Pulso constituyente vasco para hacer frente a las crisis constitucionales de los estados

En cualquier país, la injerencia de poderes judiciales ilegítimos en la acción legislativa democrática es un escándalo de primer orden. En el Estado español, el bloqueo del poder judicial por parte de la derecha -que pierda o gane en los comicios considera que las estructuras de poder estatales son patrimonio suyo-, pervierte el funcionamiento democrático. El límite roto ahora, con el Tribunal Constitucional irrumpiendo en el funcionamiento de las Cortes Generales, acelera la deriva autoritaria.

Los tímidos intentos del Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la situación se han topado con una rebelión judicial concertada con las fuerzas de derechas. Los reaccionarios buscan retrasar los cambios y, en última instancia, perpetuar el desfase de poder que ostentan los jueces que han nombrado ellos. Es obsceno verles maniobrando para retener el poder a pesar de que su mandato ha expirado.

Lo que ha sucedido esta semana es lo suficientemente grave como para no tener que cargar más las palabras. Aunque suene lejano, en países con tradición autoritaria los golpes de Estado siempre son escenarios posibles, también en Europa. Quizás sea mejor dejar ese término para casos en los que concurra violencia. Golpe judicial lo explica todo y es suficientemente grave de por sí. La instrumentalización de la Justicia o la judicialización de la política -según se mire, ambas cosas han sucedido en el Estado español-, es una tendencia global que en cada lugar adquiere formas culturales propias.

Señales de agotamiento de una fase

En el contexto de la represión contra la ciudadanía catalana en 2017, cerca de 200 académicos, intelectuales y varios electos europeos firmaron una carta abierta dirigida a las autoridades europeas expresando su preocupación por la violencia y por la deriva autoritaria del Gobierno del PP.

Los y las expertas rememoraban cómo las autoridades europeas habían puesto pie en pared frente a la perversión del Estado de Derecho en los casos de Hungría y Polonia. Les demandaban que hiciesen lo propio en el caso español, defendiendo la democracia y los derechos civiles y políticos de la ciudadanía europea. Eso no sucedió, pero el manifiesto sirvió de alarma y enmarcó el problema español. Sin quererlo, sus poderes lo confirman periódicamente.

Algunos demócratas españoles pueden haber entendido que el argumento de la Transición modélica se ha agotado a nivel internacional, que los escándalos de los Borbones, la corrupción del sistema y el negacionismo frente a sus problemas estructurales les penalizan. El régimen del 78 no da para más, ni para ellos. A lo mejor han comprendido que seguir pervirtiendo los procedimientos del Estado de Derecho para socavar la democracia real acabará debilitando su posición unionista a la vez que alimenta a una derecha cada vez más montaraz.

Un constante pulso constituyente

Mientras tanto, a la lucha por la emancipación vasca le conviene mantener una parte social y cultural, popular, y a su vez debe institucionalizarse y conformarse como un poder político y económico. La construcción de estructuras de Estado aumentará la capacidad para combatir crisis y golpes de todo tipo.

Ante la permanente crisis constitucional española y la decadencia institucional francesa, el independentismo vasco tiene que tener de fondo, como si de una banda sonora se tratara, una voluntad constituyente constante, enfocada al país y a su ciudadanía. Junto con la acción política diaria y las prioridades obvias, debe saber proyectar las ambiciones comunitarias, los intereses generales, unas estrategias consensuadas y unos liderazgos compartidos.