar las elecciones y sustituir a este Parlamento que no nos representa. Pedro Castillo todavía es mi presidente, lo destituyeron ilegalmente. Dina Boluarte no representa nada para el país», afirmó Irineo Sánchez, líder ashaninka.

Ante las protestas, el Gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia por 30 días en todo el país, suspendiendo los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales, una medida que ya estaba en vigor en varias provincias. Además, autorizó al Ejército a intervenir en puntos estratégicos del país, como aeropuertos, centrales hidroeléctricas y carreteras.

El primer ministro, Pedro Angulo, aseguró que será la Policía quien determine los límites a los derechos aplicados.

18 meses de prisión preventiva

Ni Castillo ni el ex primer ministro Aníbal Torres ni sus abogados se presentaron ayer a la audiencia en la que se decidió sobre la petición de 18 meses de prisión preventiva presentada por la Fiscalía. Los abogados alegaron que la audiencia no ofreció las mínimas garantías de los derechos del expresidente, que se negó a recibir la notificación del fiscal y fue defendido por un abogado de oficio. La Fiscalía defendió la detención durante año y medio por la acusación de los delitos de conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, que pueden acarrear entre 4 y 10 años de prisión, y aludió a un eventual «peligro de fuga».

Por su parte, Castillo reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por sus derechos y responsabilizó a los jueces y fiscales «de lo que pase en el país».

Lima llama a los embajadores de países que apoyan a Castillo

La ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, llamará a consultas a los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México, cuyos Gobiernos expresaron su apoyo a Pedro Castillo, recociéndolo como presidente y denunciando el «hostigamiento antidemocrático» que sufrió su Gobierno. Gervasi criticó la «intromisión de las más altas autoridades» de estos países por la carta conjunta que cuestionó la destitución de Castillo. También llamó al encargado de negocios en Venezuela por el mismo motivo. Honduras y Cuba también compartieron esta postura, a diferencia de Chile que, según Gervasi, mostró su respaldo a Dina Boluarte. También dijo haber recibido apoyo de sus homólogos de Uruguay, Ecuador y Costa Rica, que se suma a los de Canadá y EEUU. GARA