Boluarte, cada vez más cuestionada fuera de Perú y en el seno del Gobierno

La represión de las protestas en Perú, en las que han muerto ya 49 personas, han aumentando los recelos hacia la presidenta, Dina Boluarte. En su propio Gobierno, el ministro de Trabajo marcó distancias con su dimisión. En el exterior, a las críticas directas de varios ejecutivos se han sumado avisos desde Chile y EEUU.

La dimisión «irrevocable» del ministro de Trabajo de Perú, Eduardo García Birimisa, tras las 49 muertes en las protestas que reclaman elecciones y la libertad del destituido Pedro Castillo, muestra la debilidad del Gobierno de Dina Boluarte, cuestionada en la calle y ahora también desde el propio Ejecutivo.

«La atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran», señaló el ya exministro, que reclamó al Gobierno que «pida disculpas a la población y que reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita». Añadió que la situación actual merece un cambio de rostros en la dirección del país, así como un adelanto de elecciones «que no puede ya esperar hasta abril del 2024», haciéndose eco de una de las principales reclamaciones de los manifestantes.

En opinión de García Birimisa, la no convocatoria de comicios genera un desgaste que, en su caso, le inhabilita para poner en práctica sus objetivos sobre derechos laborales y diálogo social. A la vez, criticó la polarización en el Congreso que impide aprobar reformas políticas de fondo.

Recelo en el exterior

No es el único que marca distancias con Boluarte, cada vez más cuestionada, y a la que, más que por un programa político, el Congreso eligió como alternativa para destituir a Castillo. Es en el Legislativo, polarizado y dominado por la derecha, donde se marca la agenda. También en el exterior se ve con recelo el rumbo de Perú. La destitución de Castillo ya provocó el rechazo de los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y Alberto Fernández (Argentina). Especialmente grave es el choque con México, cuyo embajador fue expulsado, y con Bolivia, tras decretar que se impida la entrada al exmandatario Evo Morales.

Pero los 49 muertos en las protestas han generado críticas de otros países, cuyos dirigentes también lanzan avisos a la presidenta peruana.

Boluarte ha recibido esta semana sendas llamadas de atención desde Chile y EEUU. Washington pidió que se reduzca «al mínimo el uso de la fuerza» y respaldó la investigación sobre la represión, y Chile reclamó a las autoridades peruanas que garanticen los derechos fundamentales y hagan un «uso proporcionado de la fuerza».

Boluarte evita intervenciones públicas aunque la Presidencia difundió declaraciones en las que sostuvo que su Gobierno promueve un diálogo nacional «por la paz social, la reconciliación, el crecimiento económico y el desarrollo, que incluye a todos los sectores, sin exclusiones». El primer ministro, Alberto Otálora, aseguró que Boluarte no va a dimitir porque «sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno».

Continúan los bloqueos y manifestaciones

Con ataúdes en señal de luto por los fallecidos, otra marcha de protesta exigió en Lima la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y del primer ministro, Alberto Otárola, por los 49 muertos en un mes de protestas. Pintadas con lemas como «Dina asesina», «Congreso asesino» y «Ni un muerto más», aparecieron en varios lugares de la ruta. Aunque hubo detenciones y la Policía impidió que llegaran al Parlamento, no llegó a actuar con la violencia de Cuzco, donde los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto. En la misma región, la multinacional Glencore evacuó a 2.400 trabajadores de sus minas de cobre cuando los manifestantes entraron en las instalaciones. Los bloqueos continúan en varias regiones mientras el Gobierno intenta desactivarlas con detenciones como la de tres líderes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho.GARA